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Fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) imputaron a cinco personas señaladas por su presunta responsabilidad en los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Los detenidos, al parecer, harían parte de una red de distibución de material de abuso sexual infantil.
Según detalló la Fiscalía General de la Nación, estas personas habrían administrado plataformas virtuales, almacenado y distribuido más de 600 videos y fotografías de abuso sexual infantil. Este material habría circulado en dos grupos privados de mensajería instantánea a los que se ingresaba mediante pago.
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El ente investigador sostiene que, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, “la red compartió imágenes y registros en los que menores de edad eran sometidos a actividades de tipo sexual, a más de 140 contactos que hacían parte de los grupos denominados ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’”.
Asimismo, se conoció que los presuntos implicados también acudieron, de manera individual, a otros espacios virtuales para difundir el contenido sexual a cambio de dinero. Estas personas fueron detenidas por la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional, en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca).
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Los cinco capturados fueron presentados por fiscales de la Uenna ante jueces de control de garantías y les imputaron los delitos correspondientes. Entre ellos se encuentra Milton Darwin Bohórquez Alfonso, el único que aceptó los cargos. La Fiscalía detalló que todos los implicados también recibieron medida de aseguramiento preventiva, mientras avanza el proceso en su contra.
La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, señaló que el ente investigador está fortaleciendo sus capacidades para ponerle la lupa a este tipo de delitos que implican a menores de edad. “Debemos entender que cada imagen o video de abuso sexual infantil constituye una vulneración de derechos y que su almacenamiento, comercialización y distribución prolongan el daño causado a las víctimas. Por eso, fortalecemos las capacidades investigativas, técnicas y de articulación interinstitucional para perseguir estas conductas”, dijo la funcionaria.
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