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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a las observaciones que realizan la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como la embajada de Estados Unidos en Colombia sobre el estatuto antiterrorista y ley de sometimiento que presentará el Ejecutivo ante el Congreso en los últimos días. Según el jefe de cartera, "no es una revisión. Son comentarios para mejorar el texto".
El Espectador adelantó que tanto el proyecto de ley de sometimiento como el estatuto antiterrorista están bajo revisión tanto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) como de la misma embajada de Estados Unidos en Colombia. Los acercamientos con ambas entidades los han liderado tanto el canciller Omar Bula como los ministros encargados de esos articulados y la embajadora de Colombia en Washington D. C., María Consuelo Araújo.
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Además, esos mismos proyectos contemplan una comunicación continua con esas oficinas para el combate de grupos criminales y se menciona el combate del crimen organizado con ayuda internacional. Por allí pasa, por ejemplo, la adhesión de Colombia a la estrategia del Escudo de las Américas del presidente estadounidense, Donald Trump.
Tras presentarse esta información, el ministro Lara señaló que más allá de una revisión, se trata de una serie de comentarios para "mejorar el texto". Desde su cuenta de X, el jefe de cartera aseguró: "No es una revisión. Son comentarios para mejorar el texto, aprovechando la experiencia de EEUU y ONU en el diseño de sistemas de listas de organizaciones terroristas".
La intención principal de ese articulado es la de definir bajo qué parámetros se dará el combate contra las estructuras criminales y por eso es que uno de los puntos es la creación de una lista para los grupos armados ilegales: todos entrarían bajo la categoría de "terroristas". En el documento del estatuto antiterrorista se establece que cualquier tipo de determinación que tome el presidente bajo este articulado sería únicamente revisada por el Consejo de Estado.
Previamente, el ministro de Justicia ya había emitido un decreto con el que definía qué actuaciones u omisiones del mandatario en ejercicio de sus funciones debían llegar por reparto, en primera instancia, a ese mismo alto tribunal. Otro de los puntos será que a los integrantes de estos grupos se les incluiría un agravante para la pena. Es decir, más allá de los crímenes de los que sean declarados culpables, se les sumará otra medida extra por haber sido parte de una estructura criminal.
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