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Enfrentar el impacto de la variabilidad climática se ha convertido en una tarea compleja para Bogotá. A pesar de que la ciudad lleva casi una década hablando del tema, e incluso ha elaborado planes, la realidad parece ser otra. Al menos esta es la conclusión tras la revisión que hizo el Concejo de la implementación del Acuerdo 790 de 2020, que fijó lineamientos para la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático, donde encontraron acciones que siguen siendo de papel.
La exposición de los barrios en zonas de ladera, el manejo crítico de residuos en el relleno Doña Juana, las amenazas a la seguridad hídrica, el avance de la transición energética y la protección efectiva de los ecosistemas son asignaturas pendientes. Los rezagos hoy son centro del debate, en especial al saber que falta mucho por hacer.
El riesgo tiene un mapa desigual
Los datos hoy muestran que la mayor amenaza se concentra en algunos territorios. Por ejemplo, el 65 % de las manzanas de Usme se encuentran en depósitos de ladera inestables, y en Ciudad Bolívar el 61 % está en zonas de ladera. Además, hay más de 3.000 manzanas de estrato 1 que se ubican en sectores de alta pendiente. Sobre esto, la concejal Donka Atanassova (Pacto Histórico) cuestionó que no exista una identificación georreferenciada suficiente de viviendas informales sin reforzamiento. A su juicio, los programas de mejoramiento de vivienda y entorno deberían priorizar los sectores más vulnerables.
Doña Juana
Otra preocupación es que la ciudad todavía dependa de enterrar residuos en Doña Juana, proceso con un alto costo climático. Para Melizza Ordóñez, directora del Departamento de Ingeniería Ambiental de Uniagraria, esto genera metano, malos olores y vectores. El problema, por lo tanto, no se limita a la capacidad del relleno, que recibe 7.500 toneladas diarias de residuos (solo se aprovecha el 16 %), sino al modelo que prolonga impactos ambientales. Aunque el Acuerdo 790 plantea avanzar hacia un modelo que reduzca la dependencia a este método, poco se ha hecho. A la fecha, se mantiene el contrato con el mismo operador y no hay planes a corto plazo para reemplazarlo.
A esto se suma, como cuestionó Atanassova, la extensión de los contratos a los operadores actuales, sin exigencias más fuertes para impulsar la economía circular. La urgencia de los cambios radica en que la actual disposición de residuos genera gases contaminantes y lixiviados, algo que podría disminuir si existieran planes para aumentar el reciclaje. Ordóñez plantea que esto exige separar los residuos, fortalecer su aprovechamiento y tratar la fracción orgánica como recurso para producir, por ejemplo, biogás.
Más allá de los embalses
El racionamiento de agua de 2024 y 2025 expuso la fragilidad de las fuentes de abastecimiento de Bogotá. La seguridad hídrica requiere proteger las cuencas, reducir pérdidas en las redes y desarrollar alternativas para responder a períodos secos más prolongados. Sin embargo, según Atanassova, el Plan de Acción para la Seguridad Hídrica no contó con recursos para 2024-2026.
Si bien se puso en marcha un estudio de alternativas de abastecimiento, con apoyo del BID, a la fecha no se han hecho públicos sus resultados. De otro lado, recientemente el Distrito habló de su programa para recuperar y proteger zonas de abastecimiento, gracias a la donación del Fondo Verde. No obstante, sus resultados apenas se medirán en unos años.
Ordóñez insiste en que la adaptación debe considerar toda la cadena del agua: desde la conservación de los ecosistemas hasta la eficiencia de las redes y el tratamiento de aguas residuales. La PTAR Salitre trata el 30 % de las aguas residuales de Bogotá, mientras el resto dependerá de la futura PTAR Canoas. Su retraso prolonga la descarga de aguas contaminadas y aplazan la recuperación del río Bogotá.
Ecosistemas: plan y seguimiento
Cerros, humedales y otros ecosistemas ayudan a regular la temperatura y retener agua. Su conservación es también una medida de adaptación frente a los impactos climáticos. Atanassova cuestionó los retrasos en los planes de manejo y la falta de trazabilidad de las compensaciones por tala. Planteó dudas sobre posibles duplicidades en el registro de árboles compensados, pero reconoció que no tiene evidencias. Por su parte, la profesora Melizza Ordóñez considera que la protección de los ecosistemas requiere continuidad, mantenimiento, participación comunitaria y resultados medibles, ya que el que existe no garantiza su propósito.
Una transición energética con preguntas abiertas
Transmilenio informó que los buses que ingresen para reemplazar vehículos que lleguen al final de su vida útil serán eléctricos y que el proceso de renovación de flota se formalizó mediante un otrosí. La entidad no precisó el número de automotores ni un cronograma detallado. La concejal Donla Atanassova cuestionó el ritmo de la transición y puso sobre la mesa la situación de La Rolita, la operadora de transporte eléctrica, así como la falta de avances suficientes en comunidades energéticas y zonas de aprovechamiento solar.
Para Melizza Ordóñez, directora del Departamento de Ingeniería Ambiental de Uniagraria, el cambio no consiste solo en reemplazar una tecnología, sino también exige revisar el modelo de movilidad y garantizar la sostenibilidad de las soluciones. En el debate, el concejal David Saavedra pidió avanzar en la identificación de infraestructura crítica y en planes para responder a eventuales fallas del suministro eléctrico. Hospitales, semáforos y sistemas de distribución de alimentos dependen de la continuidad de la energía.
Prevenir antes de la emergencia
Los cinco frentes muestran que la emergencia climática no se expresa en un solo fenómeno ni se resuelve con una única obra. La exposición en las laderas, la dependencia de Doña Juana, la seguridad del agua, la transición energética y el estado de los ecosistemas están conectados por una pregunta: cuánto está haciendo la ciudad para reducir las condiciones que agravan los impactos. La profesora Ordóñez señala que el desafío es pasar de una gestión centrada en responder a las emergencias a una que incorpore el riesgo en las decisiones cotidianas. Eso requiere coordinación entre entidades y continuidad de las políticas, más allá de los cambios de administración.
La variabilidad climática seguirá creciendo, pero Bogotá conoce sus territorios, las infraestructuras de las que depende y los ecosistemas que necesita proteger. El balance de sus compromisos se medirá por la capacidad de convertir ese conocimiento en prevención: en decisiones sobre cómo se construye, cómo se consume, cómo se garantiza el agua y qué territorios se protegen, antes de que la próxima emergencia vuelva a ponerlas a prueba.
El Espectador consultó las entidades distritales involucradas en los temas abordados y precisaron que las respuestas se darán en la continuación del debate.
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