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Transmilenio lleva casi dos meses sin un convenio vigente con la Policía Nacional para fortalecer la seguridad en estaciones y portales de Bogotá. Así quedó confirmado en una respuesta oficial a un derecho de petición divulgado por la concejal Diana Diago, quien cuestionó a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán por la demora en la formalización de un nuevo acuerdo.
Según el documento, el convenio anterior terminó el 22 de agosto de 2026 y, hasta el 16 de octubre, la empresa no había suscrito uno nuevo. Aunque la propuesta se encuentra en su etapa final de elaboración y revisión financiera, todavía no existe una fecha definida para su firma ni para el inicio de su ejecución.
Ante los cuestionamientos, Transmilenio aclaró que la ausencia del convenio no significa que el sistema se encuentre sin presencia policial, pues los uniformados continúan cumpliendo sus funciones de seguridad independientemente de este mecanismo administrativo.
¿Por qué no se ha firmado un nuevo convenio?
De acuerdo con la respuesta que enviaron a la cabildante, el último acuerdo estuvo vigente desde el 23 de septiembre de 2025 hasta el 22 de agosto de 2026, incluidas su adición y prórroga. Este contó con un presupuesto total de $12.000 millones, recursos que, según la información divulgada, fueron asignados y desembolsados para fortalecer las labores de seguridad en el sistema mediante el Comando de Transporte Masivo.
No obstante, casi dos meses después de su vencimiento, la empresa continúa adelantando los trámites necesarios para formalizar un nuevo convenio interadministrativo. “A la fecha, no se cuenta con una fecha exacta definida para la firma e inicio del convenio”, señaló Transmilenio en su respuesta del 16 de octubre. La entidad explicó que la propuesta se encuentra bajo revisión del área financiera y que, una vez culminen las validaciones correspondientes, se procederá con su firma.
Transmilenio aclara que el sistema no está sin policías
Tras la denuncia, la empresa emitió un pronunciamiento el 19 de octubre en el que precisó que la presencia de la Policía Nacional en el sistema no depende de la existencia de un convenio vigente. Según explicó, este servicio responde a las funciones establecidas en el artículo 218 de la Constitución Política, la Ley 62 de 1993 y la Ley 1801 de 2016.
En Bogotá, la vigilancia corresponde a la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), mientras que en Soacha está a cargo de la Policía Metropolitana de Soacha (MESOA). La empresa también señaló que el propósito del convenio es sumar recursos para fortalecer las labores de prevención, seguridad y convivencia, y no garantizar por primera vez un servicio que la institución policial ya presta.
En ese sentido, explicó que el nuevo acuerdo permitirá reforzar las capacidades existentes y que su revisión financiera constituye un paso necesario para asegurar el manejo adecuado de los recursos públicos. Sin embargo, el pronunciamiento no precisó cuántos uniformados se encuentran actualmente desplegados en el sistema ni cuándo comenzaría a ejecutarse el nuevo convenio.
La concejal Diana Diago calificó la situación como preocupante y cuestionó que la administración distrital no hubiera formalizado un nuevo acuerdo antes del vencimiento del anterior. “¿Qué está haciendo el alcalde Carlos Fernando Galán para garantizar la seguridad de los usuarios si Transmilenio no tiene un convenio vigente con la Policía? La seguridad de los bogotanos no puede quedar a la espera de trámites administrativos”, manifestó.
La cabildante también pidió a la gerencia de Transmilenio establecer un cronograma concreto para la firma del documento e informar qué medidas se están implementando para proteger a los pasajeros mientras se completa el proceso. “Los bogotanos necesitan respuestas y acciones concretas. No basta con decir que el convenio está en revisión”, agregó.
Las otras alertas sobre seguridad en Transmilenio
La denuncia se suma a otros cuestionamientos que Diago ha presentado durante 2026 sobre las condiciones de seguridad y la infraestructura del sistema. En agosto, la concejal advirtió que 722 de las 2.152 cámaras de seguridad de Transmilenio presentaban fallas, situación que, según señaló, podría afectar la vigilancia y la capacidad de reacción frente a hechos delictivos.
También denunció una reducción del 67,9 % en el número de policías asignados al sistema durante 2025, al pasar de 882 uniformados en enero a 283 en diciembre. A esto se suman los 12.223 hurtos que, de acuerdo con las cifras citadas por la cabildante, se registraron durante ese mismo año. En enero de 2026, además, había alertado sobre presuntos retrasos e incumplimientos en el contrato para instalar puertas anticolados en las estaciones.
Aunque estos datos corresponden a periodos anteriores al vencimiento del convenio, hacen parte de los antecedentes con los que la concejal sustenta sus cuestionamientos a la gestión de seguridad. Por ahora, Transmilenio insiste en que la presencia policial está garantizada por las funciones legales de la institución y que el convenio pendiente permitirá fortalecer ese servicio.
Así, mientras la empresa avanza en los trámites administrativos, siguen sin conocerse una fecha definitiva para la firma del acuerdo y el número de uniformados que actualmente prestan servicio en estaciones y portales, dos asuntos sobre los que la concejal reclama respuestas.
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