
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El pasado 3 de noviembre, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eligieron a cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para el periodo 2027-2036. Es el tribunal internacional más importante del mundo, jurídica y políticamente: allí se define el rumbo del derecho internacional. Fueron elegidos Dapo Akande (Reino Unido), François Alabrune (Francia), Mahmoud Hmoud (Jordania), Rena Lee (Singapur) y Phoebe Okowa (Kenia). Ninguno es latinoamericano.
La noticia es desastrosa para la región. Brasil no presentó sucesor del juez Leonardo Brant y, a partir del 6 de febrero de 2027, América Latina y el Caribe tendrá un solo juez entre quince: el mexicano Juan Manuel Gómez Robledo. Según el registro histórico de la Corte, es la primera vez desde 1946 que la región se queda con una sola de las dos sillas que tradicionalmente ha ocupado. Europa Occidental recupera su quinta silla, Asia conserva cuatro y África tres. No solo los europeos: también los africanos nos toman ventaja.
Las cifras explican lo ocurrido. El ecuatoriano Marcelo Vázquez-Bermúdez, miembro de la Comisión de Derecho Internacional, obtuvo 9 votos en el Consejo de Seguridad, suficientes para ser elegido allí, pero apenas 73 en la Asamblea General, donde se requerían 97, y terminó retirándose. La candidata peruana obtuvo 5 votos, y el propio Perú aclaró ante la Asamblea que no la había postulado. La singapurense Lee, en cambio, sumó 151. África también llegó dividida, pero corrigió a tiempo: Sierra Leona retiró a su candidato para asegurar la silla de Kenia. América Latina, en cambio, llegó dividida, tarde y sin plan.
No es que el mundo nos odie. Es que hemos sido desorganizados y no hemos planificado. Y sucede cuando la Corte tiene un número récord de casos pendientes, varios de enorme interés regional, como Guyana contra Venezuela por el Esequibo o México contra Ecuador.
Así se llega a La Haya
Miremos a los elegidos. Ninguno es un abogado cualquiera cercano al mandatario de turno: todos son internacionalistas del más alto nivel, con carreras validadas internacionalmente, no por ellos mismos ni con libros autopublicados. Y sus Estados les fueron abriendo la pista durante años.
Francia ha tenido juez sin interrupción desde 1946. Sus tres últimos jueces, Gilbert Guillaume, Ronny Abraham y ahora Alabrune, dirigieron la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería francesa y fueron agentes ante la propia Corte. El Reino Unido perdió su silla en 2017 por primera vez desde 1946, su Parlamento lo calificó de fracaso diplomático y el Gobierno reconstruyó: llevó al profesor de Oxford Dapo Akande a la Comisión de Derecho Internacional en 2021 y lo anunció como candidato 26 meses antes de la elección. Ganó en primera vuelta.
Singapur, un país de seis millones de habitantes, eligió a su primer juez. Rena Lee fue la primera ministra consejera de su país en La Haya y presidió la conferencia que adoptó en 2023 el Tratado de Alta Mar. Jordania y Kenia, por su parte, tenían listos a Hmoud, expresidente de la Comisión de Derecho Internacional y embajador ante la ONU, y a Okowa, profesora en Londres y miembro de esa Comisión, cuando en 2025 se abrieron vacantes inesperadas. Ambos convirtieron mandatos cortos en periodos completos.
La fórmula se repite. Primero, una carrera académica o profesional de primer nivel. Segundo, la Comisión de Derecho Internacional (CDI), hoy la antesala más efectiva: tres de los cinco elegidos fueron miembros. La CDI es el órgano de la ONU encargado de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional; la integran 34 juristas elegidos por la Asamblea General por cinco años, y de ella surgió, por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Tercero, embajadas clave para el derecho internacional: Nueva York, Ginebra y La Haya. Cuarto, jefaturas de delegación en grandes negociaciones de tratados universales y asesoría jurídica al más alto nivel. Y al final, una campaña política del propio Estado en la ONU, con dos años de anticipación y ministros comprometidos.
¿Por qué lo hacen? Porque tener un juez de la propia nacionalidad en la CIJ da prestigio, influencia en la jurisprudencia que define el derecho internacional para todos. Además, según el artículo 31 del Estatuto, el juez nacional conoce de los casos de su Estado; quien no lo tiene debe designar uno ad hoc.
Colombia: talento sin política
En Colombia, mientras tanto, no hacemos nada. Jamás hemos tenido un juez de planta en la CIJ, pese a haber comparecido ante ella una y otra vez, desde el caso del Derecho de Asilo en 1950 hasta las controversias con Nicaragua. El pasado septiembre, incluso, el Gobierno retiró sin explicación pública la candidatura de la colombiana Carolina Olarte a la Corte Penal Internacional, pese a una de las mejores calificaciones ante el comité evaluador.
Algunos dicen que no hay personas con el perfil. Eso es falso. Existe, y hago parte de él, un grupo claramente identificado y plural de doctores en derecho internacional que durante décadas hemos construido una carrera no solo en Colombia sino alrededor del mundo: publicando en las más prestigiosas editoriales internacionales, con doctorados validados globalmente y con un reconocimiento ya adquirido. Muchos están vinculados a la Academia Colombiana de Derecho Internacional, donde se valida su idoneidad académica. No son títulos inventados ni publicaciones de fantasía.
El problema es que los gobiernos no abren los espacios. Las embajadas clave para el derecho internacional suelen ocuparlas políticos, o personas con perfiles inflados que nadie conoce en la comunidad internacionalista y que pierden toda legitimidad cuando salen a la luz los escándalos. Esos cargos sirven para pagar favores políticos, y los intereses personales se imponen sobre las necesidades del Estado. A los grandes compromisos jurídicos internacionales enviamos diplomáticos de bajo rango, políticos de turno, o no asistimos.
Tampoco podemos seguir apostándolo todo al padrinazgo del presidente de Estados Unidos de turno, que acaba de pasar por las elecciones de mitad de mandato y al que solo le quedan dos años. Las coyunturas pasan; las decisiones de la CIJ quedan. Colombia debe pensar a largo plazo, de manera seria y programada.
Los espacios y el calendario
Las oportunidades están ahí, y tienen fecha:
- Noviembre de 2027: elección completa de la CDI para el periodo 2028-2032.
- Abril de 2027, 2028 y 2029: comité preparatorio y sesiones de la Conferencia de Plenipotenciarios de la ONU para la convención sobre crímenes de lesa humanidad, elaborada a partir de un proyecto de la propia CDI. Colombia debe enviar allí a sus expertos.
- Otros foros abiertos: la primera Conferencia de las Partes del Tratado de Alta Mar, las sesiones finales de la convención marco de la ONU sobre cooperación tributaria en 2027 y el Diálogo Global de la ONU sobre gobernanza de la inteligencia artificial (Nueva York, mayo de 2027).
- 2029: próxima elección de jueces de la Corte Penal Internacional.
- Otoño de 2029: elección regular de la CIJ, aunque sin silla latinoamericana en juego.
- Otoño de 2032: vence la silla de México. Es la ventana más realista para el primer juez colombiano. Y las vacantes imprevistas, que pueden abrirse en cualquier momento, premian a quien ya está preparado.
La invitación
Por eso la invitación para el Gobierno es concreta. Que Colombia adopte una política de Estado en materia jurídica internacional que trascienda los gobiernos de turno, con respaldo del Congreso. Que se cree una base de datos de los verdaderos expertos; un buen punto de partida es la de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, organización privada que reúne profesionales de todo el país y de todas las instituciones. Que se exijan criterios objetivos: doctorado en derecho internacional y publicaciones de impacto global. Que se empiece a nombrar a esas personas en las delegaciones, en las embajadas clave y en la defensa del país ante los tribunales internacionales. Que se presente desde ya una candidatura seria a la CDI para 2027. Y que Colombia lidere un acuerdo regional para que América Latina deje de dividir sus votos y presente un candidato único por silla.
Los jueces de la Corte Internacional de Justicia no se improvisan: se forman durante una década. Si empezamos hoy, Colombia podría tener un miembro en la CDI en 2028 y un candidato serio a la Corte en 2032. Si no, seguiremos viendo desde la tribuna cómo otros deciden el derecho que nos rige. Es hora de cambiar el rumbo y de tener una política exterior seria.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com