Un apagón no tiene apellido

En los últimos días se ha instalado una explicación aparentemente sencilla para un problema muy complejo: si Colombia enfrenta un apagón durante El Niño de 2026–2027, sería “el apagón de Petro”. La frase puede servir como instrumento de confrontación política, pero como explicación a la realidad del sistema energético colombiano es difícil de sostener. Para entender la actual situación del sistema energético hay que mirar varios años atrás. Colombia construyó durante décadas un sistema eléctrico basado fundamentalmente en la hidroelectricidad, complementada con generación térmica para enfrentar los períodos de baja hidrología. El modelo funcionó durante años, pero dejó una vulnerabilidad evidente: una parte sustancial de nuestra seguridad eléctrica depende de que llueva.

Eso es especialmente crítico en un país altamente vulnerable al cambio climático, como lo es Colombia. Además, nuestro plan de respaldo (la energía térmica) tampoco está libre de riesgos, pues una parte importante de la generación térmica depende del gas natural, cuyas reservas han caído aproximadamente 70 % desde 2012, fenómeno anterior a Petro y producto de la realidad geológica. Como producto de lo anterior y de dificultad de conseguir financiamiento, cerrar contratos del combustible que usan las plantas térmicas se ha vuelto cada vez más difícil, al punto de que tan solo un promedio de 96 MW/año de proyectos de esta tecnología ha entrado en operación en los últimos 15 años, lo que ha alcanzado para atender tan solo el 1% del crecimiento de la demanda. Tenemos, entonces, una doble vulnerabilidad: dependencia del agua y un combustible de respaldo cuyas reservas llevan más de una década disminuyendo, y para el cual es difícil conseguir financiación.

A esto se suma una variable que suele desaparecer del debate político: el tiempo. Una central hidroeléctrica, una planta térmica o una línea de transmisión requieren financiación, terrenos, ingeniería, licenciamiento, permisos, construcción, importación de equipos y conexión. Son proyectos intensivos en capital y de gran complejidad. Un proyecto grande puede tardar fácilmente una década desde su concepción hasta su entrada en operación.

Por esta misma dinámica de largo plazo, la energía firme para enfrentar una sequía en el 2026 tuvo que haberse subastado como máximo en el 2021 o antes. ¿Por qué? Acá lo explico.

Nuestro sistema ha creado algo que se llama el Cargo por Confiabilidad para promover las inversiones en el sector y para protegernos ante sequías. Desde su creación en el 2006, los colombianos hemos pagado más de 90 billones de este “seguro” energético. ¿Cómo opera el Cargo por Confiabilidad? Por subastas. Las obligaciones para entregar dicha energía han sido normalmente cinco años después de realizada la subasta. Colombia ha realizado en total cinco y dos de ellas fueron precisamente durante el gobierno Petro. Durante el 2012 y 2018 no hubo ninguna subasta, pues el país estaba confiando con que la entrada del proyecto Hidroituango generaría un colchón suficiente en la generación de energía.

Hidroituango es otra piedra angular para entender la estrechez de energía que estamos viviendo. Durante años se esperaba que aportara aproximadamente el 17 % de la energía eléctrica del país. El desastre ocurrido en 2018 acabó con este potencial. La reacción fue hacer una nueva subasta del Cargo de Confiabilidad en 2019, en la que se adjudicaron, entre otros proyectos, plantas eólicas en La Guajira con un cronograma de entrada muy corto, sin infraestructura eléctrica a la cual se pudieran conectar y sin contarle al pueblo Wayúu. Así es difícil que un proyecto se ponga en marcha.

La diversificación de la matriz eléctrica hacia las energías renovables también llegó tarde. La Ley 1715 para promover renovables no convencionales (solar, eólica, geotermia, etc.) fue expedida en 2014, pero en 2022 apenas logramos generar un 0,65 % de la electricidad consumida a través de generación solar. Hoy estamos cerca del 9 %. Es un salto importante (pues la energía solar no depende de la geología, de las lluvias o de las tensiones geopolíticas). Pero nos falta avanzar mucho más en renovables.

Con estos argumentos, quisiera poner en evidencia que el eventual apagón no tiene el apellido de Petro: es el resultado de dinámicas que llevan años, que involucran a varios sectores económicos, que han resultado de decisiones de varios gobiernos, y que es necesario comprender en su conjunto. Una crisis energética se cocina lento y por décadas. Hay que ver el bosque completo para no caer en simplificaciones por pasiones u odios políticos.

En todo caso, ante la certeza de El Niño y la escasez de agua, la pregunta que debemos hacernos no es “¿de quién es la culpa del apagón?”, sino “¿qué debemos hacer para corregir el rumbo del sector energético?”.

*Adrián Correa es doctor en Energía y Procesos y ex director de la UPME.