Pan y sexo

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Hay una manera bastante eficaz de distraer a una sociedad: ponerla a discutir sobre aquello que no debería escandalizarla para que deje de preguntar por aquello que sí debería. Colombia parece haber encontrado una nueva versión del viejo pan y circo: pan para sobrevivir, sexo para entretenerse y política para justificarlo todo.

Lo que ha ocurrido alrededor de Gustavo Petro y las denuncias de Deicy Jiménez sobre presuntos favores sexuales relacionados con contratos públicos debería conducir a una discusión elemental: ¿qué sucede cuando la intimidad, las relaciones personales y el poder del Estado terminan mezclándose con la contratación pública? Sin embargo, buena parte de la conversación ha tomado otro camino, defender la libertad sexual del expresidente, discutir sus preferencias y convertir sus besos en una batalla ideológica.

Pero esa discusión es una cortina de humo.

Nadie debería escandalizarse porque un presidente tenga vida sexual, bese a una mujer o decida con quién relacionarse. La intimidad de las personas no necesita autorización moral de la sociedad.

El problema comienza cuando se pretende utilizar esa libertad para desviar una pregunta completamente distinta: si existió algún intercambio de favores sexuales por acceso a contratos públicos.

Porque el sexo consentido entre adultos pertenece a la esfera privada. La eventual utilización de la contratación estatal para obtener beneficios privados pertenece a la esfera pública. Confundir ambas cosas no es defender la libertad, es evitar una discusión sobre el poder.

Aquí aparece una contradicción que debería incomodarnos mucho más. Durante años hemos defendido la autonomía de las mujeres, denunciado las relaciones desiguales de poder y cuestionado que sus cuerpos sean utilizados como instrumentos de negociación. ¿Por qué esas preocupaciones parecen perder importancia cuando el nombre del protagonista pertenece a nuestro espectro político favorito?

La pregunta tampoco es exclusiva del petrismo. La derecha ha demostrado muchas veces la misma capacidad para convertir sus convicciones en excepciones cuando los cuestionados son los propios. Cambian los protagonistas, pero permanece la operación, encontrar una explicación que permita conservar intacta la admiración.

Lo que esto revela no es solamente la hipocresía de unos seguidores, sino una sociedad que ha aprendido a confundir la defensa de los derechos con la defensa de sus dirigentes. Ya no discutimos si una conducta es aceptable; discutimos si nos conviene considerarla inaceptable.

Una denuncia no es una condena y un beso no demuestra corrupción. Pero tampoco la libertad sexual puede convertirse en un salvoconducto para evitar preguntas sobre los recursos públicos.

Quizá el problema de Colombia no sea que sus ciudadanos se escandalicen demasiado por el sexo, sino que hayan aprendido a escandalizarse por las razones equivocadas.

Mientras discutimos quién tiene derecho a meterse en la cama de quién, deberíamos preguntarnos quién está metiendo las manos en los recursos de todos.

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