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El Gobierno espera cerrar su cuatrienio con un crecimiento de 6 % en PIB. Una meta que bien podría superar los confines de la palabra ambiciosa, más si se tiene en cuenta que se proyecta que acabemos este año alrededor de 2,4 % y cuando, típicamente, el país suele expandir su economía a un ritmo entre 3 % y 3,5 %.
“El terremoto puso a la reconstrucción en primer lugar del Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, según Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación, entidad que lidera la construcción del documento clave para encarnar y viabilizar el proyecto de gobierno de la administración De la Espriella.
A la par de un crecimiento de 6 %, Buitrago explicó, desde el Congreso Colombiano de la Construcción (organizado por Camacol), que, además de sumar crecimiento económico, la idea es reducir la pobreza hasta 20 % (actualmente se encuentra en 28 %).
Sin embargo, materializar estas metas en medio de un escenario de estrechez fiscal, que condiciona el margen de maniobra del Estado en términos de inversión (sin contar con las tensiones introducidas por el terremoto y el Niño), es una historia enteramente diferente.
Para lograr los resultados que se buscan, Buitrago habla -al igual que buena parte del resto de la administración De la Espriella- de reducir el tamaño del Estado.
Este es uno de los siete ejes sobre los que se está articulando el PND. En general, se trata de “modernizar la manera en la que funciona el Estado para ofrecer una gestión más ágil y cercana a las personas”, así como ejecutar una simplificación administrativa y de trámites.
Este último fin es un esfuerzo que está acompañando el vicepresidente, José Manuel Restrepo, que se encuentra adelantando mesas técnicas para priorizar los sectores en los que se requiere intervenir más prontamente para destrabar cuellos de botella en trámites y procesos.
Los sectores identificados son licencias ambientales, consultas previas, el ICA, la DIAN y la construcción. Este renglón, según Camacol, es en el que se intervendrá primero, pues “es que el que más le quita al PIB”, según Guillermo Herrera, presidente de Camacol, gremio detrás del Congreso Colombiano de la Construcción.
Además de la transformación (reducción) del Estado, el PND incluye los siguientes ejes:
- "Reconstrucción, transformación y resiliencia": centrado en la atención y retos derivados del terremoto del 10 de agosto.
- "Patriotismo constitucional": que, en pocas palabras, es la estrategia de seguridad y defensa, con integraciones con la política exterior y la diplomacia.
- "Milagro social": centrado en asuntos como salud, nutrición, vivienda y servicios públicos, entre otros.
- "Milagro económico": aquí se incluyen metas como la recuperación de la inversión (que lleva años registrando niveles bajos) y una especie de unicornio en política pública para el país, la transformación de una economía basada en la demanda interna, a una con mayor productividad, inversión privada y más integrada a cadenas logísticas mundiales.
- "Colombia desde las regiones": un punto íntimamente ligado al anterior, pues incluye la ejecución de macroproyectos regionales, que espera ejecutar casi COP 567 billones entre recursos públicos y privados; la mayoría centrada en vivienda e infraestructura (una receta clásica para impulsar el crecimiento económico).
- "Talento, conocimiento e innovación para el desarrollo": en palabras de Buitrago, “sin personal capacitado no podremos asumir la inversión que necesitamos”.
¿Cómo se construye un Plan Nacional de Desarrollo?
Esta es una tarea en la que el tiempo es una variable fundamental. En total, el proceso del PND toma unos 6 meses y su formulación comienza desde el mismo 7 de agosto, cuando entra en funciones el nuevo Gobierno.
Desde ese punto hay apenas 100 días para presentarlo al Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), que juega un papel determinante en todo el proceso de diseño del PND. En él tienen voz y voto todos los ministros, así como el director del DNP; la secretaría técnica del Conpes también descansa en el DNP.
Antes de llegar al Conpes, el documento del Plan debe haber pasado por un concepto del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal), que básicamente tiene que decir si el plan es viable desde el punto de vista de recursos; el Confis depende del Ministerio de Hacienda, pero en él también tiene asiento la cabeza del DNP, que en este caso es Julián Buitrago.
O sea que, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, el Plan debe haber recibido el visto bueno financiero, con las implicaciones fiscales que conlleva, y existir en forma de documento Conpes antes de pasar a ser revisado por el Consejo Nacional de Planeación, que se apoya para asuntos administrativos y logísticos en el DNP.
En este último plazo también se tienen que ir preparando los procesos de consulta previa, así como de diálogos regionales. La participación ciudadana en general está abierta desde la posesión del nuevo Gobierno y hasta la presentación del proyecto de ley al Congreso.
El Consejo Nacional de Planeación debe proferir concepto sobre el PND, máximo, el 10 de enero. Además de emitir su concepto y recomendaciones, el Consejo también se encarga de “organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la organización de reuniones nacionales y regionales con los Consejos Territoriales de Planeación”, según se lee en un documento del Departamento.
Entre el 10 de enero y, máximo, el 7 de febrero el Gobierno debe presentar el proyecto de ley del PND al Congreso para, después de los debidos debates, ahí sí comenzar a ejecutar la hoja de ruta del nuevo Gobierno. Todo el proceso legislativo no puede irse más allá de 90 días calendario, o sea, para el 7 de mayo, como mucho, debería estar aprobado el Plan.
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