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Los ministerios de Ambiente, Salud y Vivienda, junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), definieron los controles para el manejo de escombros y otros residuos generados por causa del terremoto del pasado 10 de agosto. A traves de una Circular Conjunta, las entidades establecieron las orientaciones para su separación, transporte, registro y disposición de manera segura.
Uno de los principales lineamientos tiene que ver con la separación de los residuos de construcción y la demolición de los demás desechos, así como su clasificación según el tipo de material. Además, está prohibido que se depositen en rellenos sanitarios, vías, lotes, cauces, rondas hídricas, humedales, entre otros lugares no habilitados.
Con el fin de garantizar ese control, cada traslado se deberá registrar desde el punto de salida hasta su destino final, con las cantidades reportadas en unidades de peso, según la circular. “Esta trazabilidad permitirá documentar su recorrido y facilitar la vigilancia de su manejo”, comunicó el Minambiente.
En el caso de que las plantas o los sitios autorizados no tengan capacidad suficiente, de manera excepcional y temporal se podrán habilitar espacios para el acopio transitorio de los residuos. El ministerio acalaró, en todo caso, que dichos lugares deberán contar con un responsable, una capacidad máxima, mecanismos de seguimiento y un plan de cierre.
“Con esta nueva circular buscamos coordinar esfuerzos para prevenir brotes epidemiológicos, la proliferación de vectores y nuevas afectaciones ambientales”, afirmó el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Gustavo Guerrero. “Los escombros deben separarse de los demás residuos y llevarse a sitios habilitados, con registro de su traslado y destino. De ninguna manera pueden terminar en ríos, humedales, vías, ni rellenos sanitarios”.
El gobierno también estableció medidas para los residuos que representen un potencial riesgo para la salud y el ambiente. Por ejemplo, los aparatos eléctricos y electrónicos se tienen que separar desde el lugar donde se generan y entregarse a gestores autorizados. Del mismo modo, los materiales que puedan contener asbesto no deben romperse, cortarse ni triturarse, sino que recibirán un manejo especial como residuos peligrosos.
Estas medidas también aplican para los residuos generados en la prestación de servicios de salud, pues las sedes extramurales, transitorias o itinerantes tendrán que cumplir las disposiciones sanitarias vigentes, incluyendo el manejo seguro de elementos cortopunzantes y el almacenamiento temporal.
Así se priorizará la atención
De acuerdo con la circular, a la par de esta gestión de residuos, es necesario garantizar la continuidad del servicio público de aseo. Es por ello que los prestadores deberán activar sus Planes de Emergencia y Contingencia, ajustando sus rutas y frecuencias de recolección.
La atención, determinó el gobierno, se priorizará en los asentamientos, albergues y puntos con mayor acumulación de residuos en las zonas afectadas, además de los centros de salud, las estaciones de bomberos y Policía, los organismos de socorro y la infraestructura eléctrica y de comunicaciones. “Los usuarios deberán ser informados con antelación sobre los ajustes en la prestación del servicio”, apuntó el la cartera ambiental.
En cuanto a la seguridad alimentaria, las entidades establecieron que los alimentos que no sean aptos para el consumo humano no podrán donarse ni redistribuirse, con el fin de evitar que vuelvan a circular entre la población afectada. “Las orientaciones se aplican en los departamentos incluidos en la declaratoria de desastre nacional y deberán implementarse respetando las competencias de cada autoridad y las obligaciones de los generadores, gestores y demás participantes en la cadena de gestión de residuos”, destacó el Minambiente.
Cabe recordar que los departamentos incluidos por el gobierno en la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica fueron, en un principio Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. Luego, no obstante, con el decreto 1348 del 31 de agosto de 2026, se excluyó a Putumayo y se adicionaron Caquetá y Santander.
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