
Casi dos años después de la muerte de Juan Felipe Rincón Morales, el proceso judicial entra en una etapa clave. Esta semana la Fiscalía formalizó la acusación contra cinco personas señaladas de participar en los hechos que rodearon la agresión al joven, hijo del entonces director de la Policía Nacional, ocurrida el 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.
La acusación, radicada el 7 de julio de 2026 pero formalizada esta semana, abre el camino para establecer responsabilidades individuales de cada procesado y ofrece una reconstrucción más detallada de lo que, según el ente acusador, fue una secuencia de engaños, una golpiza planeada y maniobras posteriores para ocultar elementos de prueba y orientar las declaraciones de una adolescente. Pero hay una claridad fundamental: este proceso no resuelve quién disparó el arma cuyo proyectil acabó con la vida del joven. La Fiscalía no atribuye ese disparo mortal a ninguno de los cinco acusados en este expediente.
Los procesados son Andrés Camilo Sotelo Torres, su hermana Katherin Andrea Sotelo Torres, Jeimmy Tatiana Vega López, Juan Sebastián Ávila Ochoa y Solanggye Trujillo Devia. Según la acusación, deberán responder por distintos delitos relacionados con tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios y soborno en actuación penal. No todos enfrentan los mismos cargos.
El engaño en redes a Juan Felipe al Quiroga
La Fiscalía ubica el primer acercamiento el 13 de noviembre de 2024, cuando un perfil falso saludó a Juan Felipe durante una transmisión en vivo por TikTok. Al día siguiente se creó una cuenta de Instagram que inicialmente aparecía como @katherin.sotelotorres y luego cambió su nombre visible. Desde allí se habría intensificado el contacto con Rincón, a quien le enviaron fotografías de una adolescente de 16 años y buscaron ponerlo en contacto con otro perfil que presuntamente manejaba la menor.
La hipótesis de la Fiscalía es que la adolescente fue utilizada para atraer al joven hasta una vivienda del barrio Quiroga. En el documento se atribuye esa estrategia a Andrés Camilo Sotelo, Katherin Andrea Sotelo y Jeimmy Tatiana Vega. Posteriormente se habrían sumado Juan Sebastián Ávila y Solanggye Trujillo.
La supuesta conducta sexual detrás de la represalia
Según el escrito, Katherin Sotelo les dijo a los demás que Juan Felipe había sostenido conversaciones o videollamadas de contenido sexual con su hija de 10 años. Sin embargo, la Fiscalía señala que los otros participantes no tenían conocimiento directo de esos supuestos hechos ni contaban con pruebas para corroborarlos. Aun así, habrían aceptado esa versión como justificación para organizar una represalia.
El plan, de acuerdo con la acusación, consistía en someter a Rincón a una golpiza, sin que se hubiera establecido un límite claro para la intensidad de la agresión, y quitarle el celular para venderlo y repartir el dinero. La Fiscalía sostiene que la adolescente fue instrumentalizada para cumplir la tarea de acercarlo al grupo. La defensa, por su parte, ha cuestionado esa interpretación y sostiene que la menor actuó voluntariamente.
El primer intento de llevarlo a la vivienda habría ocurrido el 23 de noviembre, durante el cumpleaños de Katherin, pero no prosperó. Según la Fiscalía, cambiaron entonces de estrategia: la adolescente se encontró con Rincón en el centro comercial Titán y pasó la noche en su casa. En la madrugada del 24 de noviembre contactó a Katherin, quien habría participado en una videollamada haciéndose pasar por la hermana mayor de la joven, para convencerlo de ir al Quiroga, supuestamente a desayunar.
Golpiza al desayuno
El plan habría encontrado un obstáculo cuando Juan Felipe salió en su motocicleta acompañado por la adolescente, pero se desvió para encontrarse con su escolta. Pese a esa novedad, la Fiscalía sostiene que Katherin les indicó que continuaran con el plan. Si no conseguían llevar a Rincón hasta la vivienda, debían hacerlo llegar al coliseo o parque del barrio. Los demás procesados se habrían desplazado hasta ese lugar para esperarlo.
El documento de la Fiscalía ubica el encuentro en el coliseo de la calle 32 sur con carrera 22. Katherin habría llegado primero y dio instrucciones a los demás sobre dónde debían ubicarse. También habría gritado a los vecinos que estaba por llegar un “violador”, con la intención de que se sumaran a la agresión.
Cuando Juan Felipe llegó, se disculpó con Katherin, porque no podía quedarse a desayunar y tenía que irse. Ella habría sido la primera en golpearlo. Después se sumaron los demás procesados, quienes, según el relato de la Fiscalía, lo atacaron con puños, patadas y objetos contundentes.
Dos personas que se acercaron durante el episodio, identificadas como Sebastián Correal Ramos y Cristian David Ortiz Castro, no habrían participado en la golpiza. En medio de la agresión, el escolta Sergio Felipe Rico se identificó como policía y desenfundó su arma de dotación. La Fiscalía sostiene que realizó disparos de advertencia, pero que la agresión continuó.
Los disparos hirieron a Andrés Camilo Sotelo y a Sebastián Correal. Por otro lado, Juan Felipe murió en el lugar por un trauma severo causado por un proyectil que comprometió estructuras vitales del tórax. El expediente también recoge lesiones contundentes en la cabeza, la espalda y las extremidades.
La identificación de quién accionó el arma que produjo la lesión mortal sigue siendo una pregunta sin resolver en este proceso; la acusación que ahora enfrentan estas cinco personas tiene que ver con la golpiza previa a los disparos y las conductas posteriores.
El recorrido del celular y el intento de orientar el testimonio de la menor
La Fiscalía también reconstruye lo que habría ocurrido con el teléfono de Juan Felipe después de la agresión. Según el escrito, Katherin se apoderó del dispositivo durante la confusión y lo ocultó. Luego se lo habría entregado a la adolescente, quien habría recibido instrucciones para pasárselo a Juan Sebastián Ávila.
Ávila, de acuerdo con la acusación, envolvió el celular en papel aluminio para impedir su rastreo y lo trasladó desde el Quiroga hasta el sector de Potosí, en Ciudad Bolívar. Katherin habría ocultado a las autoridades que tenía el teléfono durante las primeras actuaciones y entregó únicamente un arma traumática que, según la Fiscalía, Andrés Camilo habría utilizado para agredir a Rincón.
Después de conocer la captura de Andrés Camilo, los involucrados habrían decidido devolver el celular. El documento señala que el dispositivo fue entregado al día siguiente a través de la pareja sentimental de Katherin. A ese episodio se suma una presunta maniobra para influir en el testimonio de la adolescente.
La Fiscalía sitúa el 25 de noviembre, un día después de la muerte de Juan Felipe, una comunicación entre Jeimmy Tatiana Vega, Katherin y la menor. Según la acusación, las mujeres le habrían ofrecido dinero para que declarara a favor de Andrés Camilo y omitiera información sobre lo ocurrido. Entre las instrucciones que la Fiscalía les atribuye estaban presentar a Juan Felipe como un violador, no mencionar el plan de la golpiza y ocultar detalles sobre la participación de Katherin y los demás involucrados.
Las pruebas y controversias que marcarán el juicio
Los cargos fueron distribuidos de manera distinta entre los cinco procesados. Andrés Camilo Sotelo Torres fue acusado por tortura y uso de menores para la comisión de delitos. Katherin Andrea Sotelo Torres enfrenta esos mismos cargos, además de ocultamiento de elemento material probatorio y soborno en actuación penal. Jeimmy Tatiana Vega López fue acusada por tortura, uso de menores y soborno; Juan Sebastián Ávila Ochoa, por tortura, uso de menores y ocultamiento de elemento material probatorio. A Solanggye Trujillo Devia se le atribuyen tortura y uso de menores.
Para respaldar su hipótesis, la Fiscalía anunció que cuenta con 78 testigos, funcionarios, investigadores y expertos, además de videos, registros de cámaras, análisis de perfiles y comunicaciones en redes sociales, interceptaciones telefónicas, estudios balísticos y peritajes forenses. Que estos elementos aparezcan en el escrito no significa que ya hayan sido admitidos: esa decisión se tomará en la audiencia preparatoria.
El documento también deja dos actuaciones pendientes: una caracterización victimológica de Juan Felipe y la extracción de información del celular incautado a Katherin. Este último punto tiene especial importancia por el papel que, según la Fiscalía, tuvo el teléfono en el contacto inicial, el plan para quitárselo y el posterior intento de ocultarlo.
Otro asunto que podría incidir en el desarrollo del juicio es la situación de Juan Sebastián Ávila. El escrito señala que, cuando se presentó la acusación, existían conversaciones para un eventual preacuerdo o principio de oportunidad. La Fiscalía habría radicado el documento para evitar el vencimiento de términos mientras continuaban esas negociaciones. Además, lo menciona como un eventual testigo de la entidad si se tramita el principio de oportunidad.
Esto no significa que Ávila haya aceptado responsabilidad ni que exista un acuerdo aprobado. Pero sí abre un interrogante sobre el alcance de esas conversaciones y sobre el papel que podría desempeñar en el proceso: actualmente está acusado, pero el escrito lo contempla como eventual testigo de la Fiscalía si se concreta el principio de oportunidad.
La etapa que comienza tendrá que resolver esas preguntas y contrastar las versiones de la Fiscalía con las de las defensas. Una de las controversias centrales será la calificación de los hechos como tortura. El abogado Saúl León, defensor de algunos de los procesados, ha considerado que esa imputación es excesiva y ha insistido en que la adolescente participó voluntariamente, en lugar de haber sido instrumentalizada.
La discusión judicial también tendrá que precisar qué hizo cada uno de los acusados, qué pruebas respaldan esos señalamientos y qué ocurrió con el disparo que mató a Juan Felipe. La acusación permite seguir el rastro de un plan que, según la Fiscalía, comenzó en redes sociales y continuó después de la agresión con maniobras para ocultar información. Pero el juicio apenas empieza a poner esas hipótesis a prueba.
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Rivas(7913)•11 de noviembre de 2026 – 08:57Difícil creer que unos jalonazos y unos puños puedan ser considerados como tortura. También es difícil de creer que si solo hubo una persona que disparó, no haya un acusado por el asesinato. A cambio, acusaciones endebles y traídas de los cabellos.