No es una protesta, es una oportunidad de mejora

El nuevo decreto para regular la protesta social “pacífica” pareciera una clase magistral de lenguaje corporativo. Empecemos por “regular la protesta”. Aunque fue una exigencia de la Corte Suprema a raíz de los abusos policiales durante el estallido social, que empezó en 2019, suena a chiste: según el Diccionario de la lengua española, protestar es “expresar, generalmente con vehemencia, su queja o disconformidad”. Quien sale a la calle a protestar no sale feliz ni tranquilo, sino con indignación, con rabia. Regular eso parece un manual de manejo de las emociones.

Y aunque la Constitución ya protege solo la protesta pacífica, el problema es quién decide cuándo deja de serlo. Con este decreto, una protesta sin un solo acto violento puede perder sus garantías por sus efectos: porque no pasó una ambulancia o porque no se pudo mantener un corredor. Hay que protestar “portándose bien”, sin incomodar demasiado, es decir, sin protestar. Un decreto que surgió para evitar que la fuerza pública se excediera terminó convertido en un manual de buen comportamiento para los manifestantes, al estilo de Carreño. Quienes no cumplan la etiqueta serán unos violentos y, dentro de poco, “terroristas urbanos”, la expresión que ya usa el presidente.

El Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero debe usarla de forma excepcional y proporcional. El decreto prefiere hablar de “actuaciones de protección” y de niveles que culminan en el “restablecimiento del orden”: otro ejemplo de lenguaje polite. Lo que sorprende es que en algunos casos se puede saltar el diálogo y pasar de una vez al nivel 4, según la evaluación de las mismas autoridades cuya actuación la Corte pidió regular. Es como cuando una empresa no dice “estás despedido” sino “hay una reestructuración”. Se busca maquillar algo de por sí inconstitucional: restringir por decreto un derecho que, según la Constitución, solo la ley puede limitar. Por los laditos, sin que se note mucho.

Otro ejemplo son los “corredores solidarios”. La Constitución habla de “acciones humanitarias”, pero el decreto escogió otra palabra. ¿El problema? Que la solidaridad es un deber de la persona, así que, aunque el decreto jure que el corredor es obligación de las autoridades, si por él no pasa lo que tiene que pasar, estás incumpliendo tu deber. ¿Y la sanción? Dar por agotado el diálogo e intervenir la protesta. Y el corredor no se limita a casos de vida o muerte: incluye personas mayores, con discapacidad, gestantes, menores de edad y hasta alimentos perecederos. Difícil saber cuándo se cumple.

Y está la “ocupación prolongada de accesos a instalaciones productivas”: si unos trabajadores bloquean la entrada de su empresa para protestar, la afectación económica y la palabra del empleador sobre los empleos en riesgo se vuelven criterios para “graduar la respuesta institucional”, es decir, para decidir cuánta fuerza usar. Para los bloqueos de vías el decreto aclara que solo excepcionalmente se puede disolver una reunión; frente a las empresas, no: solo dice que la intervención la ordena el alcalde o el gobernador, sin exigir que antes se agote el diálogo. Y los gremios tendrán silla en las mesas de coordinación. La protesta laboral tiene serios problemas.

En fin, hemos llegado al final de este curso rápido de lenguaje corporativo para protestas sociales. Recuerden que la vida es bella y que el pobre es pobre porque quiere.