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Más de 22 reportes diarios de presunta violencia sexual contra menores de edad. Esa es la preocupante cifra que deja el balance de Bogotá entre enero de 2024 y marzo de 2026, periodo en el que la Secretaría Distrital de Salud registró 19.103 notificaciones de casos sospechosos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Los datos fueron expuestos durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, donde surgieron cuestionamientos sobre las medidas que adelanta la Administración distrital para prevenir estas violencias, especialmente en entornos como los hogares, colegios, jardines infantiles y espacios deportivos.
Según las cifras presentadas, cerca de tres de cada cuatro notificaciones corresponden a niñas y adolescentes mujeres. Solo durante 2025 se reportaron 7.721 casos sospechosos, de los cuales 3.810 involucraron a adolescentes. Es importante precisar que las cifras corresponden a notificaciones de sospecha registradas por el sector salud, no necesariamente a hechos confirmados judicialmente. Tampoco permiten establecer, por sí solas, cuántas víctimas diferentes hay, pues un mismo caso podría generar más de un registro.
Cuestionan las medidas de prevención en Bogotá
El debate puso sobre la mesa una pregunta: ¿qué está haciendo el Distrito para evitar que los menores sean víctimas de violencia sexual antes de que sea necesario activar las rutas de atención? El concejal Samir Bedoya Piraquive, del Partido MIRA, cuestionó que las estrategias institucionales se concentren en registrar y atender los casos, sin presentar resultados suficientes que permitan evaluar el alcance de las medidas preventivas.
“¿Qué estamos haciendo antes de que la violencia ocurra? Cuando una familia tiene que acudir a una institución de salud, denunciar o activar una ruta de atención, la violencia ya ocurrió. Bogotá necesita demostrar que está protegiendo a los niños antes de que sean víctimas”, señaló durante el debate. Entre los principales cuestionamientos aparece la necesidad de fortalecer la prevención en los lugares donde los menores pasan buena parte de su tiempo.
Esto incluye una mayor formación para docentes, familias y entrenadores sobre señales de alerta, límites personales y mecanismos para identificar situaciones de riesgo. También se planteó revisar los controles y procesos de verificación del personal que trabaja directamente con niños y adolescentes.
¿Qué pasa con el sistema para identificar los casos?
Otro de los puntos discutidos fue el avance del Reporte Único de Casos, contemplado en la Meta 2102 del Plan Distrital de Desarrollo. Esta herramienta busca mejorar el registro y la articulación de la información institucional relacionada con situaciones de violencia contra menores. Sin embargo, durante el debate se pidió precisar en qué etapa se encuentra su implementación, cuál es su cobertura y cuándo entrará plenamente en funcionamiento.
El cuestionamiento se centra en que la información recopilada no se limite a contabilizar las denuncias o notificaciones, sino que también permita identificar riesgos, facilitar la coordinación entre entidades y orientar las acciones preventivas. En ese sentido, se solicitó una mayor articulación entre las secretarías de Salud, Educación, Integración Social y Mujer, para fortalecer las estrategias de protección desde la primera infancia.
Piden resultados concretos frente a la violencia sexual infantil
Las cifras también abrieron interrogantes sobre los recursos destinados a la prevención y los mecanismos que utiliza el Distrito para medir su efectividad. Durante el debate se solicitaron cuatro elementos a la Administración: un balance de la inversión y los resultados de los programas preventivos; información sobre el funcionamiento del Reporte Único de Casos; datos de cobertura en colegios, hogares y otros espacios frecuentados por menores; e indicadores que permitan evaluar si las acciones contribuyen a reducir los riesgos.
La preocupación es que el número de talleres, capacitaciones o jornadas institucionales no permite determinar, por sí solo, si las estrategias están logrando prevenir nuevas situaciones de violencia. Por ahora, la información presentada no incluye una respuesta detallada de la Administración distrital a estos cuestionamientos ni un balance de los resultados alcanzados por sus programas de prevención.
El debate deja así dos asuntos pendientes: conocer qué medidas están en marcha para proteger a los menores y establecer, con resultados verificables, qué tan efectivas han sido frente a las situaciones de riesgo que enfrentan niños, niñas y adolescentes en Bogotá.
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