Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El Congreso de la República enfrenta una decisión que trasciende las urgencias fiscales del momento: determinar qué capacidades necesita Colombia para construir su futuro. La denominada Ley de Rescate Económico y las facultades extraordinarias propuestas para reorganizar el Estado abren la posibilidad de transformar profundamente la institucionalidad científica nacional, incluida una eventual integración del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con el Ministerio de Educación. El Gobierno ha solicitado acelerar el trámite legislativo, y el tiempo disponible es limitado. Precisamente por ello, la comunidad científica no debería limitarse a expresar preocupaciones: puede contribuir con análisis técnicos y propuestas concretas que faciliten la toma de decisiones oportunas, responsables y bien fundamentadas.
Conviene recordar que el Ministerio de Ciencia no surgió de una improvisación administrativa. Después de décadas de esfuerzos de universidades, investigadores, academias y gobiernos sucesivos, el Congreso aprobó la Ley 1951 de 2019, mediante la cual se creó esta institución. Posteriormente, ante una decisión de la Corte Constitucional relativa a su estructura orgánica, el Legislativo expidió la Ley 2162 de 2021, que consolidó su existencia y sus competencias. Esta trayectoria refleja una construcción institucional que trascendió las coyunturas políticas y reconoció la importancia del conocimiento para el desarrollo nacional.
Podría interesarle: Desvinculan a una persona en Ministerio de Ciencias por presentar títulos falsos
Sin embargo, existe un hecho particularmente revelador: el ministerio nació sin una asignación adicional para sus gastos de personal y de funcionamiento, frente a los recursos presupuestados para el antiguo Colciencias. Colombia decidió elevar la jerarquía institucional de la ciencia sin dotar inicialmente de recursos administrativos adicionales equivalentes a esa transformación. Desde entonces, la entidad ha enfrentado restricciones presupuestarias e incertidumbres que dificultan la continuidad de sus programas y proyectos. Antes de atribuir sus limitaciones a su condición de ministerio independiente, resulta indispensable distinguir entre problemas de gestión, insuficiencia financiera y dificultades de coordinación institucional.
La educación y la ciencia son inseparables, pero sus responsabilidades son diferentes. La educación forma ciudadanos y transmite conocimientos; la investigación científica genera nuevos conocimientos, desarrolla tecnologías y contribuye a transformar procesos productivos y sociales. Sus aplicaciones abarcan la salud, la agricultura, la energía, la industria, la biodiversidad, la defensa, el medio ambiente y la prevención de desastres. Por ello, cualquier reorganización debe examinar cuidadosamente cómo se preservaría la rectoría transversal de la política científica y su capacidad para articular sectores con necesidades y horizontes distintos.
En un mundo donde la competitividad depende cada vez más de la inteligencia artificial, la biotecnología, los nuevos materiales y las tecnologías avanzadas, Colombia enfrenta el desafío de generar mayor valor agregado a partir de sus recursos y capacidades humanas. No basta con disponer de biodiversidad, minerales, energía o potencial agroindustrial si las tecnologías que permiten aprovecharlos son desarrolladas y controladas predominantemente desde el exterior. La ciencia representa una oportunidad para fortalecer a las empresas nacionales, reducir las dependencias críticas y ampliar las posibilidades de desarrollo en las regiones. Estos resultados exigen inversión sostenida, investigación básica y aplicada, formación de investigadores y vínculos efectivos con el sector productivo.
Desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales reconocemos plenamente la necesidad de recuperar la sostenibilidad fiscal, reducir costos innecesarios y mejorar la eficiencia estatal. También reconocemos que Minciencias requiere ajustes: la simplificación de procedimientos, una evaluación rigurosa de resultados, mayor transparencia, el fortalecimiento regional y una articulación más efectiva entre investigación e innovación. Pero corregir deficiencias administrativas no equivale necesariamente a modificar la rectoría sectorial. Los ahorros que produciría una eventual fusión deben compararse con sus costos de transición y con alternativas como la integración de servicios administrativos, la eliminación de duplicidades y la modernización de procesos.
El trámite legislativo acelerado exige pasar de las declaraciones generales a propuestas verificables. En este contexto, la ACCEFYN plantea poner su capacidad de convocatoria y su experiencia científica al servicio de una Mesa Técnica Académica de Respuesta Inmediata, integrada por especialistas de universidades, academias, centros de investigación y expertos en economía, derecho, administración pública e innovación. Su finalidad sería elaborar, en un plazo breve, un concepto técnico-jurídico sobre las implicaciones de la reorganización propuesta, alternativas de redacción normativa y una evaluación preliminar de opciones para obtener ahorros administrativos, preservando las funciones estratégicas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Esta iniciativa podría ofrecer al Gobierno, a los ponentes y a las comisiones competentes del Senado y la Cámara documentos concretos para su consideración durante el trámite legislativo. La Academia estaría dispuesta a coordinar la elaboración de insumos técnicos, facilitar la participación de especialistas y colaborar en el análisis de alternativas presupuestales e institucionales, respetando plenamente las competencias y decisiones del Congreso. No se trataría de prolongar indefinidamente el debate, sino de aportar elementos útiles al calendario real de la reforma.
La iniciativa también permitiría examinar una cuestión frecuentemente ausente de las discusiones presupuestales: los efectos a largo plazo de las decisiones administrativas. La investigación científica requiere continuidad, estabilidad y capacidades acumuladas. Suspender programas, fragmentar equipos especializados o alterar mecanismos de coordinación puede generar costos difíciles de identificar en los presupuestos de una sola vigencia. Del mismo modo, mantener estructuras ineficientes supone un costo para la sociedad. Ambas dimensiones deben ser examinadas con la misma exigencia técnica.
El Congreso tiene ante sí una responsabilidad que va más allá de aprobar disposiciones para atender la coyuntura fiscal. Las leyes de 2019 y 2021 expresaron una aspiración nacional: reconocer el conocimiento como fundamento de la productividad, el bienestar y la autonomía tecnológica. Las circunstancias actuales permiten revisar cómo se ha cumplido ese propósito, identificar sus deficiencias y considerar ajustes institucionales. Pero también invitan a valorar las capacidades que Colombia ha construido y aquellas que necesita desarrollar durante las próximas décadas.
El tiempo legislativo es breve, pero esa circunstancia no elimina la necesidad de información técnica. Por el contrario, exige que el conocimiento llegue oportunamente a quienes deben tomar las decisiones. La ACCEFYN ofrece su disposición a contribuir a ese propósito mediante documentos, especialistas y propuestas que puedan ser examinados sin dilaciones innecesarias.
La pregunta fundamental no es solo cuánto puede ahorrar Colombia al reorganizar sus instituciones, sino cómo asegurar que las decisiones fiscales de hoy sean compatibles con las capacidades científicas, tecnológicas y productivas que necesitará mañana. El Congreso tiene la oportunidad de responderla con responsabilidad fiscal, memoria institucional y visión de futuro.
*Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN)
👩🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬
Conoce más
-
Gilberto(54899)•10 de noviembre de 2026 – 08:57(Usuario 54899)•Hace 1 hora – Hasta ahora, lo único EVIDENTE -y que se observa atendido VELOZMENTE- ha sido el ROBO de miles y miles de millones de pesos por parte de la mujer del abelardo.
