La vivienda es un derecho antes que mercancía

Dos semanas antes de morir, Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada por la policía del apartamento en el barrio Retiro en Madrid, capital de España. Abascal recibía una pensión de 1.300 euros y por el arriendo pagaba, al mes, 500 euros más los costos de servicios públicos. Se trata de un monto muy inferior al promedio del precio de mercado de la zona, que provenía de un contrato que su padre había firmado por ese lugar en 1956, fue subrogado a su madre y, después, a ella. En 2018, la inmobiliaria Urbagestión compró el edificio y le exigió a Maricarmen por el arriendo un monto que para ella era impagable: primero, pidió 2.650 euros, que luego bajaron a 1.650. El caso llegó a un tribunal que consideró que Maricarmen no podía heredar más veces un contrato de hace 70 años y falló a favor de la inmobiliaria, que la expulsó para arrendar más caro. Se cumplió la ley, operó el libre mercado. ¿Y la dignidad humana? ¿Y el derecho a la vivienda consagrado en la constitución de ese país? Esos cuestionamientos han hecho miles de personas que, a raíz de este caso, salieron a las calles en protesta y solidaridad.

El caso de Maricarmen ilustra un problema de gran escala en España y en muchas ciudades del mundo. Hay crisis de vivienda. En España es el resultado de una tormenta perfecta: tras el colapso de la burbuja inmobiliaria de 2008, la construcción de pisos se desplomó a niveles mínimos mientras el tamaño de la población y la migración crecían aceleradamente, lo que hoy resulta en un déficit de más de 700.000 viviendas. A esta escasez estructural se suma la desviación de miles de inmuebles hacia el alquiler turístico o de temporada y la falta de vivienda pública, un desajuste entre oferta y demanda que ha disparado los precios del alquiler un 80 % y hasta 100 % en la última década frente a salarios prácticamente estancados. Como consecuencia, la clase media y los más vulnerables son expulsados del mercado residencial.

La empresa Urbagestión, que salió triunfadora en la disputa legal con Maricarmen, representa el modus operandi común en pudientes minorías que en todo el mundo sacan provecho de la especulación inmobiliaria. Surgió en octubre de 2005, cuando en España estaba en auge una burbuja inmobiliaria. En sus propias palabras, su actividad consiste en valorizar edificios baratos tras comprarlos, desalojar a los inquilinos y hacer remodelaciones. Es la misma práctica de los conocidos como ‘fondos buitre’, que se hicieron comunes tras la crisis económica de 2008. En nombre del libre mercado, el Estado ha hecho poco para defender a la ciudadanía de estas prácticas.

Ante el escándalo y la presión mediática del caso de Maricarmen, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez emitió una serie de decretos de emergencia que congelan los precios de arriendo y restringen los desalojos. Pero la iniciativa fracasó en el parlamento. El voto en contra del partido Junts per Catalunya, independentista, fue decisivo. Argumentó que los decretos eran incompatibles con la protección del pequeño propietario y la autonomía de Cataluña donde, según datos del Consejo General del Poder Judicial, ocurrieron la mayoría de los desahucios del total de 25.000 que tuvieron lugar en 2025. Como resultado, se disolvió el parlamento y Sánchez convocó elecciones generales para noviembre.

Lo ocurrido en España puede ser premonitorio de algo que eventualmente ocurra en Colombia, donde el mercado de vivienda se ha comportado de manera similar. La empatía que despertó el caso de Maricarmen debe recordarnos que el mercado no puede estar por encima de la dignidad.

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