Romper el silencio

Tengo la mayor admiración por la labor de los jueces de la república. Por eso, cuando fui elegido como tal para ejercer tan alta dignidad, me impuse el deber de no opinar ya más públicamente sobre el acontecer nacional. Fue difícil. El Espectador y Semana en Vivo me habían acogido generosamente durante años para plantear mis pensamientos y reflexiones a la opinión pública. Un gran privilegio. Pero, los jueces deben hablar solo por sus decisiones. Asumí esa máxima con firmeza durante más de ocho años. Ahora, ante una mal intencionada denuncia, instaurada por un abogado en diez páginas contra mis colegas y contra mí, me veo en la necesidad de romper ese silencio. No solo para defender nuestra honra y buen nombre frente a la calumnia e injuria de quien no se tomó siquiera el trabajo de consultar la extensa y profusa jurisprudencia construida durante años de concienzudo trabajo por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz; sino para esquivar un nuevo ataque orquestado contra la JEP y el proceso de paz.

Miente alevemente el denunciante e incumplen su sagrado deber los reporteros de algunos medios de comunicación, en época de vías de hecho, atropellos e indignidades, al reproducir la información sin hacer previamente la más mínima contrastación y verificación. Los principios fundamentales del periodismo son soslayados en procura de “hechos noticiosos sensacionalistas”, en un mundo carente ya de las mínimas reglas de consideración y respeto hacia los conciudadanos.

Es falso lo que afirma el abogado denunciante ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No es cierto que las magistradas Patricia Linares Prieto y Sandra Rocío Gamboa Rubiano y los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Danilo Alfonso Rojas Betancourth y Rodolfo Arango Rivadeneira de la Sección de Apelación se hayan “cruzado de brazos” y hayan “cobrado sus salarios durante cerca de siete años sin haber trabajado”. Si la indolencia no hubiera guiado el juicio del acusador, este habría podido descubrir una frondosa y extensa jurisprudencia, construida durante años por los denunciados y sus excelentes equipos de trabajo. Bastaba dedicar media hora a explorar los resultados del minucioso trabajo del órgano de cierre hermenéutico de la jurisdicción en la página electrónica de la institución. Un bien intencionado lector habría encontrado una catedral jurídica -siempre mejorable y objeto de revisión- en un campo hermoso del derecho: el de la aplicación del derecho internacional, penal y de derechos humanos, así como humanitario, en búsqueda de la paz por vía del derecho.

Con más de tres mil decisiones dictadas desde principios de 2018 hasta la fecha (consultar página web de la JEP), la Sección de Apelación ha edificado los fundamentos de la justicia transicional para Colombia y el mundo. Este trabajo no solo sirve a las víctimas de los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en el país, sino también a futuras generaciones que puedan llegar a gozar de una sociedad en la que prime la convivencia pacífica y rija la democracia deliberativa, tan necesarias en un mundo desorientado por el abuso de las redes sociales y de los medios de comunicación. Ya alertaba un afamado filósofo que la comodidad, la pereza y la cobardía son los defectos que mantienen a la humanidad postrada en su minoría de edad.

Todo ciudadano tiene derecho a pedir cuentas a los servidores públicos sobre sus ejecutorias. La responsabilidad y la rendición de cuentas son deberes esenciales de quienes ejercen el poder público, en especial en un régimen republicano que repudia el abuso de la autoridad y la tiranía. Pero acusar falsamente a magistradas y magistrados de peculado, prevaricato y abuso de autoridad, de engañar a la población presuntamente con tareas ajenas a su encargo o de deshonrar la magistratura a ellos confiada, sí es constitutivo de delito. ¿Podría responder el ciudadano denunciante, por ejemplo, cuáles son los principios, reglas y procedimientos de la justicia transicional que gobiernan las investigaciones, procesos y decisiones en la JEP según la interpretación constante y consolidada del intérprete autorizado? Para ello, tendría que no tergiversar lo que es una sentencia interpretativa y, además, leer los hitos y desarrollos jurisprudenciales contenidos en las decisiones de apelación en ocho años que tejen los puentes jurídicos de una paz estable y duradera.

Contamos con el recurso de una denuncia por la falsedad de sus afirmaciones y por calumnia e injuria, pero por ahora prefiero invitarlo a dejar de lado su enojo, cobardía, comodidad o ceguera y a estudiar, ahora sí con juicio, la densa y sólida jurisprudencia transicional de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz (de acceso gratuito en https://relatoria.jep.gov.co), para bien de él, de la comunidad jurídica nacional y de la paz del país.