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En respuesta al editorial del 20 de octubre de 2026, titulado “Museo Nacional: una cultura única es adoctrinar”.
¿Qué habría sucedido si el Gobierno, en lugar de retirar las piezas que le incomodaban del Museo Nacional, hubiera decidido llenar sus salas con objetos afines a su ideología, desplazando gradualmente los demás hasta volverlos invisibles? Probablemente, la reacción hubiera sido distinta. El resultado, sin embargo, podría haber sido el mismo. El problema de la estrategia del Gobierno –si es que ello no fue deliberado– fue su falta de astucia.
En algunos sectores se celebra la decisión judicial del 28 de octubre que ordenó restituir las piezas retiradas del Museo Nacional. Pero esa satisfacción podría esconder una victoria pírrica. El debate de fondo sigue sin resolverse: una intervención menos evidente, respaldada por "justificaciones técnicas", podría conseguir lo que un retiro abiertamente ideológico no consiguió.
El juez consideró que la remoción injustificada de las piezas vulneraba derechos fundamentales y exigió que las decisiones curatoriales se sustentaran en criterios técnicos verificables. En el fondo, no dijo nada. La pregunta es si esa exigencia basta para evitar la instrumentalización política de los museos.
¿Qué ocurriría si una nueva dirección, afín al Gobierno de turno, justificara técnicamente la incorporación masiva de nuevos objetos y el desplazamiento de los anteriores? ¿Bastaría la existencia de una motivación técnica? ¿Podría un juez evaluar su calidad? ¿En virtud de qué criterios determinaría, por ejemplo, que una prenda de un exlíder guerrillero merece mayor relevancia histórica que otra? ¿Y qué impediría que una curaduría aparentemente técnica escondiera preferencias ideológicas?
Existe una diferencia entre controlar la arbitrariedad de una decisión y sustituir el juicio curatorial. Si cualquier controversia sobre la inclusión, exclusión o ubicación de una pieza puede convertirse en un litigio constitucional, corremos el riesgo de convertir a los jueces de tutela en árbitros de las exhibiciones museográficas. Lo que no han advertido quienes celebran esta decisión es que mañana también se podrá litigar, no solo sobre la exclusión, sino también sobre la inclusión de piezas en el museo, invocando los mismos derechos constitucionales que hoy pretenden defender.
Nuestro país es un escenario maravilloso para judicializar hasta lo inverosímil. El litigio de mañana, ante una estrategia más aguda o sutil, no versará sobre la ausencia de un “documento” curatorial, sino sobre la calidad de sus consideraciones técnicas, tanto para incluir como para excluir obras. Así, un juez de familia (como el de esta ocasión) terminará preguntándose: ¿esto es arte? ¿Esto es un ejercicio de memoria? ¿Estos criterios curatoriales son adecuados? Y el problema es que, una vez más, pospusimos el debate: la decisión ya no quedará sometida a la ideología del director del museo designado por el Gobierno de turno, sino a la ideología del juez.
A veces, ciertos ataques contra la memoria terminan, a largo plazo, corrigiéndose mediante el ejercicio democrático de la alternancia en el gobierno y no mediante la presencia excesiva de los jueces. Un terreno propio del ejercicio político terminó, con festejo incluido, judicializado. ¿Se habrán preguntado quienes hoy celebran esta decisión si esa misma herramienta no puede ser utilizada mañana para atacar la inclusión de obras más afines a su posición política? En debates tan complejos y sensibles, no debería festejarse la intromisión del derecho y de los jueces. Es como celebrar que un perro furioso ataque a nuestro adversario: hoy lo consideramos nuestro protector, sin advertir que mañana puede mordernos a nosotros.
* Carlos Ruiz Puerchambud es profesor de derecho en la Universidad Externado de Colombia.
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Eduardo(52171)•02 de noviembre de 2026 – 07:11Excelente punto de vista: eso sí, nuestra historia la componen todos los hechos…desde Laureano Gómez hasta Carlos Pizarro. Mejor evitar ponerle los "remoquetes" tan usados hoy en día.