¿Soberanía digital?

La ANT vigila además que los propietarios cumplan la función social y ecológica de la propiedad (artículo 58 de la Constitución Política). La primera es la obligación del propietario de producir riqueza para sí mismo y para la sociedad, sin afectar los recursos naturales ni causar daños ambientales —dejar sin agua a los vecinos, por ejemplo—, en cumplimiento de la función ecológica. Dicha función de control proviene de potestades que le permiten a la entidad declarar la extinción del dominio de la propiedad por incumplimiento de la función social y ecológica. La legalidad de esta sanción es controlada por un juez, en garantía del ciudadano.

Las fincas extinguidas forman parte del Fondo de Tierras, que se nutre de la recuperación de baldíos apropiados indebidamente por particulares; de la expropiación, previa indemnización, cuando se declaran razones de interés social que imponen al Estado intervenir para la distribución equitativa del recurso finito de la tierra y su redistribución entre campesinos dispuestos a explotarla.

Junto con estas potestades, el Estado, en virtud del mandato constitucional emanado del artículo 65, está obligado a brindar protección especial a la producción de alimentos, con lo cual el acceso a la tierra de los campesinos implica también el fomento de su economía. Dicho lo anterior, hay que decir que, conforme a la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, campesino es aquel que se dedica a la producción rural a pequeña escala, a diferencia de otras economías empresariales, como puede ser la agroindustria.

Corresponde al Estado el ordenamiento del territorio para velar por la distribución equitativa de los recursos naturales, especialmente del agua, la tierra y los bosques que los protegen. Todas estas misiones conforman lo que se llama administración o gestión de tierras, tareas principalmente a cargo de la ANT y de las autoridades ambientales.

Pues bien, en el editorial de El Espectador del pasado 20 de septiembre se aborda la inteligencia artificial (IA) y los riesgos que puede conllevar; se dice, además, que sus principales líderes son estadounidenses y que también la humanidad se verá afectada porque "Todo se está decidiendo entre Silicon Valley y el régimen autoritario chino". En el documento que realicé se propone implementar herramientas tecnológicas con las cuales se podría reducir la brecha de informalidad de la propiedad (el 52 % de los predios carecen de título), detectar núcleos de acaparamiento de tierras ociosas que incumplen la función social o identificar núcleos de deforestación; en fin, mostrar cómo las tecnologías permiten administrar los territorios mediante drones con IA que recogen información para la toma de decisiones.

Surgió la principal objeción: ¿Entregaremos soberanía digital a líderes estadounidenses o a chinos?