Ordóñez, el perfecto corruptor

Por contradictorio que parezca, el presidente de la República y su afamado socio o exsocio, Carlos Suárez, un desconocido hasta hace tres meses y, ahora, virtual copresidente de Colombia, encontraron, como con lupa, al perfecto corruptor para desarrollar las relaciones presuntamente honestas con que alardean entre el Gobierno y el Congreso. Lo hicieron bien, porque si alguien sabe simular santidad religiosa al tiempo que compra con sobornos, las “almas” del Capitolio y de las cortes para asegurar la satisfacción de sus intereses, ese es el tartufo Alejandro Ordóñez, segundo ministro del Interior en menos de 90 días. En efecto, su hoja de vida tiene manchas tan protuberantes que lo harían innombrable en una nación respetable. Pero su presencia cuadra, a las maravillas, en el Estado despótico y violador del ordenamiento constitucional que padecemos hoy. Aquí, un recuento somero del rosario de pecados que carga el “virtuoso” funcionario: el 7 de septiembre de 2016, hace diez años, el Consejo de Estado lo castigó con la humillación de la nulidad de su reelección como Procurador General de la Nación para el periodo 2013–2017. Por 14 votos contra cinco, los magistrados de esa corporación fallaron que “la elección del demandado infringió el artículo 126 Superior (de la Constitución)” (ver). Tal apartado prohíbe “nombrar o postular como servidores públicos, o celebrar contratos estatales con quienes hubieren intervenido –o vayan a intervenir– en su postulación o designación, o con personas que tengan con estas, los mismos vínculos”. Con esa regla se impide la apropiación delictiva de los bienes oficiales para uso particular. Dicho de otro modo, los consejeros de Estado comprobaron que Ordóñez sobornó con cargos de alta remuneración económica, y en provecho de sus familiares cercanos, a unos magistrados de la Corte Suprema que, después de recibir ese “pago”, le devolvieron el favor votando por su candidatura a la reelección.

Ustedes pueden calcular el nivel de perversión del recién anunciado ministro de la política, con la siguiente historia: el hipersanto de misa diaria no tuvo empacho en complacer al influyente togado de la Suprema, Leonidas Bustos, hoy condenado, a su vez, por corrupción, con dos puestos de millonario salario. Mientras Bustos incidía en la postulación de Ordóñez en el Palacio de Justicia, el procurador le daba a la esposa del togado un buen cargo en el edificio de esa institución. Y, además, le entregó contrato laboral de igual nivel pero en piso diferente, a la segunda pareja de Bustos que este hacía llamar “la primera dama de la Corte”. Tal vez el hipócrita Ordóñez intentó evitar que las dos señoras se cruzaran en los corredores. Y, faltaba más, el aspirante a continuar en la Procuraduría también repartió posiciones contractuales entre los parientes de unos senadores que podían garantizar su permanencia en el ente disciplinario.

No es todo. Al insondable ministro del Interior le fascina abusar de su poder. Así lo hizo cuando destituyó e inhabilitó en 2010, y por 18 años, a la senadora Piedad Córdoba, a quien veía, con su prisma fascista, como una “guerrillera terrorista”. Seis años después, la sanción que impidió que Córdoba ejerciera el periodo de congresista para el que fue elegida por voto popular fue anulada por el propio Consejo de Estado por una razón de bulto: “las pruebas eran ilegales e inválidas” (ver). Al gobierno De la Espriella le importará un comino, pero el personaje que acaba de seleccionar para encabezar su gabinete ministerial podría ser condenado, muy pronto, por fallo del Consejo de Estado a resarcirle a la Procuraduría General de la Nación más de 1.600 millones de pesos que esa entidad tuvo que pagarle, como indemnización por los daños sufridos, a la fallecida senadora Córdoba. La demanda interpuesta por el Ministerio Público en 2018 está a punto de fallo en el computador del actual presidente del Consejo, magistrado Alberto Montaña Plata: “El proceso ingresa al despacho para elaborar el proyecto de sentencia que desatará el medio de control de repetición”, se lee en un más reciente documento. Veremos si el magistrado Plata, cuyo periodo está a punto de terminar, tiene el coraje de fallar en medio del temor que produce el poder presidencial, o si se hace el loco y deja pasar el mes y medio que le falta a su actividad judicial, para que la sanción económica en contra del ministro del Interior le toque a su sucesor.

Y todavía falta: el hostigador de aquella época separó de sus cargos a los entonces alcaldes de Bogotá y Medellín, Gustavo Petro y Alonso Salazar. En cuanto a este último, el Consejo de Estado tuvo que “revocar la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años que la Procuraduría le había impuesto al exalcalde de Medellín en 2012 (…) porque fue excesiva y desproporcionada (ver). Y, del otro lado, “la destitución e inhabilidad de 15 años, tomada en 2013 contra el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se cayó en su totalidad tras ser revocada y anulada por diferentes instancias judiciales nacionales e internacionales”. En el orden interno, el propio Consejo, tribunales administrativos y jueces de tutela conceptuaron la ilegalidad del acto. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la vulneración de los derechos políticos de Petro (ver). Córdoba (Q.E.P.D.), Petro y Salazar fueron víctimas de persecución política, ideológica y religiosa del ilegítimo exprocurador. Pensándolo bien, Ordóñez es el tipo que puede ser útil a los propósitos del presidente y su copresidente de facto: envenenará el Congreso y aniquilará el pensamiento independiente.

Entre paréntesis.- Enrique Gómez Martínez, vergonzoso candidato presidencial en 2022, año en que solo obtuvo el 0,23 % del total de los votos, es el típico “dinosaurio” de “las élites y los políticos de siempre”, como llama, despectivamente, De la Espriella a la clase tradicional del poder en Colombia. Sin embargo, el mandatario –que suele ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio— practica, con Gómez, el defecto ético del nepotismo. Nombró ministro de Hacienda a su hermano, Miguel Gómez Martínez; y como su “jefe del Despacho Presidencial” a su sobrino, Nicolás Gómez Arenas, sin importar que es un bisoño. Desde la óptica de los apellidos, ¿cómo no entender que el congresista “aristócrata” se ofenda porque una ciudadana del común, como yo, opine públicamente sobre sus actuaciones? El relamido senador cree que puede “asignarle responsabilidades criminales” a los demás cuando le venga en gana, pero, en cambio, le parece intolerable que alguien le exija revisión de sus actos. Le tengo una mala noticia: no es su opción; es su obligación (art. 48, Ley 1757/15, mecanismo de control social, promoción y protección del derecho a la participación democrática).