"Hemos sido amenazados muchas veces, no sé cuántas", denuncia abogada del CAJAR

El domingo pasado (18 octubre), hacia mediodía, recibí en el WhatsApp de mi celular un mensaje de número desconocido que decía: “Si William pisa cárcel ustedes Candelaria Malena y Juan David compren los cajones (quédense quietos) les tenemos seguimiento”. Allí se referían, además de mi nombre, a los de Candelaria Barrios, Malena Martínez y Juan David Díaz Chamorro, abogados del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en el departamento de Sucre. Con claridad, ese mensaje alude a nuestra participación en la investigación que concluyó con la condena a prisión, por 27 años, de William Martínez, exdirector de Comfasucre (caja de compensación familiar). Los tres miembros del MOVICE y yo, hemos sido los representantes legales de las víctimas asesinadas en la masacre ocurrida en La Guaripa (corregimiento del municipio de Sucre, Sucre), en enero de 2018.

El abogado Juan David Díaz que usted menciona como uno de los que recibió la misma amenaza que llegó a su celular, ¿es el hijo del alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz, asesinado en 2003, después de advertirle públicamente al entonces presidente Uribe Vélez, que el político que estaba sentado al lado del mandatario lo iba a matar y Uribe no hizo nada para evitarlo?

Sí, es el hijo del alcalde asesinado. Juan David vive en Sucre, es abogado defensor de derechos humanos y ha sido amenazado constantemente.

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¿Qué la lleva a concluir que la amenaza contra ustedes tiene relación directa con el caso judicial de los asesinatos en La Guaripa?

Además de la mención que hacen quienes nos enviaron el mensaje cuando escriben: “si William pisa cárcel…”, o sea, el mismo nombre del condenado, no hay otro caso en que los otros tres abogados mencionados en la amenaza y yo, hayamos intervenido en conjunto; ni existen más procesos penales conocidos por nosotros, en que una persona con ese nombre deba ir a la cárcel. Adicionalmente, está el hecho protuberante de que la condena en contra de Martínez, como determinador de la masacre, fue proferida por el Tribunal Superior de Sincelejo (Sucre) hace solo unos días. Esa sentencia se produjo como resultado de la apelación que presentamos la fiscalía y nosotros, en nuestra condición de representantes de las víctimas. Desde luego, aunque existan estos fuertes indicios, le corresponde a la fiscalía precisar judicialmente la identidad de los autores detrás de esos mensajes, e indicar si tienen o no relación con el proceso.

¿Es cierto que también recibió la misma amenaza el exrepresentante a la Cámara Alirio Uribe? Y, ¿por qué no se conocía este dato?

Sí, es cierto. Apenas el 21 de octubre pasado, el abogado y defensor de derechos humanos Alirio Uribe, de nuestra organización, se dio cuenta de que a él también le había llegado esa amenaza con igual texto y proveniente del mismo número. Alirio estuvo varios días fuera del país y tenía poco acceso a la aplicación de WhatsApp. Por eso no se enteró desde el principio. Él fue el primer representante legal de los familiares de las víctimas de La Guaripa. Todos nosotros esperamos que la fiscalía establezca a quién pertenece esa línea telefónica, en dónde se ubica y los demás datos necesarios para que este acto de intimidación en contra nuestra y de nuestro legítimo trabajo como profesionales de derechos humanos, no quede en la impunidad.

No obstante la gravedad de esa amenaza, esta no es la única advertencia de muerte que usted o el CAJAR han recibido ¿Cuántos mensajes de muerte le han llegado a lo largo de su carrera?

He sido amenazada muchas veces. No sé cuántas. Hay temporadas más graves que otras. Por ejemplo, cuando representé a los familiares de las víctimas de la masacre de Mondoñedo (seis universitarios torturados y asesinados por policías de la DIJIN, 1996), eran permanentes. En época del gobierno Duque llegaban a los correos personales o del CAJAR, muchos mensajes amenazantes que, supuestamente provenían de las autodefensas, de otros grupos paramilitares, de las “Águilas negras” u otras organizaciones criminales.

¿Cuántas veces y cuáles defensores del Colectivo han tenido que buscar asilo en otros países en sus 48 años de existencia de esa organización?

A lo largo de nuestra historia, en el CAJAR hemos enfrentado amenazas de muerte, hostigamientos y persecución de tal magnitud que varios de nuestros miembros han tenido que abandonar el país, en distintas épocas, para salvar sus vidas y la de sus familias. Por ejemplo, debido a la gravedad de los ataques en su contra, fueron obligados a salir hacia el exterior, por temporadas, Rafael Barrios, Miguel Puerto y Luis Guillermo Pérez, entre otros, en diferentes momentos y circunstancias. Algunos no pudieron volver. Uno de los casos más dramáticos que ha sufrido el CAJAR es el de nuestra compañera Soraya Gutiérrez Argüello, quien, cuando era presidenta de nuestra organización, recibió una caja que contenía una muñeca quemada con marcas de cigarrillo y pintada con esmalte rojo, simulando sangre; también había una nota que decía “su familia es muy bonita. Cuídela”. Soraya tenía, en ese momento, una hija de alrededor de 6 años. Ella es nuestra actual vicepresidenta y, además, es la secretaria General para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). Goza de amplio reconocimiento internacional por su tarea como defensora de derechos.

Las persecuciones y amenazas contra el CAJAR, ¿llegan por oleadas, según el periodo político y de orden público que viva el país, o son constantes?

Ha habido momentos en que la persecución en contra de los integrantes de nuestra organización ha sido más grave. Durante el gobierno de Álvaro Uribe fuimos víctimas de muchas formas de estigmatización, entre otras, de los actos del extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) algunos de cuyos directivos y agentes armaron una operación criminal para hacernos seguimientos, realizar interceptaciones ilegales a nuestras comunicaciones y espiar los movimientos de las cuentas bancarias. Además, se sabe que recopilaron la información privada de unos integrantes del Colectivo como lugar de residencia, teléfonos, sitios visitados e, incluso, datos de los familiares, incluyendo los de los hijos menores de edad. A propósito de la caja con la muñeca con quemaduras con que amenazaron a nuestra vicepresidenta Soraya Gutiérrez, se pudo probar, dentro de un proceso penal, que esa amenaza en su contra fue ordenada y ejecutada por el DAS. En las carpetas de esa entidad de inteligencia que le reportaba sus operaciones directamente a la Presidencia de la República, se encontró que, entre sus “objetivos políticos” estaba nuestra organización y que el propósito era deslegitimarla y desacreditarla.

Ciertamente, el Colectivo de abogados recibió, por esos hechos de persecución, medidas de protección de organismos internacionales ¿Organismos de control del orden colombiano también se han pronunciado en su defensa?

Sí. Es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las violaciones cometidas contra integrantes del CAJAR y nuestras familias. Y para responder su pregunta, debo añadir que, lamentablemente, hechos como los que padecimos hace dos décadas, no desaparecieron por completo. El año pasado, la Procuraduría general sancionó a 9 oficiales, entre ellos, a dos generales – miembros de varios comandos militares de inteligencia, ciberinteligencia y contrainteligencia -, por su participación en actividades ilegales en contra de periodistas, sindicalistas e integrantes del CAJAR. Es decir, continúa la violación de nuestras garantías constitucionales y derechos fundamentales.

¿Cuál fue el caso que llevó a la Procuraduría a condenar disciplinariamente a esos nueve oficiales del Ejército?

Fue el caso conocido públicamente en 2020 como la operación de perfilamientos ilícitos de inteligencia militar. La revista Semana reveló su existencia en un artículo de investigación titulado "Las carpetas secretas". Los hechos ocurrieron en 2019 durante el gobierno de Iván Duque y cuando era comandante del Ejército el general Eduardo Zapateiro. Los investigadores encontraron la recopilación sistemática de datos, mediante espionaje informático, a más de cien personas con roles sociales de importancia como periodistas nacionales y corresponsales extranjeros; políticos de oposición, líderes de organizaciones sindicales, e integrantes del CAJAR.

La sentencia de la Corte Interamericana que condena al Estado colombiano por la persecución a ustedes, los miembros del CAJAR, ¿qué dice, en esencia?

El 18 de octubre de 2023, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las graves violaciones cometidas contra integrantes del Colectivo. Reconoció que hubo permanentes amenazas, hostigamientos, estigmatización, vigilancia e inteligencia ilegal para obstaculizar nuestra labor. Esa sentencia es muy importante porque establece que no se trató de hechos aislados, sino de una persecución sostenida que afectó nuestra vida, nuestra integridad y nuestros derechos, incluido el de trabajo.

El actual gobierno o alguna de las entidades estatales colombianas (Unidad Nacional de Protección, Procuraduría, Fiscalía o Defensoría), ¿les han ofrecido acompañamiento o algún tipo de garantías a usted y demás abogados señalados en los mensajes de WhatsApp?

Hasta el momento no hemos recibido respuesta del Gobierno nacional, de los ministerios de Defensa y del Interior, o de la UNP frente a nuestras solicitudes. Quiero destacar el pronunciamiento de la defensora del Pueblo que rechazó públicamente las amenazas y solicitó medidas urgentes para quienes recibimos el mensaje. Esperamos que las instituciones actúen prontamente y de manera efectiva y coordinada para proteger nuestras vidas e integridad, y las nuestras familias.Las autoridades no deberían ponerse a esperar a que las amenazas se cumplan, para que terminen actuando después de que haya sucedido algo fatal.

Ustedes, ¿interpondrán denuncias penales internas o pedirán nuevos apoyos de órganos internacionales?

Ya interpusimos denuncia penal en la fiscalía, e informamos a todas las autoridades nacionales. Informamos, también, a la Comisión y a la Corte Interamericanas. Eso sí, hemos tenido gran apoyo de organizaciones de Colombia y del exterior.

Alguna de las investigaciones judiciales que se han abierto en Colombia por los actos de persecución y amenazas al CAJAR, ¿ha llegado a conclusiones y con cuáles resultados?

Hasta la fecha no tenemos ningún resultado en materia penal por todas las amenazas que integrantes del CAJAR hemos recibido.

Volviendo al caso de condena del terrateniente de Sucre que, al parecer, provoca la tremenda amenaza que usted y otros abogados recibieron, el Tribunal de Sincelejo revocó la absolución con que un juzgado del municipio de San Marcos favoreció al sujeto William Martínez, que, ahora, deberá estar 27 años en prisión. ¿Cómo se explica semejante contradicción? ¿Se puede sospechar que hubo corrupción en la decisión de primera instancia?

No puedo asegurar si hubo corrupción en el juzgado porque para hacer esa afirmación, se requiere tener pruebas. Lo que sí puedo decir es que la valoración de las evidencias, en esa instancia, fue incorrecta y alejada de las reglas de la sana crítica. El juzgado no valoró integralmente los testimonios y demás elementos que le permitían reconstruir lo que realmente ocurrió para determinar las responsabilidades penales. Esa fue la razón para que, la fiscalía y nosotros, como representantes de víctimas, apeláramos esa absolución. Y el Tribunal llegó a la conclusión que usted comenta. Este es un ejemplo de la importancia que tiene la representación de víctimas en el cumplimiento de las garantías de acceso efectivo a la justicia.

Del condenado se sabe que era director, en Sucre, de una caja de compensación familiar, entidades privadas con vocación de servir y apoyar a las comunidades. Pero, realmente, ¿quién es ese individuo y qué tenía que ver con las personas que mandó a asesinar?

Es un terrateniente que había entrado en disputa por unas tierras que lindaban entre las que él poseía y las de los tres hermanos de apellido Mercado, que fueron asesinados luego de haber recibido repetidas amenazas. La masacre ocurrió después de que un perito de la fiscalía hizo la medición de los terrenos y concluyó que el número de hectáreas que Martínez alegaba que era suyo, era menor al que él aseguraba; y que las tierras de los hermanos asesinados estaban por fuera de las que Martínez reclamaba.

Y, ¿cómo se pudo determinar su responsabilidad penal?

En la valoración completa de las pruebas que realizó El Tribunal Superior de Sincelejo, se concluyó que había certeza plena sobre la responsabilidad del terrateniente Martínez en la determinación de los homicidios. Hay muchas evidencias, pero le menciono dos: primero, uno de los autores materiales de los asesinatos resultó ser trabajador de confianza de Martínez; segundo, las armas con que asesinaron a las víctimas se encontraron en la finca de su propiedad y los salvoconductos estaban a su nombre. Súmeles a estos hechos, el contexto previo de las amenazas a las víctimas y la disputa del determinador de los crímenes, por las tierras: Esa fue una masacre anunciada.

¿Cuánto se publicó el fallo de condena contra Martínez y cuándo fue capturado? O ¿está huyendo?

La sentencia se profirió el pasado 22 de octubre pero el condenado William Martínez no se encuentra en prisión ni está huyendo: su defensa interpuso recurso en contra de la decisión. Acudió a la impugnación especial en la Corte Suprema de Justicia.

Entonces, ¿significa que la condena queda en suspenso hasta cuando la corte examine ese recurso? Pueden pasar varios años antes de que eso ocurra. Y la demora eterna de la justicia, también lesiona los derechos de las víctimas…

Es cierto, pero así es nuestro sistema democrático de garantías procesales. Lo que sí puedo hacer como representante de víctimas – y lo haré -, será presentar un escrito ante la Corte como no recurrente, solicitándole que confirme la decisión de condena del tribunal.

En vista de estas circunstancias tan azarosas, usted ¿continuará trabajando en el Colectivo y seguirá desempeñando sus labores de defensora de víctimas de violaciones de derechos? O, ¿saldrá del país, al menos de manera temporal?

El trabajo que hacemos los y las defensoras busca fortalecer el Estado democrático con el fin de que se respeten y garanticen los derechos de todas las personas; de que no haya nuevas víctimas y de que se cumplan a cabalidad, en el presente y en el futuro, los derechos de quienes ya padecieron su violación e incumplimiento. No planeo salir del país que amo y por el que lucho todos los días. Deseo continuar trabajando en el CAJAR y sueño con una Colombia mejor en la que nuestros hijos e hijas puedan crecer sin miedo a ser perseguidos.

Amenazas contra las mujeres defensoras buscan también perjudicar a sus hijos

En un texto que llegó simultáneamente a su celular y a los de otras dos abogadas que pertenecen a organizaciones de derechos, las amenazan con la advertencia mortal de que “se queden quietas” y que “compren cajones”. ¿Es usual que las mujeres que defienden a víctimas, reciban mensajes de muerte?

Suele ocurrir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conminado al Estado de Colombia para que investigue los casos de las defensoras amenazadas. Y resaltó que los ataques en contra de las mujeres defensoras de derechos tienen un impacto diferencial, pues no solo somos hostigadas personalmente y con repercusiones negativas en las vidas de nuestros hijos e hijas, sino que – en una lógica patriarcal -, se pretende castigarnos por asumir liderazgos sociales.

Aun cuando el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) es reconocido por su larga presencia en el país, recuerde, por favor, a qué se dedica la organización.

El CAJAR es una organización defensora de derechos humanos con trayectoria de 48 años en el país, comprometida con la defensa de las víctimas, la lucha contra la impunidad y la promoción de la democracia. Acompañamos a personas perjudicadas por las graves violaciones de derechos humanos.