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El jaguar necesita territorio, la nutria gigante, un río con orillas, y el águila arpía, un árbol grande donde anidar. Los tres pierden su hábitat a medida que la deforestación avanza en la Amazonía. En septiembre salieron en la prensa por un comunicado de Greenpeace Colombia. Tienen quien los defienda. Falta quien responda por lo que los desplaza.
El Ideam, que mide el bosque desde el cielo, habla de acaparamiento de tierras, ganadería extensiva y vías sin planificación. Traducido, alguien tumba monte para quedarse con el terreno, siembra pasto donde crecía selva y abre camino para llegar a lo que ya considera suyo. En 2025, la Amazonía concentró el 65 % de la deforestación del país. En el primer trimestre de 2026, las alertas tempranas del Ideam estimaron una deforestación de 37.660 hectáreas en la región, un 40 % más que en el mismo período de 2025.
Ese aumento se produjo antes de que Abelardo de la Espriella se posesionara el 7 de agosto. Heredó el problema. No responde por haberlo causado, pero sí por lo que haga con él. El gobierno anterior tampoco lo detuvo, pues la cifra nacional subió en 2024 y 2025. El plan ABC del nuevo presidente pone la deforestación del lado de la seguridad y promete alertas satelitales. Hace falta Estado donde manda el crimen, nadie lo niega. Pero las alertas ya llegan cada trimestre, y un operativo no averigua de qué finca salió la res que hoy rumia sobre lo que fue selva.
Para averiguarlo existe la Ley 2585 de 2026, que dispone cruzar lo que el ICA sabe de cada res, el catastro de cada predio y lo que registra el Ideam de cada hectárea talada. Está escrita, sancionada y, por ahora, muda. Le da al Gobierno seis meses para definir las rutas de financiación, y la propia ley menciona los recursos del Fondo para la Vida asignados al control de la deforestación. Con recursos de ese fondo, según el propio Ideam, se reactivó la compra de imágenes satelitales de alta resolución para vigilar el bosque. El ministro Fabio Arjona anunció que busca ampliar la exención del impuesto al carbono para impulsar el mercado de bonos, una medida que podría reducir los ingresos del fondo. Si el fondo se achica, falta ver con qué se pagan las alertas y la trazabilidad.
Hay forma de saber si el Gobierno va en serio. La ley ordena al ICA declarar, con la recomendación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, Zonas de Alta Vigilancia ganadera en los núcleos activos de deforestación. Basta mirar dos hechos: que las rutas de financiación estén definidas a final de año y que aparezca la primera de esas zonas. Si ninguno de los dos se concreta, la trazabilidad quedará en el papel y la deforestación seguirá al ritmo que ya trae.
¿Cuántas hectáreas más hacen falta para que el Gobierno no deje vencer los plazos de la ley?
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