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La banda de microtráfico y sicariato a la que le atribuyen cuatro homicidios en Bogotá

La Policía atribuye a la estructura cuatro homicidios relacionados con disputas por el control de puntos de expendio en Bogotá.

Redacción Bogotá
La Policía atribuye a la estructura ‘Illimani’ cuatro homicidios en Bogotá, entre ellos el asesinato de un taxista en Ciudad Bolívar y un doble crimen en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en Suba.
La Policía atribuye a la estructura ‘Illimani’ cuatro homicidios en Bogotá, entre ellos el asesinato de un taxista en Ciudad Bolívar y un doble crimen en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en Suba.

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La venta de estupefacientes y los homicidios selectivos hacían parte de una misma operación criminal en Ciudad Bolívar. Esa es la hipótesis que llevó a las autoridades a investigar durante un año a ‘Illimani’, una estructura señalada de controlar varios puntos de microtráfico en el sur de Bogotá y de recurrir al sicariato para disputar las zonas de expendio. Seis presuntos integrantes fueron capturados en una operación conjunta de la Policía y la Fiscalía.

La investigación incluyó seis diligencias de allanamiento y registro en Ciudad Bolívar, labores de agentes encubiertos y recolección de material probatorio. Con ese trabajo, la Sijín logró identificar la distribución de funciones dentro de la organización y reconstruir parte de su funcionamiento.

Según las autoridades, la estructura tenía presencia en el parque Illimani, en la parte alta de la localidad, el sector conocido como la invasión de la 14 y los alrededores de las estaciones de TransMiCable. En esos lugares comercializaba estupefacientes en cápsulas y papeletas. Sus principales víctimas, de acuerdo con la información policial, eran habitantes en condición de calle.

Oficina de sicariato

Para mantener activo el expendio y evitar los controles policiales, los integrantes de la banda escondían las dosis dentro de las paredes y debajo de las escaleras de viviendas del sector. Cuando advertían la llegada de uniformados, suspendían la venta y se refugiaban en inmuebles cercanos que, según la investigación, ya habían sido coordinados para ese propósito.

Pero el negocio no se limitaba al tráfico de drogas. La Policía le atribuye cuatro homicidios cometidos en Bogotá, relacionados con disputas por el control de los puntos de expendio. Entre los casos que hacen parte de la investigación está el asesinato de un taxista, ocurrido el 15 de enero de 2025 en el barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar.

También figura un doble homicidio registrado el 9 de abril de 2025 en inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba. El ataque dejó otras tres personas lesionadas. Las autoridades relacionan este hecho con las actividades de la estructura, particularmente con estrategias de intimidación y control territorial.

La estructura

Entre los seis capturados está alias ‘Teresa’, señalada como cabecilla de la organización y encargada de coordinar sus actividades. Según la investigación, utilizaba su vivienda como centro de acopio y dosificación de estupefacientes y habría involucrado a integrantes de su núcleo familiar en el transporte de las sustancias hasta los expendedores.

Otro de los señalados es alias ‘Roger’, identificado como segundo al mando. La Policía lo ubica como coordinador logístico del expendio y presunto dinamizador de los homicidios selectivos. El hombre ya estaba detenido desde agosto de 2025, cuando fue capturado en el barrio Sierra Morena por porte ilegal de armas de fuego. Esta vez fue notificado de una nueva orden de captura mientras permanecía recluido en un centro carcelario.

Los otros cuatro capturados son alias ‘La Gorda’, ‘Gancho’, ‘Tratra’ y ‘Perro Loco’, a quienes las autoridades identifican como expendedores de la estructura. La investigación también señala a ‘Gancho’ y ‘Tratra’ de cumplir funciones de campaneros: alertaban sobre los movimientos en las zonas de expendio y, presuntamente, facilitaban la actuación de los sicarios coordinados por ‘Roger’.

La Policía informó que cinco de los seis detenidos registran anotaciones por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, hurto y amenazas. Tras la legalización de las capturas y la imputación de cargos, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades calculan que la organización obtenía rentas criminales cercanas a los COP100 millones mensuales.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.

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