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La acción de tutela ha sido uno de los instrumentos más importantes para proteger el derecho a la salud en Colombia. Sin embargo, su utilización creciente plantea una incongruencia que merece discutirse ¿qué ocurre cuando un mecanismo concebido para corregir vulneraciones individuales termina alterando las prioridades de atención de todo el sistema?
Hoy cualquier paciente puede presentar una tutela desde su casa, por internet, sin abogado y utilizando formatos disponibles gratuitamente. Una orden judicial obliga a prestarle el servicio en pocos días, obteniendo rápidamente aquello para lo cual tenía asignada una espera de cuatro, seis o más semanas.
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Bogotá ilustra la magnitud del fenómeno. En 2024 se registraron 26.372 tutelas relacionadas con el derecho a la salud, una de las cifras absolutas más altas del país. Cada una refleja una reclamación que debe examinarse, pero también obliga a preguntarse qué sucede con las listas de espera cuando las decisiones judiciales alteran las prioridades de atención sin aumentar los recursos disponibles.
Lo relevante es que, cuando no existe capacidad asistencial adicional, adelantar la atención de un paciente significa postergar la de otros. En la práctica, la tutela se convierte en un mecanismo para saltarse la fila ante la imposibilidad real de que todos sean atendidos al mismo tiempo.
Veamos un ejemplo elemental que ilustra esta distorsión generada por la tutela al desconocer que cualquier recurso es limitado naturaleza. Hipotéticamente un especialista dispone de capacidad para atender 1.000 pacientes al mes, aproximadamente 33 diarios. Pero si esos 1.000 pacientes interponen tutelas y consiguen órdenes para ser atendidos durante los siguientes cinco días, el médico necesitaría realizar 200 consultas diarias, un imposible material, o disponer de 5 médicos adicionales que no existen y que tardaría no menos de 10 años en formarlos.
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Pero existe otra consecuencia potencialmente más grave. La tutela crea un mercado paralelo para atender la demanda inmediata, obligando a concentrar en pocos días servicios que normalmente se prestarían en semanas. Cuando la demanda supera la oferta disponible, se generan presiones alcistas sobre las finanzas del sistema al no poderse aumentar proporcionalmente la capacidad asistencial, que como consecuencia infla los precios dejando por fuera a quienes no pueden pagar el sobreprecio y comprometiendo su sostenibilidad a mediano y largo plazo.
Los jueces pueden ordenar la atención, pero esto no multiplica instantáneamente médicos, camas, quirófanos ni equipos diagnósticos. Esta es la matemática elemental de la escasez. Precisamente por eso existen listas de espera, en Colombia y en cualquier país del mundo sin excepción, no necesariamente porque desconozcan el derecho a la salud, sino por el hecho de que la demanda supera la capacidad disponible.
Cuando las decisiones judiciales desconocen esta limitación, desplazan recursos hacia quienes acuden al juez, en perjuicio de pacientes con necesidades iguales o mayores. La solución no consiste en eliminar ni restringir la tutela. Consiste en corregir las causas que incentivan a utilizarla de manera descontrolada garantizando que las órdenes judiciales consideren criterios técnicos de priorización.
Colombia necesita reglas transparentes para administrar las listas de espera. Porque proteger el derecho individual a la salud no debería significar desconocer el de quienes permanecen esperando. Y ninguna sentencia, por justa que parezca, tiene el poder de convertir recursos escasos en ilimitados, ni menos ordenar saltarse la fila en detrimento de la mayoría que no acude a este mecanismo.
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