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Roberto Prieto no aceptó cargos por caso Odebrecht y financiación de la campaña de Santos

La Fiscalía investiga a José Roberto Prieto Uribe, exgerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, por los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Según el ente investigador, la campaña de reelección presidencial habría recibido un aporte de USD 1 millón por parte de la multinacional Odebrecht para realizar estudios y hacer seguimiento a la candidatura, lo que, según el ente acusador, habría constituido una violación de los topes electorales.

Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente.
Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente.

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Este miercoles 11 de noviembre, un juez de control de garantía avaló la imputación que la Fiscalía General de la Nación hizo en contra de José Roberto Prieto Uribe, exgerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014. El ente investigador lo procesa penalmente los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. La imputación de cargos fue avalada por la jueza 03 de control de garantías de Bogotá.

A renglón seguido, Prieto Uribe no aceptó cargos e insisitió en que no entendía en qué momento habría cometido los delitos que le endilga la fiscal del caso cuando fue el hombre clave de la campaña presidencial de 2014. Por ende la Fiscalía, una vez más, le informó los hechos por los que ahora está a punto de afrontar un juicio penal.

El proceso se centra en un contrato por USD 1 millón para realizar estudios y hacer seguimiento a la candidatura de Santos. Según las pruebas en las que se apoya el ente acusador, la multinacional Odebrecht habría pagado esos servicios a través de Paddington Ventures, filial de la agencia Sancho BBDO, que tenía cuentas en el exterior.

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La jueza del caso concluyó que la Fiscalía sí indicó los delitos objeto de imputación, describió el contexto fáctico y el objetivo de investigación. Asimismo, expuso "satisfactoriamente" el contrato celebrado entre Odebrecht y cómo este habría beneficiado la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

La jueza señaló que el análisis probatorio de los hechos serán discutidos en la etapa de juicio y no durante la imputación de cargos. "No se trata de tener un juicio adelantado sobre los hechos por los que se investiga a Prieto Uribe", aseguró la jueza en la mañana de este 11 de noviembre.

La Fiscalía sostiene que ese aporte no fue reportado ante las autoridades electorales y habría violado los topes de financiación de la campaña. Esta irregularidad habría permitido, según el ente acusador, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) avalara los informes financieros de la campaña y autorizara el pago de COP 576 millones por reposición de votos correspondiente a la primera vuelta presidencial.

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El documento presentado por Prieto Uribe registró gastos totales por COP 13.503.047.446,30 y no reportó donaciones de ningún tipo.

De acuerdo con la fiscal del caso, el delito de enriquecimiento ilícito se relaciona con el de fraude procesal, toda vez que “el ingreso injustificado a recursos del Partido Social de Unidad Nacional, por concepto de reposición de votos de la campaña Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018, se produjo gracias a la inducción en error a los magistrados del CNE y al funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil para obtener los autos administrativos que reconocieron el derecho en mención”.

La fiscal, en la audiencia del pasado 5 de noviembre, sostuvo que el dinero por reposición de votos se recibió “a partir del reporte fraudulento de cuentas presentado por Prieto Uribe al CNE durante el desarrollo de la contienda electoral (…) omitiendo reportar los gastos de campaña surgidos con la contratación de Paddington Ventures y donados por Constructora Norberto Odebrecht”.

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En una decisión distinta, la Fiscalía archivó la investigación por otro contrato, firmado en 2015 entre Sancho BBDO y Odebrecht, por cerca de COP 2.500 millones en servicios de publicidad. El ente investigador concluyó que los trabajos sí se realizaron y que los pagos estaban justificados. No obstante, la investigación por el aporte de USD 1 millón vinculado con la campaña de reelección de 2014 sigue abierta y hoy lleva a Prieto Uribe a enfrentarse a un nuevo proceso judicial.

Luego de que la Fiscalía presentara sus argumentos para imputar a Prieto Uribe, su defensa, encabezada por el abogado Jesús Albeiro Yepes, señaló varios vacíos y pidió que no se impartiera legalidad a la imputación.

“La Fiscalía no desarrolló una imputación en circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la conducta de mi representado a la hora de presentar los cargos”, sostuvo el defensor. Asimismo, agregó que “el núcleo esencial (de la imputación) está en que él habría acordado con un señor Luis Peña una reunión con unos directivos de Odebrecht para que hicieran aportes a la campaña, pero nunca supimos, su señoría, cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

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En esa línea, Yepes puso de presente “que no hay en los hechos jurídicamente relevantes ninguna referencia a cómo se acordó un aporte, cómo participó mi representado, en qué circunstancias llegó ese aporte a la campaña, a través de quién, si él (Prieto) participó, si no participó, si lo recibió, para poder predicar conocimiento y voluntad, esto es garantizar el principio de culpabilidad”. Para el representante de Prieto Uribe, estas razones constituyen “un vaciamiento de la garantía del debido proceso y la defensa”.

Ante esto, la Fiscalía aseguró que no existe ninguna violación del derecho de defensa ni del debido proceso, “porque no hay un déficit en los hechos jurídicamente relevantes”.

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Frente a lo que el defensor sostuvo que era el núcleo de la imputación, la fiscal lo desmintió y aseguró que este “fue debidamente señalado en la materialidad de la conducta y el núcleo de esta imputación es la omisión del señor José Roberto Prieto Uribe de reportar al CNE el gasto y adicionalmente la donación hecha por Odebrecht a través del contrato de prestación de servicios de Paddington”.

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La fiscal fue clara: “El núcleo no es la reunión que tuvo el señor José Roberto Prieto Uribe con el señor Luis Alberto Peña y que posteriormente derivó de las reuniones que se realizaron con los directivos Odebrecht. Eso es un contexto fáctico para que se sepa cómo el señor Prieto Uribe tenía conocimiento de la existencia del contrato entre Paddington y Constructora Norberto Odebrecht”.

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Sobre el tiempo, modo y lugar en que se cometieron las presuntas conductas, la representante de la Fiscalía explicó que “el contrato en Paddington Venture Limitada, se estableció específicamente que esas reuniones entre el doctor José Roberto Prieto Uribe, el señor Luis Alberto Peña y posteriormente los directivos de Odebrecht se realizaron en el mes de enero de 2014”.

En estos encuentros, sostuvo la fiscal, “se acordó la suscripción de un contrato de prestación de servicios de investigación y que parte del acuerdo con Constructora Norberto Odebrecht era que no se firmaría el contrato con Sancho BBDO, sino con Paddington Venture Limitada, porque necesitaban una empresa que no tuviera sus cuentas en Colombia, sino en Panamá. Entonces, sí se dijo cuándo y sí se dijo qué se acordó”.

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En esa línea, trajo a colación uno de los argumentos de la defensa para desestimar la imputación: que el contrato se celebró en febrero de 2014 y que Roberto Prieto Uribe asumió la gerencia de la campaña a partir del 4 de marzo.

La fiscal explicó que tanto la ejecución del contrato como los pagos “se dieron durante la gerencia del señor José Roberto Prieto Uribe y, por lo tanto, ahí radicaba la obligación de reportarlos. Una cosa es cuando se firma el contrato, otra cuando se ejecuta y otra cuando se recibe el recurso”, concluyó la representante del ente acusador.

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