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Está noche se conoció la sentencia mediante la cual el Juzgado 24 de Familia de Bogotá resolvió la tutela del congresista Gabriel Becerra.
En esta ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia restituir todas las piezas retiradas del Museo Nacional de Colombia el pasado 15 de octubre. Esta cartera deberá restituir las piezas removidas, que en su respuesta listaron como 22 obras patrimoniales, aunque en el listado completo se encuentran 63 piezas que responden a la modalidad de comodato, objetos de apoyo y facsímiles.
"En cuanto al alcance de la protección constitucional, este Despacho encuentra procedente amparar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al acceso a la cultura, a la educación y a la memoria histórica, al establecerse que el retiro injustificado de las piezas restringió el acceso a manifestaciones artísticas y contenidos históricos relacionados con las víctimas del conflicto armado, los procesos de paz y las reivindicaciones de sectores históricamente discriminados", detalló la sentencia.
La protección de estos derechos amparados, según declaró la sentencia, se daría a través de la orden dada a la cartera cultural que, además, se deberá hacer "bajo las condiciones técnicas necesarias para su conservación, mientras se adelanta la evaluación técnica y curatorial en los términos establecidos en esta decisión".
Los derechos amparados en esta decisión han sido declarados en diferentes momentos y decisiones judiciales de la historia colombiana.
Derecho a la libertad de expresión
El derecho a la libertad de expresión está garantizado en el artículo 20 de la Constitución Política de 1991. En este se lee: "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura".
Adicionalmente, a través de la Ley 586 de 2000 se declaró el 13 de agosto como Día de la Libertad de expresión.
Aunque en Colombia fue garantizado como derecho en 1991, ya había antecedentes internacionales que soportaban su categorización como derecho fundamental. Este ha sido definido como: "el derecho del individuo de manifestar su pensamiento e idea, a no ser perseguido por ello y a buscar, recibir e impartir informaciones sin más limitaciones que las de carácter legal y los medios por los cuales se imparta, ya sea oral, escrita, etc". Este derecho fue incluido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. También fue incluido en el Pacto de San José de 1963, en la Carta africana sobre los derechos humanos
y de los pueblos de 1981 y en la Convención europea para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 1950, entre otros.
En varias sentencias, la Corte Constitucional ha determinado que "este derecho es fundamental para el funcionamiento de una democracia y que cualquier limitación debe ser estrictamente necesaria y proporcional", según el portal Conceptos Jurídicos.
Adicionalmente, en el documento conocido hoy, el juez recordó que: "la sentencia SU-626 de 2015 reconoció que la libertad de expresión artística comprende tanto la posibilidad de divulgar las obras como el derecho de las personas a conocerlas, apreciarlas y formarse un criterio propio sobre su contenido".
Derecho al acceso a la cultura
En el artículo 70 de la Constitución Política de 1991 se establece: "El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional".
En la Ley 392 de 1997, también conocida como la Ley General de Cultura, se determinaron, en el Título I, los principios fundamentales y definiciones que ampliaron aquello que estableció la Constitución en los artículos 70, 71 y 72. En esta ley se definió que "El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana". Además, la ley establece que: " El Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales.
Por otro lado, la cultura también fue mencionada en otros artículos de la Constitución, como el 2, que estableció que uno de los fines del Estado es garantizar la participación de todos los ciudadanos en la vida cultural de la nación.
Adicionalmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos dicta que: "toda persona tiene derecho a tomar parte de manera libre en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar y beneficiarse del progreso científico; y todas las personas tienen derecho a la protección de los intereses morales y materiales que les correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sean autoras".
Los derechos culturales fueron también incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1967, entre otros.
Derecho al acceso a la educación
Este fue garantizado en el artículo 67 de la Constitución Política de 1991, que dice: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura". Además, en el artículo 27 se garantizaron las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la educación como un derecho e indica que esta debe ser gratuita (al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental; obligatoria (instrucción elemental), y generalizada (instrucción técnica y profesional).
Además, también ha sido mencionado en otros marcos normativos internacionales, como el Protocolo de San Salvador y la Convención sobre los derechos del niño. Para 1994, se aprobó la Ley 115, también conocida como la Ley General de Educación y, además, su alcance ha sido ampliado a través de otras leyes.
Derecho al acceso a la memoria histórica
La sentencia del Juzgado 24 de Familia determinó que: "el derecho a la verdad y a la memoria se estructura bajo una doble dimensión constitucional indispensable para la reconstrucción del tejido social, en el que se ilustra una dimensión individual, ligada firmemente al respeto de la dignidad humana. Consagra el derecho inalienable a conocer de manera fidedigna los acontecimientos pasados, las circunstancias y las razones que propiciaron la consumación de crímenes atroces; y una dimensión colectiva, orientada a preservar del olvido la memoria histórica de la sociedad, el cual, constituye el derecho inalienable de los pueblos a conocer la realidad de lo sucedido durante periodos de conflicto o violaciones sistemáticas de los derechos humanos".
La doble dimensión de este derecho citada por esta sentencia se fundamentó en diferentes sentencias de la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional. Sin embargo, en el Decreto 2244 de 2011, por el cual se adicionaron funciones al Centro de Memoria Histórica, se citó el artículo 22 de la Constitución Política que concibe la paz como "un deber y un derecho, de carácter individual y colectivo, de obligatorio cumplimiento". Este Decreto también consideró que la memoria hace parte del derecho a la reparación integral.
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Duglas(91148)•30 de octubre de 2026 – 22:51👏👏👏
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Manuel(62043)•29 de octubre de 2026 – 11:02Ni obras ni cultura. Lo que pretenden los defensores de los afiches es exaltar a los mal recordados delincuentes y asesinos como Pizarro ante los jóvenes y las nuevas generaciones que no vivieron esa parte de la triste historia colombiana. Solo cuando el país se reconcilie y se viva con normalidad y decencia, se podrá pensar si es o no posible colocar esos elementos. Hoy no es posible, mañana tampoco.
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Esperanza(8469)•29 de octubre de 2026 – 10:02Dada la trascendencia del tema, los lectores y suscriptores merecemos que se le de una mejor cobertura, describiendo los derechos protegidos y las obras que deben volver a los espacios del Museo Nacional, el tiempo dado para que las órdenes se cumplan, y si es posible el enlace del texto completo. Considero que la lucha que ha dado un sector amplio de la sociedad necesita que en estos espacios le den su verdadera relevancia al fallo de tutela.
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Gilberto(54899)•29 de octubre de 2026 – 07:23Afortunadamentte, NO todos jueces de la República le "COPEAN" al ESPURIO Abelardo.
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diana carolina(85842)•29 de octubre de 2026 – 07:23Y el derecho de nosotros las victimas a no ser revictimizados y a que no se le hagan homenajes a nuestros victimarios eso si no existen, estos comunistas se pasan de crueles y ese Pacto Histórico asesino tan admirador de la muerte es el que obliga a eso, ojalá en la siguiente instancia haya algo de solidaridad con las victimas y no permitan esos ofensivos fetiches woke y comunistas revictimizadores
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Usuario(63255)•29 de octubre de 2026 – 06:55El gobierno de los tapa’os. Afortunadamente hay ciudadanos despiertos que hacen respetar los derechos. Que congresista mas chévere
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Gabriel(10726)•29 de octubre de 2026 – 05:49Esto si es un milagro !!!!!! Muy mini la mini de cultura, es un asco este gobierno
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Ptolomeo(73769)•29 de octubre de 2026 – 05:32Con esta tutela amparando estos cuatro derechos fundamentales de la Carta del 91 y los Derechos Humanos queda al descubierto la ignorancia y la estupidez de la mincultura Paola Holguin. Un acto de barbarie cultural, de ordinariez y de salvajismo de quien ostenta inmerecidamente este ministerio. En esa cabeza solo tiene lo que tiene un nido de pájaro.