Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con la actual presidencia sobre la mano dura en materia de seguridad, hay que reconocerle a De la Espriella que es coherente entre lo que propuso en campaña y los anuncios de su gestión.
Precisamente, uno de sus focos fue el de la protesta social, en el que suma el ingreso de la fuerza pública a las universidades, por lo que es importante tener claridad jurídica para evitar caer en el argumento inocuo sobre que el Presidente está actuando con ilegalidad o que la Constitución Política no lo permite.
Lo primero para aclarar es que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia habla de la “autonomía universitaria” como un eje fundamental para la gobernanza y la gobernabilidad de las universidades; en ese concepto entran sus políticas, asambleas, acciones y administración tanto de los cuerpos colegiados educativos como de las maneras de cuidado y autocuidado al interior.
Sin embargo, la Corte ha señalado, especialmente desde el año 2015, que las universidades no están por fuera del marco regulatorio del país, por lo que la autonomía universitaria no suple ni tiene alcances en materia de orden público, seguridad ciudadana o funciones de policía.
Esta claridad es fundamental para evitar caer en argumentos como que no es legal o posible que la fuerza pública ingrese a las universidades, a pesar de las situaciones complejas que se vivieron contra los estudiantes y movimientos juveniles entre los años 40 y 70 en todo el continente.
Para el caso colombiano, guste o no, las fuerzas podrían entrar siempre y cuando se tenga claro el marco jurídico y el procedimiento de la ley 1801; allí se establece que el ingreso a cualquier predio debe hacerse con una orden de allanamiento o, en el caso extremo de una emergencia, en la cual al interior de ese inmueble esté en riesgo la vida de una persona, se esté cometiendo un delito en flagrancia o las condiciones de inteligencia e investigación determinen la urgencia del ingreso para una actividad específica contra un delito.
La Corte ha señalado que, en los eventuales casos de ingreso de la fuerza pública a las universidades, será un juez de control de garantías el que determine si las condiciones, pruebas y procesos, así como el soporte de todo, estuvieron en regla o, por el contrario, no se cumplió con el protocolo exacto para el procedimiento; de ser así, deberán responder disciplinariamente tanto quien dio la orden como quienes realizaron el proceso.
Un escenario distinto sería que la inteligencia e investigación de la Policía determinara con exactitud, en el marco de una noticia criminal y con los soportes y pruebas contundentes, que al interior de la universidad, por ejemplo, hay un acto de terrorismo, pero no presunto, sino fáctico, o cualquier otro incidente tipificado en el Código Penal.
Todo esto ya ha pasado; recordemos aquellos rectores y docentes que han sido sacados de universidades esposados por diferentes delitos como abuso sexual o corrupción.
-
REFLEXIONE(94518)•10 de octubre de 2026 – 07:05El ingreso de la fuerza pública a las universidades para contrarrestar actos ilícitos, NO DESVIRTÚA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, ya que no transforma proyectos educativos, pensum, currículos, metodologías, didácticas, modelos pedagógicos, autonomía docente, y demás elementos pedagógicos, POR EL CONTRARIO PERMITE SU PLENA APLICACIÓN, estar en desacuerdo es demostrar que se están allí gestando actos y líderes terroristas