Defensoría pide investigar denuncia de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro

La denunciante es Deicy Jiménez, quien, en entrevista con Semana, sostuvo que durante el gobierno del exmandatario existió una red de entre 30 y 40 mujeres que tenían contratos con el Estado con los que presuntamente se pagaban encuentros sexuales. Además, Jiménez afirmó que, cuando Gustavo Petro era senador, le pidió comprar y transportar droga.

“La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, manifestó la defensora Marín. Agregó que “las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”.

La cabeza de la Defensoría fue enfática en que “las autoridades deben operar con autonomía e independencia y proteger a las víctimas, sin importar la dignidad de quien pueda llegar a resultar responsable”.

Abelardo de la Espriella ordenó proteger a Deicy Jiménez

Por este mismo caso, el Ministerio de Justicia, junto con la Unidad Nacional de Protección (UNP), activó una ruta de protección para Deicy Jiménez. La medida fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella. “La protección de la vida no admite dilaciones. En cumplimiento de la directriz presidencial, se adelantarán las actuaciones correspondientes con la debida diligencia, confidencialidad y respeto por los derechos de la señora Jiménez, garantizando una respuesta institucional oportuna y coordinada”, se lee en el comunicado.

La cartera, encabezada por el ministro Iván Cancino, quien también cumple funciones como ministro del Interior (e), reiteró que “ninguna persona debe sentir temor por ejercer su actividad política, social o periodística, ni por expresar libremente su testimonio. En Colombia, nadie debe ser silenciado mediante amenazas, intimidaciones o represalias”.

La denuncia de Jiménez guardaría relación con los señalamientos de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, quien ha denunciado en varios medios presuntas irregularidades cometidas durante el gobierno anterior, entre ellas, la realización de fiestas y el consumo de sustancias en la Casa de Nariño.

Otra de las denuncias de Rodríguez tiene que ver con el caso Pacto de Valledupar, en el que aseguró haber recibido instrucciones para coordinar un encuentro en la capital del Cesar con antiguos jefes paramilitares, con el propósito de que declararan contra el expresidente Álvaro Uribe, el entonces jefe de Estado, Gustavo Petro, y el fallecido Germán Vargas Lleras. Petro negó estas acusaciones y, el pasado 21 de octubre, denunció a Rodríguez por los delitos de peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas.

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Fiscalía adelanta la investigación

Por todos estos hechos, la Fiscalía confirmó a este diario que el pasado 23 de octubre se abrió una noticia criminal relacionada con las posibles irregularidades que se habrían presentado en el Dapre y en otras entidades públicas durante el gobierno anterior. “Aquí entra lo que ha sido divulgado públicamente como la presunta contratación irregular de mujeres, lo manifestado por Angie Rodríguez y otros hechos”, señalaron fuentes de la Fiscalía.

El ente investigador informó que la indagación ya fue asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien contará con el apoyo de un equipo especializado. En el marco de este expediente, serán citadas inicialmente a declarar las exdirectoras del Dapre Angie Rodríguez y Laura Sarabia, “entre otros funcionarios y exfuncionarios de la misma entidad, y personas que podrían tener relación con lo conocido hasta el momento. Además, se dispondrán las respectivas actividades de policía judicial”.

En esa línea, la Fiscalía aclaró que los hechos relacionados con Gustavo Petro solo pueden ser investigados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en su condición de presidente de la República, mientras que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tendría competencia para investigar las denuncias en su contra por hechos ocurridos cuando era senador.

En este proceso, el vicefiscal Gilberto Guerrero señaló que Jiménez será llamada a la Fiscalía en calidad de testigo. "Esto ocurre con personas que hacen manifestaciones públicas donde ellas incluso están incriminándose a sí mismas. En ese caso no debemos llamarlos a entrevistas juradas, sino ternemos que llamarlas, porque tienen derecho a guardar silencio, a un interrogatorio de indiciado, que es una cosa distinta", explicó el vicefiscal.

Procuraduría abrió indagación

A los pronunciamientos de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia se sumó el de la Procuraduría. Este 26 de octubre, el Ministerio Público abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud.

La indagación está relacionada con una presunta extralimitación de funciones, acoso y violencia de género que se habrían presentado en el marco de contratos y órdenes de prestación de servicios.

“El órgano de control inició la indagación a partir de información pública conocida a través de medios de comunicación y redes sociales en los últimos días, que señalaron que las víctimas de esas aparentes conductas habrían sido vinculadas a través de contratos de prestación de servicios al Estado, ‘siendo la verdadera razón de su contratación otra distinta a la atención de las necesidades propias del servicio público’”, argumentó la Procuraduría.

En esa línea, agregó que la actuación busca individualizar a los presuntos responsables disciplinarios y concretar las conductas objeto de la indagación. Asimismo, informó que requirió a las entidades mencionadas información sobre las mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios desde 2019 hasta la fecha.

Tras conocerse estas nuevas denuncias en su contra, el exjefe de Estado respondió con un comunicado en el que aseguró que jamás ha “entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”. Además, afirmó que la “operación para descubrir mi vida íntima viene del Gobierno de Abelardo de la Espriella y hay dinero de por medio”.

Petro se refirió al “intento” de la revista Semana de invadir su “vida íntima y sexual” y sostuvo: “Nunca he cometido delitos en mi vida sexual. Creo que, sin el poder de quienes pagan por esas entrevistas, no buscarían invadir mi vida íntima y sexual. El intento de invadir la vida íntima de las personas acaba con la libertad de cualquier ser humano en Colombia. Por eso, nunca he utilizado en mis debates las situaciones sexuales o amorosas de mis rivales”. Asimismo, señaló: “Dado su fracaso (el de Semana) en demostrar actos de corrupción en mi vida pública, ahora se meten en lo que creen que ha sido mi vida sexual hasta el momento”.

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