Publicidad

Bloqueos en alojamientos Emberá de Bogotá: versiones cruzadas y poco avance en el diálogo

Integración Social señala diferencias por pedidos de contratación y ayudas, mientras un vocero cuestiona la actuación institucional. No hay acuerdos para restablecer todos los servicios.

Redacción Bogotá
Comunidad Indígena Embera realiza plan retorno a sus zonas de origen desde este lugar
Comunidad Indígena Embera realiza plan retorno a sus zonas de origen desde este lugar
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Las tensiones entre la comunidad Emberá y el Distrito hace rato dejaron de ser una novedad. Las condiciones de alojamiento, las denuncias por problemas de salubridad, los episodios de violencia y los desacuerdos sobre la prestación de servicios sociales han marcado una relación conflictiva, atravesada también por los reclamos indígenas frente a los compromisos de las autoridades nacionales y las condiciones en las que permanecen las familias desplazadas de sus territorios.

Esta semana, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación volvieron a alertar sobre las restricciones al ingreso de funcionarios a las Unidades de Protección Integral (UPI) La Rioja y La Florida, donde se alojan integrantes de la comunidad Emberá. Según el Distrito, los bloqueos comenzaron el 22 de julio en La Florida y el 19 de agosto en La Rioja, e impiden garantizar la atención integral de 120 niñas, niños y adolescentes.

La Administración señala que las restricciones afectan servicios como los jardines infantiles y Atrapasueños, una estrategia de acompañamiento psicosocial para menores víctimas o afectados por el conflicto armado. También advierte sobre dificultades para activar rutas de atención frente a violencias basadas en género y prevenir riesgos de convivencia e higiene. La comunidad, por su parte, cuestiona las actuaciones de algunos funcionarios y sostiene que la atención médica continúa en las instalaciones.

El desacuerdo va más allá del ingreso de los equipos distritales. Mientras la Secretaría afirma que algunos voceros condicionan el acceso a los servicios a la contratación de integrantes de la comunidad y a la entrega de ayudas, un representante Emberá señaló, en diálogo con El Espectador, que las restricciones responden a inconformidades con el manejo institucional y niega que esté exigiendo contratos. Entretanto, la atención disponible no llega de la misma manera a todos los menores y las partes no han concretado una mesa formal para resolver el conflicto.

Dos unidades, denuncias por presiones y un acuerdo que no prospera

Las restricciones actuales tienen antecedentes recientes. En septiembre de 2025, después del retorno de 1.468 personas Emberá a sus territorios en Risaralda y Chocó, Integración Social alertó, como ahora, sobre el riesgo de inseguridad alimentaria para 161 menores por bloqueos que limitaban su acceso a servicios infantiles y educativos. En febrero de 2026, el Distrito también denunció dificultades para ingresar a La Florida, que atribuyó a exigencias de contratación directa de integrantes de la comunidad.

En mayo de este año, durante el IV Congreso Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá, autoridades indígenas y el Distrito anunciaron acuerdos para fortalecer la protección de menores víctimas del conflicto armado y mejorar la atención diferencial. Sin embargo, las nuevas restricciones exponen las dificultades para sostener esa coordinación cuando surgen desacuerdos sobre la prestación de los servicios.

En respuesta a El Espectador, Integración Social afirmó que las solicitudes de contratación de algunos voceros han incluyen contratos directos, kits de aseo e insumos para ollas comunitarias. La entidad sostiene que algunos representantes condicionan el acceso de la población a los servicios sociales a la vinculación laboral de integrantes de la comunidad.

La Secretaría explica que en efecto ha contratado personas Emberá, pero que esas vinculaciones deben responder a las necesidades de cada programa y a la idoneidad requerida para trabajar con menores. También menciona el perfil de “sabedor”, que reconoce conocimientos propios de los pueblos étnicos sin exigir un título profesional y por el cual varias personas de la comunidad han tenido una oferta formal del Distrito.

Las UPI

La entidad distingue entre las dos UPI. En La Florida, identifica como principal exigencia la contratación directa en Atrapasueños y Centros Amar. En La Rioja, afirma que actualmente no hay solicitudes concretas de contratación y que las diferencias incluyen peticiones que considera particulares, como la entrega de insumos para ollas comunitarias. Por eso, no describe una misma causa para las restricciones en ambos alojamientos.

Sobre La Florida, recuerdan que a comienzos de 2026 se acordó promover la atención en el lugar y la asistencia de menores a jardines infantiles. En La Rioja, señala que en 2025 se acordó vincular a una persona de la comunidad para convocar a niños y niñas a Centros Amar, pero que el contrato terminó por conductas que la entidad, sin especificar cuáles, calificó como inaceptables.

La versión de la comunidad

Pedro Nel, vocero de la comunidad Emberá en La Rioja, ofreció una explicación distinta sobre la decisión de restringir el ingreso de funcionarios de la Alcaldía. Según dijo, fue una determinación colectiva motivada por el desacuerdo con funcionarios que, a su juicio, obtenían material audiovisual para difundir información sobre supuestos casos de maltrato y violencia sexual dentro de la UPI.

Nel también cuestionó que algunos equipos institucionales realizaran actividades sin entregar alimentos o refrigerios a los menores. Comparó esas intervenciones con las de otras fundaciones a las que, aseguró, se les permite ingresar porque llevan ayudas a las familias. La Secretaría, por su parte, afirma que mantiene actividades lúdico-pedagógicas y acciones de acompañamiento, incluso con entrega de refrigerios y raciones de alimentos.

El vocero negó que se esté bloqueando la atención médica y aseguró que el personal de salud y enfermería trabaja de lunes a viernes en las instalaciones, con disponibilidad de ambulancias para los traslados que se requieran. Esto no descarta necesariamente las restricciones reportadas por la Secretaría: la atención médica puede mantenerse mientras otros servicios sociales, educativos o psicosociales enfrentan limitaciones.

Nel también rechazó que esté exigiendo contratos laborales a título personal. Aseguró que cuenta con empleo y sostuvo que cualquier solicitud debe discutirse colectivamente entre los cuatro líderes y la comunidad, según sus necesidades. Además, afirmó que gestiones anteriores ante el secretario de Gobierno y el alto consejero César no obtuvieron respuesta. Según manifestó, la comunidad está dispuesta a dialogar si existen condiciones que considere dignas.

Publicidad

La SDIS sostiene que ha buscado espacios de conversación, pero que los acercamientos de sus equipos en terreno no han permitido concretar reuniones formales. La entidad informó que el 8 de octubre solicitó la intermediación del Ministerio Público para avanzar en un diálogo en La Rioja, pero el encuentro no se realizó. También afirmó que no ha sido convocada a un espacio de diálogo sobre los bloqueos actuales. Las versiones no permiten establecer por sí solas qué gestiones adelantó cada parte ni por qué no se concretaron.

Los servicios que siguen y los que están restringidos

Aunque el Distrito reporta afectaciones a 120 menores, también señala que ha mantenido alternativas por fuera de las UPI. En La Rioja, entre 2024 y 2026, niños, niñas y adolescentes han recibido atención en los Centros Amar Los Mártires I, Los Mártires II y La Candelaria. Según la Secretaría, actualmente asisten entre 20 y 25 menores en promedio, con contrajornada escolar, alimentación caliente, transporte y espacios protectores.

Publicidad

En La Florida, entre 10 y 12 niños asisten a jardines infantiles. Sin embargo, la entidad informó que 28 menores inscritos en Centros Amar no han podido asistir desde el 15 de septiembre. La entidad afirma que monitorea la situación, identifica menores en riesgo y remite casos a sus servicios y a otras instituciones. También reportó que, entre 2024 y 2026, presentó 28 denuncias por hechos atribuidos a miembros de la comunidad Emberá o a personas identificadas como líderes o voceros. La lista incluye presuntos delitos contra menores, además de amenazas, lesiones y obstrucción a la función pública, entre otros.

La Secretaría aseguró que seguirá ofreciendo atención a los menores y mantendrá abierta la posibilidad de diálogos interculturales. Sin embargo, no anunció una medida concreta ni un plazo para restablecer los servicios restringidos. Tampoco detalló qué respuesta recibió del Ministerio Público después de informar de la situación el 27 de agosto.

Publicidad

La nueva crisis entre la comunidad Emberá y el Distrito también abre una oportunidad para retomar el diálogo y encontrar acuerdos que permitan superar las diferencias sin poner en riesgo la atención de los menores. Más allá de las posiciones de cada parte, el reto es que los niños, niñas y adolescentes estén en el centro de cualquier negociación y que su protección y bienestar no queden supeditados a las disputas entre las autoridades y sus comunidades.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.

Conoce más

Temas recomendados:

 

Comentarios
  • Olegario(51538)•24 de octubre de 2026 – 12:38
    Pobre Bogotá, indios y panguanos la cogieron de postecito para mear. Qué desgracia! Por qué no cogen camino estos aborígenes para la “capital alterna”, Barranquilla?
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.