
El proyecto de ajuste fiscal que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó al Congreso trae varias noticias para el sector salud. La ministra Ana María Vesga celebró la iniciativa como una “apuesta (…) para recuperar el sistema, fortalecer la solidaridad y asegurar nuevas fuentes de recursos para pagar procedimientos, medicamentos y a todo el talento humano”.
Pocos dudan de que el sistema necesita más recursos. “Cuando nosotros estimamos el presupuesto de salud y las necesidades de cara al próximo año (2027), estamos encontrando que hay un hueco financiero del orden de COP 16 billones. Sin embargo, con la adición presupuestal que se aprobó, que inicialmente era de COP 5 billones para salud, pero que quedó en COP 2 billones, estamos ante un hueco de COP 14 billones”, dice Alejandro Escobar, de Sectorial, una firma de análisis económico. “Ahí entra muy bien la reforma”.
Vamos a cotizar más
En primer lugar, el proyecto propone modificar la manera en que trabajadores y empleadores aportan al sistema. Por un lado, espera incrementar progresivamente el porcentaje que se descuenta a los trabajadores con salarios superiores a dos mínimos y, por otro, reducir el umbral hasta el cual los empleadores están exonerados de pagar aportes a salud, Sena e ICBF. Respecto al primer cambio, hoy los trabajadores dependientes aportan el 4 % de su salario a salud, independientemente de cuánto ganen.
Con lo que el Gobierno está proponiendo, quienes ganen hasta dos salarios mínimos (un sueldo que tiene el 75,2 % de los asalariados) continuarían aportando el 4 %. Para esa mayoría de trabajadores formales la cotización en salud continuaría exactamente igual que hoy.
Sin embargo, los trabajadores que devenguen entre más de dos y cuatro mínimos pagarían el 5,5 %; entre más de cuatro y cinco mínimos, el 6 %; entre más de cinco y diez, el 6,5 %; entre más de diez y quince, el 7 %; entre más de quince y veinte, el 7,5 %, y quienes ganen más de veinte salarios mínimos, el 8 %.
Respecto al segundo cambio, hay que explicar que antes de 2014 la cotización a salud era del 12,5 % del salario: 4 % a cargo del trabajador y 8,5 % del empleador. Sin embargo, una reforma tributaria tramitada en 2012 exoneró a determinados empleadores de este último aporte por los trabajadores que ganaran menos de diez salarios mínimos.
Si la nueva reforma se aprueba, esa exoneración se reduciría: se mantendría para trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos, mientras que por encima de ese nivel, los empleadores comenzarían a asumir progresivamente los aportes a salud, Sena e ICBF. Para quienes ganen más de tres salarios mínimos, tendrían que pagar las tarifas completas: 8,5 % a salud, 2 % al Sena y 3 % al ICBF. Con esta medida el Gobierno busca recuperar la participación de la nómina patronal en el financiamiento directo de la seguridad social y el sistema de salud.
A Johnattan García-Ruiz, consultor e investigador en salud global y socio fundador de Decilion, una consultora que trabaja en América Latina y el Caribe, le parecen bien, en principio, los cambios en las cotizaciones. “Creo que una de las cosas de las que se ha dado cuenta el Gobierno es que ese reajuste que se hizo en 2016 realmente no terminó generando más empleo, pero sí una mayor carga para el Estado, que tuvo que asumir los costos de la afiliación y el aseguramiento de una gran parte de la población”. Aunque, advierte, “hay que ver estas iniciativas con cuidado, revisando en detalle los porcentajes, para que no se termine fomentando que sea más barato para las empresas mantener a la gente en un contrato de prestación”.
En un sentido similar opina Escobar. “Veo retos para que algunos elementos del articulado de la reforma se aprueben. Por ejemplo, el cambio en el tema de las cotizaciones a cargo del empleado va a generar que el ingreso disponible de las personas sea menor. En un momento de alta inflación esto puede generar un problema gigante de acceso a los diversos bienes y servicios. La cotización laboral a cargo del empleador también puede generar otro problema: la informalidad, porque contratar formalmente se vuelve más riesgoso”.
Cambios en las cajas de compensación
Una segunda fuente de recursos para la salud provendría de las cajas de compensación familiar. Actualmente, los empleadores aportan el 4 % de la nómina a estas entidades para financiar subsidios familiares y otros servicios para los trabajadores. El proyecto propone que uno de esos cuatro puntos porcentuales se transfiera anualmente a la Adres para financiar el aseguramiento en salud. En la práctica, esto significa que una parte de los recursos que hoy administran las cajas tendría una nueva destinación. La iniciativa también contempla utilizar recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), administrado por las cajas de compensación.
Por una parte, plantea trasladar al aseguramiento en salud los excedentes que tenga acumulados este fondo al cierre de 2026, una vez se hayan cubierto sus obligaciones legales. La transferencia se haría una sola vez. Por otra, autorizaría durante cinco años el uso de saldos del Fosfec que no hayan sido ejecutados ni comprometidos al cierre de cada año para pagar determinadas deudas del sector salud. Estos recursos podrían utilizarse para pagar deudas pendientes de los programas de salud de las cajas de compensación y de las EPS en las que participan, especialmente las que tienen con hospitales, clínicas y gestores farmacéuticos vinculados a ellas.
El proyecto calcula que este mecanismo permitiría saldar cerca de COP 1,5 billones en deudas durante alrededor de cinco años.
Más recursos por impuestos saludables
Finalmente, el proyecto introduce cambios en los llamados “impuestos saludables”, que gravan productos como el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas. En el caso del tabaco, el Gobierno está proponiendo aumentar el impuesto específico a los cigarrillos: por cada cajetilla de 20 unidades pasaría de COP 4.446 en 2026 a COP 7.823 en 2027 y a COP 11.200 en 2028. A esto se sumaría el componente “ad valorem” del 10 % sobre el precio de venta al público. La iniciativa también amplía el gravamen a los productos de tabaco calentado y a los derivados, sucedáneos e imitadores del tabaco, incluidos los vapeadores.
Paul Rodríguez, economista e investigador de la Universidad del Rosario, considera positivo el incremento de los impuestos al cigarrillo y la creación del impuesto a los vapeadores. De hecho, Rodríguez ha concluido, junto con colegas como el economista Guillermo Paraje, que el impuesto para los cigarrillos convencionales debería ser de COP 13.000. Rodríguez señala que existe evidencia de que aumentar su precio contribuye a reducir el consumo y que Colombia tiene margen para elevar su tributación si se compara con otros países (en comparación con sus vecinos, los cigarrillos son relativamente baratos).
En cuanto a las bebidas alcohólicas, la propuesta contempla aumentar del 5 al 19 % el IVA aplicable a los licores. También modifica los componentes específicos y “ad valorem” de los impuestos al consumo de licores, vinos, aperitivos y cervezas. A partir de 2028, estos gravámenes se actualizarían anualmente con la inflación más cuatro puntos porcentuales.
“Aquí ganamos claridad en el diseño. Aunque en el caso del alcohol tenemos dos grupos —los vinos y las cervezas, por separado—, lo que estamos logrando es que tengan el mismo diseño, con un componente específico: el valor que permite que el mercado tenga mayor eficiencia en la gestión de esos impuestos. Al mismo tiempo, desde salud estamos aplicando medidas costo-efectivas”, explica Victoria Soto, directora de Proesa (Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud), un centro de investigación de la Universidad Icesi dedicado a producir evidencia para orientar las políticas en protección social y economía.
Por su parte, el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas tendría cambios en su cobertura. El proyecto propone incluir también las bebidas endulzadas exclusivamente con edulcorantes, aunque no contengan azúcar añadida, y establecer dos tarifas: COP 45 por cada 100 mililitros para las que tengan menos de nueve gramos de azúcar y COP 76 para las que alcancen o superen esa cantidad. Esto comenzaría a aplicarse en 2028.
¿Significan más plata?
Ahora, los expertos hacen sumas y restas. “Cuando uno analiza los cambios en las cotizaciones laborales a cargo del empleado, los ajustes en las cotizaciones a cargo del empleador y las modificaciones del IVA para cigarrillos, bebidas alcohólicas y cerveza, encuentra que todos esos elementos suman alrededor del 0,76 % del PIB, es decir, unos COP 14 billones”, dice Escobar. Sin embargo, no todos esos recursos serían adicionales.
En el caso de las cotizaciones patronales, el proyecto prevé que el incremento de ingresos que recibirá la Adres equivaldrá al 0,38% del PIB en 2027. No obstante, la propuesta establece que la nación reducirá en esa misma proporción (0,38 % del PIB) las transferencias directas que actualmente realiza para financiar el aseguramiento. En la práctica, los “nuevos” recursos pagados por los empleadores e impuestos no amplían la bolsa global de la salud, sino que reemplazan el dinero que antes aportaba el Presupuesto General de la Nación, permitiéndole al Estado reducir su propio gasto.
A esta sustitución se añade que otros tributos (como los de bebidas alcohólicas) no quedan anclados directamente a la Adres. Algunos, explica García, tienen una destinación específica para financiarlo, como ocurre con ciertos aportes de las cajas de compensación y los recursos parafiscales. Otros, en cambio, no tienen esa asignación directa. Es el caso de los impuestos a las bebidas alcohólicas. Aunque el proyecto aumenta el IVA y los impuestos al consumo de licores, vinos, aperitivos y cervezas, no establece que todo el dinero adicional que se recaude por estos conceptos deba transferirse a la Adres.
En ese sentido, el proyecto busca proteger los recursos que históricamente reciben los departamentos y Bogotá por estos impuestos. Para ello, establece que cada entidad territorial conservará un monto equivalente al recaudo que obtuvo en 2026, actualizado anualmente de acuerdo con la inflación.
Los recursos que se recauden por encima de esa suma, es decir, el dinero adicional que se obtenga con los cambios en las tarifas, deberán destinarse a financiar el aseguramiento en salud a través de la Adres. Para ello, los departamentos y el Distrito tendrán que transferir esos excedentes a la entidad dentro de los primeros 15 días del mes.
Además, el Gobierno pretende derogar el artículo 243 del Estatuto Tributario, que establece que 4,4 puntos porcentuales del impuesto de renta que pagan las empresas se destinen a financiar el sistema de salud. Con el cambio, esos recursos dejarían de tener una destinación exclusiva y pasarían a formar parte del presupuesto general de la nación. Esto significa que su asignación al sector salud dependería de las decisiones del Gobierno y ya no estaría garantizada por ley.
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usucapion1000(15667)•10 de noviembre de 2026 – 20:50Todo lo que dice el tigriillo sin clase ni valor, es falso e hipólcrrita en grado sumo. ¿Y todavía le creen?
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Gabrie(17286)•10 de noviembre de 2026 – 05:45Insisto.los ordenadores del gasto el el gremio médico.la solicitud de exámenes sin fundamento.estancias prolongadas. Medicamentos por fuera del POS..procedimientos no indicados.etc etc. el sistema es un barril sin fondo.el negocio de las EPS.la corrupción rampante..reforma estructural Ya .petro tenía razon
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ANDRES(36588)•10 de noviembre de 2026 – 05:13Y en las reformas que aportan las EPS, siempre ocultan cuanto vale la operación y cuánto ganan, aprovechar gobierno de la VERDAD y que sean transparentes, que sean eficientes y cobren lo JUSTO.
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Amaranto De Jesús(v8lb8)•09 de noviembre de 2026 – 20:42Más recursos para el Barril sin Fondo que son las EPS. Cono siempre la supuesta clase media engordando a sectores empresariales.
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usucapion1000(15667)•10 de noviembre de 2026 – 20:53Y para el hacedor de milagros pra sí, y su combo de aduladores. MÁS $ PARA LAS VORACES EPS A COSTA DE PEDRO PUEBLO.
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Carmina Burana(35654)•09 de noviembre de 2026 – 19:48Una reforma tributaria que pagará la clase media. Muy justa para quienes ungieron al mandatario de marras.