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Los mercados en los que existe verdadera competencia producen beneficios para todos, pero especialmente para los consumidores: mejores precios, mayor variedad, innovación, mejor calidad y mejores servicios. La razón es sencilla: cada empresario necesita conquistar y conservar a sus clientes y, para lograrlo, debe ofrecerles algo mejor o diferente que sus competidores. Por eso, la posibilidad de que nuevos participantes entren al mercado es una de las principales fuentes de presión competitiva.
Por lo expuesto, resulta preocupante que hoy vuelva a regir en Colombia una regla que prohíbe abrir nuevos establecimientos farmacéuticos minoristas a menos de 75 metros de otro que ya exista.
Nadie discute que el Estado deba regular el servicio farmacéutico ni que deba procurar que los medicamentos estén disponibles y sean accesibles. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-479 de 2024, reconoció precisamente la importancia de una distribución adecuada de las droguerías para garantizar el acceso a los medicamentos, especialmente para las personas más vulnerables. La discusión, entonces, no es si el Estado puede regular. La pregunta es cómo debe hacerlo. Una cosa es regular un mercado y otra muy distinta es cerrar jurídicamente la puerta a nuevos competidores.
Supongamos que un empresario encuentra un local adecuado y decide abrir una droguería a 40 metros de otra que ya funciona. Puede ofrecer mejores precios, mejores horarios, mayor surtido o un servicio más eficiente. No puede hacerlo. La regulación se lo prohíbe.
Y lo más importante: la droguería que ya está allí no tiene que hacer absolutamente nada para impedir la entrada de su competidor. No necesita presentar una oposición, denunciarlo ni desplegar una estrategia de exclusión. La barrera la crea directamente la regulación estatal.
Ese efecto merece ser mirado desde la perspectiva de la competencia. Cuando se prohíbe la entrada de nuevos establecimientos dentro de un radio determinado, se reduce la presión competitiva sobre quienes ya están en el mercado. Y esa presión es justamente la que incentiva a bajar precios, mejorar el servicio, ampliar horarios, innovar y buscar nuevas formas de atender al consumidor.
Pensemos en quien compra los medicamentos. Si una droguería cercana tiene precios altos, poca variedad o presta un servicio deficiente, la competencia debería permitir que otro empresario llegue y le ofrezca una alternativa mejor. Cuando la regulación impide esa entrada, el consumidor pierde una opción que quizá nunca llegará a conocer.
No se trata, por supuesto, de defender una apertura sin límites ni de desconocer las razones de salud pública que justifican la regulación. Se trata de preguntarnos si una distancia uniforme de 75 metros es realmente necesaria para alcanzar esos objetivos.
La pregunta es especialmente pertinente porque el propio Ministerio de Salud había adoptado, mediante la Resolución 820 de 2026, un modelo diferente, que consideraba, entre otros factores, la cobertura, las necesidades del servicio, la densidad poblacional, las condiciones socioeconómicas, la pluralidad de establecimientos y la posibilidad de elección de los usuarios. Pocos meses después, ese modelo fue sustituido por una regla rígida de distancia. ¿Por qué?
Si el propósito es garantizar que los medicamentos estén disponibles y cerca de quienes los necesitan, ¿es indispensable impedir que una nueva droguería se establezca a 40 metros de otra? ¿No podrían alcanzarse esos mismos objetivos mediante reglas que permitan mayor competencia y, al mismo tiempo, atiendan las necesidades de las zonas con menor cobertura?
La libre competencia no es enemiga de la salud pública. Puede ser una aliada. Un empresario que sabe que mañana puede aparecer un competidor tiene más incentivos para atender bien hoy. Y un consumidor que puede escoger entre varias alternativas tiene mayor poder frente a cada una de ellas.
Por eso sería conveniente que el Ministerio de Salud se hiciera una pregunta muy sencilla: ¿los 75 metros están protegiendo realmente al consumidor o, en algunos casos, están protegiendo al establecimiento que ya está en el mercado frente al que quiere competir?
No se trata de no regular. Se trata de regular bien: de alcanzar los objetivos legítimos del Estado sin restringir innecesariamente la competencia.
En la Patria Milagro, en la que tantas veces reclamamos que las reglas del Estado promuevan mercados más competitivos, sería paradójico que una regulación destinada a proteger a los usuarios terminara reduciendo sus opciones.
La competencia necesita espacio. Los consumidores también.
* Ex superintendente de Industria y Comercio.
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Helga66(40077)•Hace 16 minutosEsa es una medida absurda en un mercado en donde deben participar muchos compradores y muchos vendedores
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Yimmy(68264)•Hace 52 minutosMuy interesante columna y su explicación, gracias
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Álamo(88990)•Hace 2 horasSi el gobierno ha de regular, que empiece por la raíz del asunto: la voracidad mercantil de los productores y comercializadores de los fármacos a distinta escala.
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Luis(14946)•Hace 2 horasla competitividad de los precios no dependen de estas farmacias y usted biern lo sabe .. el margen es pequeño . Son los grandes distibudores y los laboratorios los que determinan el precio final ..
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Rodrigo E(2908)•Hace 4 horasEntonces Popayán va a acabar de quebrarse. Hay una farmacia cada tres puertas! Y una iglesia cada dos cuadras…