
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Un comerciante recibe una llamada que le exige pagar para seguir trabajando; una familia entrega sus ahorros bajo amenazas; una persona revela sus datos porque le prometen un premio inexistente. Cuando estas conductas se dirigen desde una cárcel, la pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede el Estado custodiar a una persona y permitir que desde el mismo lugar de reclusión continúe delinquiendo? Están en juego la seguridad de los ciudadanos y la credibilidad de la justicia.
El Ministerio de Justicia informó que el operativo del 28 de enero de 2026 en 124 establecimientos de reclusión del orden nacional permitió incautar 1.320 celulares y 1.700 tarjetas SIM. La cifra corresponde a una intervención concreta, no a la totalidad de equipos clandestinos. Pero obliga a preguntar qué ocurre antes y después de cada decomiso: cómo ingresó el aparato, quién facilitó su utilización y qué investigación impedirá que sea reemplazado.
Es necesario hablar de frente sobre la complicidad de quienes tienen responsabilidades de vigilancia. Un guardia o funcionario que cobra por dejar entrar un celular, alerta sobre una requisa o facilita comunicaciones prohibidas ayuda a preservar la capacidad criminal del interno. Su responsabilidad debe probarse e individualizarse. Sin embargo, describir estos hechos únicamente como “fallas de control” puede ocultar la existencia de acuerdos deliberados para lucrarse del delito.
La vigilancia también debe abarcar la cadena de abastecimiento. El 21 de marzo de 2026, la USPEC respondió a una publicación de la revista Semana sobre el presunto ingreso de celulares, armas y drogas a través de una empresa encargada de la alimentación en El Buen Pastor. La entidad anunció verificaciones internas, traslado a la Fiscalía y coordinación con el INPEC; también aclaró que, a esa fecha, no contaba con información concreta y verificable para identificar responsables. Son señalamientos que requieren investigación, no conclusiones anticipadas.
Si se demuestra que un contrato destinado a alimentar a los internos fue utilizado para introducir contrabando, deben investigarse tanto los participantes como quienes, teniendo deberes concretos de control, facilitaron la operación. Los controles deben cubrir el recorrido desde la bodega hasta la cocina, con registros de vehículos, personal autorizado, carga recibida e incidencias. El INPEC y la USPEC deben coordinar sus competencias para que la responsabilidad no se diluya entre entidades, contratistas y subcontratistas. Todo ello debe hacerse sin comprometer la inocuidad de los alimentos ni el derecho a la alimentación de los internos.
La experiencia internacional muestra el valor de investigar más allá del aparato. En febrero de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la excapitana penitenciaria Christine Mary Livingston se declaró culpable por su participación en una trama de sobornos en Carolina del Sur. Una de sus cuentas recibió al menos 279.000 dólares y, durante la conspiración, compró al menos 173 celulares mediante su cuenta de Amazon. La investigación relacionó pagos, testimonios y registros. Esa profundidad investigativa debe orientar la respuesta colombiana: reconstruir la red que hace posible el contrabando y seguir el dinero que la sostiene.
Cada decomiso relevante debería activar una investigación sobre la cadena de ingreso y financiación, además de la actuación contra el poseedor del equipo. Es necesario preservar la evidencia digital, revisar registros de acceso y rastrear pagos. También deben existir canales seguros para denunciar y medidas de protección para funcionarios y trabajadores, especialmente cuando los señalamientos comprometan a sus superiores. En los contratos de alimentación, la interventoría debe documentar alertas y trasladar los hallazgos a las autoridades competentes. Los incumplimientos probados deben tener consecuencias contractuales y legales, con respeto por el debido proceso.
La tecnología puede ayudar, pero su compra no garantiza resultados. El Decreto 851 de 2024 estableció un procedimiento para bloquear equipos y módulos SIM identificados en comunicaciones no autorizadas dentro de establecimientos de reclusión. Su aplicación exige coordinación entre las autoridades y los operadores. Las soluciones que se contraten deben demostrar que funcionan en las condiciones de cada penal, contar con mantenimiento y permitir corregir afectaciones indebidas.
Conviene evaluar herramientas complementarias para detectar emisiones, orientar requisas y controlar las vías de ingreso del contrabando. Los sensores y los drones merecen pruebas acotadas antes de ampliar su contratación. La pregunta decisiva es cuánto contribuyen a interrumpir la actividad criminal. Ninguna herramienta sustituye la vigilancia física, la investigación ni el control sobre quienes permiten entrar los equipos.
Los controles tampoco pueden limitarse a los extorsionistas. Deben alcanzar a los condenados por corrupción y a los delincuentes de cuello blanco que pudieran utilizar comunicaciones clandestinas para coordinar intermediarios, ocultar activos o interferir en investigaciones. Esos riesgos deben examinarse en cada caso, sin presumir conductas ni conceder privilegios por el poder económico o la influencia del interno. Los pabellones especiales y las excepciones de seguridad deben someterse a auditorías verificables.
También hace falta rigor al hablar de tarjetas SIM y llamadas automatizadas. La Resolución CRC 7684 de 2025 incorporó procedimientos de identificación y verificación de datos para activar servicios móviles prepago. Sin embargo, la existencia de esa regulación no garantiza su cumplimiento: en algunos puntos de venta se consiguen tarjetas SIM sin que al comprador se le solicite identificación ni se le practique validación alguna. Es necesario distinguir la compra de la tarjeta de la activación de la línea, que es donde operan las exigencias de verificación. Las autoridades deben comprobar si esas SIM se entregan ya activadas o si pueden utilizarse eludiendo los controles, identificar a los responsables y sancionar los incumplimientos probados. Una obligación escrita pierde eficacia si la cadena de comercialización y activación permite burlarla. Cualquier exigencia adicional de biometría debe justificar su necesidad, eficacia y garantías de protección de datos. Una llamada que se corta al contestar, por sí sola, tampoco demuestra el uso de bots con fines delictivos ni su origen en una cárcel.
La seguridad debe proteger las comunicaciones de los vecinos de los penales y el acceso a servicios de emergencia. Asimismo, deben garantizarse canales institucionales para que las personas privadas de la libertad se comuniquen con sus familiares y abogados, con las garantías de confidencialidad que correspondan. Impedir comunicaciones criminales exige controles precisos y respeto por los derechos.
El éxito debe medirse por la reducción de amenazas, estafas y pérdidas económicas, además de los equipos retirados. Para saber si las medidas funcionan se necesitan datos de partida, seguimiento y comparación de resultados. La investigación también debe alcanzar a quienes reciben el dinero y cobran fuera de prisión. Interrumpir una llamada sirve de poco si la organización conserva su financiación y puede volver a operar.
El Estado debe demostrar que puede impedir que se siga delinquiendo bajo su custodia y llevar ante la justicia a los internos, guardias, funcionarios o contratistas cuya participación se pruebe. La respuesta a la pregunta del título debe aparecer en investigaciones y sanciones, no agotarse en balances de incautaciones.
Mientras el Estado decomise celulares sin desmantelar las redes que los ponen en manos de los delincuentes, las cárceles seguirán encerrando personas y dejando libre su poder criminal.
-
CARLOS(lcggj)•07 de noviembre de 2026 – 10:41¿Quién les abre la puerta a los celulares en las cárceles?, sencillo y complejo a la vez, don HÉCTOR, porque se trata de un monstruo llamado "corrupción" o "corruptela", probablemente parecido a la "Hidra de Lerna"; por lo tanto, precisamos de un Hércules para ponerle coto a eso. Eso sí, que quede claro, un Hércules, no un payaso.
-
Felipe(94028)•06 de noviembre de 2026 – 17:50Los que piden la legalización de celulares en las cárceles no dicen cómo evitarían que se cometiesen delitos con ellos. En ningún país del mundo se permite tener teléfonos a los presos, o en algunos, como Bélgica o EE.UU., existen teléfonos fijos, pero cada preso tiene un código personal de acceso, límite de minutos y el 100% de las conversaciones son grabadas. Colombia es un país corrupto en todos los niveles.
-
Mauricio(24609)•06 de noviembre de 2026 – 16:33La guardia del inpec es una guarida de corrupción . Cobran hasta las visitas conyugales. Con más veras cobran por entrar armas y celulares. Cambiazos y fugas con su complicidad
-
pedrito(59003)•06 de noviembre de 2026 – 16:30La respuesta corta: tú
-
RICARDO(81050)•06 de noviembre de 2026 – 16:20En las cárceles de otros países (USA entre ellos) hay teléfonos públicos y los detenidos llaman a sus casas y a sus abogados. Las conversaciones son escuchadas y todos lo saben. ¡Cual es la necesidad de simular una incomunicación que realmente no existe?
-
RICARDO(81050)•06 de noviembre de 2026 – 16:19Estos son los columnistas que piensan con el corazón y creen firmemente en la frase "lo que se debería hacer es que…". La realidad los atropella y ellos no descifran de dónde viene el golpe. A ver le explico: Los celulares los entran a las cárceles los guardianes y una SIM cabe debajo de la lengua. En los pabellones "se venden minutos". Necesita más explicaciones?. Estoy de acuerdo que el detenido tenga un celular y registrado, cuál es el problema?
-
Myriam(35204)•06 de noviembre de 2026 – 18:51Claro que si, un detenido debe tener un celular para que venda minutos, ese es el problema, don Ricardo
-
-
Rodrigo(79004)•06 de noviembre de 2026 – 15:39Para evitar este problema, no sería mejor permitir a los internos tener un celular con su número registrado y autorizarles su utilización en horarios específicos? De esta forma se evita la corrupción que genera el tráfico de celulares, se sabría desde el teléfono de quien se hizo la llamada y se permitiría que los presos pudieran comunicarse con sus familias. No creo que ayude mucho a la resocialización, impedir que un detenido hable con sus hijos.
-
Alejandro(53mrt)•06 de noviembre de 2026 – 15:55Claro!!! Porque llamarían desde ese celular propio, y no desde uno pirata. Por qué no propone instalarles oficina y asistentes, y contadores contratados, para que haya registros y testigos de las actividades? Jajajaja!!
-
-
Rodrigo(79004)•06 de noviembre de 2026 – 15:34Mi reflexión es diferente. No es mejor permitir que los internos tengan celulares con control de horarios para