La ley del “me pasó a mí”

La discusión sobre el aborto ofrece un ejemplo de ese salto de la experiencia individual a una decisión colectiva. En la audiencia pública del 15 de octubre sobre la protección de la vida desde la fecundación, escuché varias intervenciones favorables a restringir el aborto que se apoyaron en testimonios personales. Otras, en defensa del derecho a decidir, lo abordaron como un asunto de salud pública y sustentaron sus argumentos en cifras y estudios. Esas experiencias merecen ser escuchadas, pero su fuerza emocional no permite concluir qué efectos tendría una restricción sobre mujeres con circunstancias distintas. Quien propone limitar ese derecho debe justificar la medida y responder por sus consecuencias para las mujeres de todo el país.

Este problema también aparece en el debate sobre seguridad. En agosto, después de denunciar un intento de hurto, Jorge Barón Jr. habló de una política de mano dura contra los habitantes de calle, a quienes describió como “sujetos despreciables que no aportan a nuestra sociedad”. Posteriormente sostuvo que no había querido generalizar. La experiencia de victimización y el miedo pueden alimentar la demanda de políticas punitivas. Defiendo una respuesta firme frente al delito y considero indispensable proteger a las víctimas. Precisamente por eso, las medidas de seguridad deben sustentarse en un diagnóstico del problema y en evidencia sobre su eficacia. Una experiencia individual no basta para atribuir peligrosidad a toda una población.

Ambos casos exigen examinar cómo una experiencia individual se convierte en argumento para una decisión pública. Un testimonio puede revelar un daño o advertir sobre una falla institucional. Determinar si ese caso refleja un problema más amplio y qué respuesta requiere obliga a contrastarlo con otras fuentes. La OCDE, en un informe de 2020 sobre el uso de evidencia para el buen gobierno, reconoce el valor de la investigación cualitativa y vincula la solidez de la evidencia con la calidad de los datos y los métodos utilizados. Lo decisivo es qué permite concluir esa información y dónde están sus límites.

Ese análisis también debe atender las preocupaciones que llevan a los ciudadanos a reclamar una respuesta del Estado. Un informe de 2019 del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea explica que “la emoción” y “la razón” intervienen conjuntamente en nuestras decisiones. También señala que recurrir a respuestas emocionales intensas, como la rabia o el miedo, debe justificarse con evidencia sólida. Tomar en serio esas preocupaciones implica evaluar si las medidas propuestas pueden resolver los problemas que las originan. El Estado debe explicar sus efectos y revisar las medidas cuando los resultados lo exijan.

La evidencia es indispensable, pero las decisiones públicas también requieren una justificación ética. El mismo informe señala que la ciencia puede aportar al debate sobre el aborto sin resolver por sí sola los desacuerdos sobre valores. La investigación permite examinar las consecuencias de las alternativas; quienes defienden una medida deben explicar cómo ponderan los derechos y los intereses involucrados. El deber de argumentar alcanza a todas las posiciones.

La coherencia exige aplicar el mismo examen a las medidas que respaldamos. Escoger únicamente las historias o los estudios que confirman nuestras convicciones reproduce el problema que criticamos. Evaluar una propuesta requiere considerar la evidencia que la cuestiona, reconocer incertidumbres y aceptar correcciones. La responsabilidad de gobernar incluye revisar las decisiones cuando aparecen razones fundadas para hacerlo.

El “me pasó a mí” no basta para justificar una política pública. Convertir una experiencia individual en una decisión del Estado exige contrastar lo narrado, estudiar el problema y evaluar las alternativas. Quienes vivirán con las consecuencias de esa decisión tienen derecho a exigir algo más que la certeza de quien la propone.