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Imagine que dentro de unos años una empresa pueda llevar su contabilidad, preparar sus estados financieros, calcular sus impuestos y presentar sus declaraciones de renta utilizando inteligencia artificial (IA). En realidad, no estamos tan lejos de ese escenario. Muchas de estas tareas ya pueden automatizarse. Entonces, ¿para qué necesitaremos contadores públicos?
La respuesta es sencilla: porque una cosa es producir información y otra muy distinta es garantizar que sea confiable, interpretarla y utilizarla para tomar buenas decisiones. Las empresas seguirán necesitando profesionales capaces de identificar riesgos, prevenir fraudes, evaluar inversiones, asegurar el cumplimiento normativo y generar confianza entre inversionistas, trabajadores, clientes y el Estado.
El problema es si estamos formando a esos profesionales.
En Colombia se gradúan anualmente cerca de 18.520 estudiantes de Contaduría Pública. Existen 1.359 programas, de los cuales 533 se ofrecen en modalidad virtual o a distancia. Sin embargo, apenas cuatro de estos últimos cuentan con acreditación de alta calidad, frente a 207 programas presenciales. Estas cifras plantean interrogantes sobre la calidad y pertinencia de una oferta educativa que deberá responder a transformaciones profundas del mercado laboral.
Tenemos, además, una dificultad particular: la formación contable está condicionada por una regulación que no evoluciona a la velocidad de las necesidades empresariales. La Ley 43 de 1990 regula el ejercicio profesional y la Resolución 3459 de 2003 establece los componentes que deben incluir los programas universitarios. Aunque esta última permite cierta flexibilidad, mantiene una estructura formativa definida hace más de dos décadas, antes de la expansión de la analítica de datos, la automatización y la IA generativa.
La regulación es indispensable para proteger la fe pública. Pero ¿debe implicar que todos los estudiantes recorran prácticamente la misma trayectoria académica, independientemente de sus intereses profesionales?
Canadá ofrece un contraste interesante. Allí, estudiar contabilidad en una universidad no significa convertirse automáticamente en un contador certificado. Quienes desean obtener una certificación profesional deben cumplir requisitos adicionales de formación, experiencia y evaluación de competencias. Esto permite diferenciar la formación universitaria de la habilitación profesional y facilita que los graduados construyan trayectorias en áreas como finanzas, tecnología, consultoría o estrategia empresarial.
En Colombia, en cambio, los programas universitarios conducen al título de Contador Público y están estructurados alrededor de las exigencias de una profesión regulada. Aunque para ejercer se requiere obtener la tarjeta profesional, todos los estudiantes reciben una formación orientada principalmente hacia ese mismo perfil. Sin embargo, no todos quieren dedicarse a la auditoría, la revisoría fiscal o las funciones relacionadas con la fe pública. ¿Por qué entonces exigirles prácticamente la misma formación, cuando las empresas necesitan perfiles profesionales cada vez más diversos?
Es necesario pasar de formar contadores que registran lo que ocurrió a formar contadores capaces de interpretar lo que ocurre, anticipar riesgos y contribuir a decidir qué hacer.
Esto exige fortalecer competencias en inteligencia artificial, analítica de datos, automatización, ciberseguridad, sostenibilidad, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Pero también desarrollar habilidades que adquieren mayor valor precisamente porque las máquinas pueden ejecutar muchas tareas técnicas: pensamiento crítico, criterio profesional, comunicación, sostenibilidad, liderazgo y ética.
Las universidades deben transformar no solo los contenidos, sino también la manera de enseñar y evaluar. No tiene sentido seguir dedicando tanto tiempo a procedimientos que una herramienta tecnológica puede resolver en segundos. Los estudiantes deberían enfrentar problemas empresariales reales, analizar información compleja, cuestionar resultados producidos por la IA y aprender a responder por sus decisiones.
Colombia necesita modernizar su regulación y abrir espacio a trayectorias de formación más flexibles, sin renunciar a los estándares que protegen la confianza pública.
La pregunta no es si la inteligencia artificial reemplazará a los contadores. La pregunta es si las universidades están preparando contadores públicos cuyo valor vaya mucho más allá de lo que puede hacer la inteligencia artificial.
*Luz Karime Abadía es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana.
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UJUD(9371)•Hace 1 horaQué buena información