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Consulta previa y cambio climático: la orden de la Corte que heredó De la Espriella

Quedan cuatro meses para que la orden de la Corte, que pidió incluir el cambio climático en las evaluaciones de impacto ambiental, entre en período de incumplimiento. El gobierno anterior actualizó uno de los documentos que se necesitaban para cumplir la sentencia, pero aún hay varios pendientes y el gobierno está tomando medidas que parecen ir en otro sentido, como la de modificar la consulta previa.

El Manantial de Cañaverales es una reserva forestal de San Juan del Cesar y se encuentra a menos de dos kilómetros del punto en el que se construiría la mina.
Imagen de referencia. Hoy la consulta previa es un prerrequisito para radicar una solicitud de licencia ambiental.
Foto: Camilo Andrés Suárez Riaño

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La semana pasada, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Sergio Piñeros, anunció dos medidas con las que el Gobierno busca acelerar los procesos de licenciamiento ambiental en Colombia. Se trata de la modificación de la metodología que utilizan las empresas para evaluar los impactos ambientales de sus proyectos y de un decreto para permitir que la consulta previa se haga al mismo tiempo que la evaluación de las licencias ambientales.

Su intervención fue durante la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, en Cartagena. Con estas medidas, aseguró, “no se está flexibilizando” la normativa ambiental, sino que “se están optimizando los tiempos” para poner en marcha proyectos energéticos, de hidrocarburos y de infraestructura. Dijo, además, que hoy hay “un tren de requisitos” que retrasan la aprobación de licencias ambientales.

Uno de los documentos que pretende modificar Piñeros es la metodología de estudios de impacto ambiental (Mgepea), que fue actualizada por el gobierno de Gustavo Petro a pocos días de terminar su mandato, el 28 de julio. Dos años atrás, la Corte Constitucional le había dado al gobierno la orden de hacerlo e incluir el cambio climático dentro de las evaluaciones ambientales, en las que se define si se aprueba o no la realización de un proyecto. Ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella está haciendo “una revisión de fondo”, de acuerdo con el funcionario.

La segunda medida a la que se refirió el director de la ANLA también se relaciona con esa decisión de la Corte, pues allí se pidió elevar los estándares de protección de derechos humanos en los procesos de licenciamiento ambiental, como la participación de las comunidades en la consulta previa. La modificación que anunció Piñeros, y sobre la cual ya existe un proyecto de decreto, parece ir por otra vía: “La consulta previa no puede ser un requisito para iniciar el trámite de la licencia ambiental”, afirmó el director de la ANLA.

Pero hay un sector que ha seguido de cerca el avance de los cambios en el licenciamiento ambiental y las consultas previas en Colombia al que no le suenan. Tanto Dejusticia como a Ilex Acción Jurídica y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) coinciden en que las medidas que está tomando el Gobierno parecen ir en contravía “de los estándares que ha planteado la Corte Constitucional” sobre estos temas, como señala Paulo Ilch Bacca, investigador de Dejusticia y docente de la Universidad Javeriana.

Con estas medidas, apunta Rosa Mateus, investigadora del Cajar, “lo que estamos viendo es cómo el Gobierno ha entrado con una premura por revocar absolutamente todas las resoluciones y todo lo que se ha hecho, incluso en el marco del cumplimiento de sentencias”.

El Ministerio de Ambiente, por el contrario, defiende las ideas del director de la ANLA: “La propuesta normativa se orienta exclusivamente a ajustar las condiciones y etapas del trámite de licenciamiento ambiental, con el propósito de mejorar su eficiencia y articulación institucional, sin desconocer los derechos de las comunidades étnicas ni los estándares establecidos por la Corte Constitucional”, señala esa cartera en sus respuestas a El Espectador.

Dos metodologías en disputa

La metodología que el gobierno de Gustavo Petro publicó en julio les pide a las empresas que quieran desarrollar proyectos en Colombia que incorporen varias medidas solicitadas por la Corte. Por ejemplo, que establezcan planes de mitigación y adaptación al cambio climático, considerando escenarios en los que se desarrolle el proyecto y se materialicen sus impactos, y otros en los que no se lleve a cabo el proyecto.

Sibelys Mejía Rodríguez, abogada y coordinadora de la línea de Territorios y Justicia Ambiental de Ilex, tiene un ejemplo que, a su parecer, ilustra la importancia de los escenarios de adaptación. Pide imaginar un municipio que otorga una concesión para el uso del agua del río. “Ese río hoy tiene una capacidad de 100 unidades. La empresa usa 50 y la comunidad las 50 restantes. Pero en 10 años la capacidad de ese río ya no será de 100, sino de 80, porque sabemos que habrá temperaturas más altas y sequías más prolongadas”, explica.

En ese caso, si las condiciones del proyecto se mantienen igual, la empresa seguiría utilizando 50 unidades de la capacidad del río, pero la comunidad solo tendría acceso a 30, afectando la disponibilidad de agua para ese municipio.

Para evitar esos perjuicios, la Corte, entre otras cosas, pidió en la Sentencia C-280 de 2024 que se incluyeran mediciones que permitieran prever y mitigar los impactos del cambio climático en los ecosistemas y comunidades en los que se desarrollan proyectos como los de minería o hidrocarburos.

“Esto permite entender mejor cómo se va a relacionar un proyecto en períodos futuros, teniendo en cuenta factores como la variabilidad del agua u otros elementos asociados al cambio climático”, añade Sofía Villalba, investigadora de Dejusticia. Para ella, incluir esos aspectos fue una de las novedades en la metodología de las evaluaciones de impacto ambiental.

Esa normativa, publicada por el gobierno Petro, incluye un régimen de transición para las empresas. Las que hayan iniciado sus estudios de impacto ambiental antes de julio tendrán 18 meses para presentar la solicitud de licenciamiento ante la ANLA bajo la metodología anterior, que es de 2018. Todas las empresas que hayan iniciado sus mediciones después de esa fecha deberán acogerse a la metodología que incluye el cambio climático. Estos plazos se establecieron considerando que en febrero de 2027 la Corte empezará a exigir el cumplimiento de la sentencia de 2024.

Pero, contrario a lo que buscaba ese camino que trazó el gobierno anterior, Piñeros aseguró en Cartagena que durante esta semana se publicaría una medida que permitiría a las empresas elegir entre la nueva metodología y la metodología de 2018, que no incluye el cambio climático, mientras se termina “la revisión de fondo” del documento publicado en julio. Sin embargo, todavía no está claro cuáles son las modificaciones que se harían tras ese proceso.

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Se acaba el plazo del Gobierno

Mejía, de Ilex, considera que la normativa que dejó el gobierno anterior tiene algunos avances “valiosos” frente a lo que ordenó la Corte. Uno de esos es la exigencia de que las empresas evalúen las vulneraciones a los derechos humanos que su proyecto podría ocasionar en las comunidades y establezcan acciones para prevenirlas, algo que a ojos de la abogada “eleva el estándar de protección a las comunidades”.

Otro punto fundamental de esa metodología, señala Mateus, del Cajar, es que “se exigen mediciones de los gases que afectan la capa de ozono” en cada proyecto. Se refiere a las emisiones de dióxido de carbono o metano que generan algunas actividades, como el uso de combustibles.

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No obstante, el documento que dejó el anterior gobierno también omitió algunos puntos importantes, de acuerdo con las investigadoras. Villalba considera que debería incorporar un estándar para medir qué es una vulneración de los derechos humanos, “tal como ocurre con los impactos ambientales”. Talar un árbol, por ejemplo, es un impacto ambiental. Talar 10 genera un impacto mayor. El documento, sin embargo, no deja claro qué se considera una vulneración al derecho a la vida digna o a un ambiente sano. Sin ese estándar, apunta la investigadora de Dejusticia, podrían presentarse “valoraciones subjetivas” sobre cuándo se vulnera o no un derecho humano.

Perforarán el primer pozo en la provincia gasífera del Caribe colombiano.
Imagen de referencia. La discusión llega en un momento en el que el Gobierno quiere acelerar varios proyectos en el país.
Foto: Cortesía Ecopetrol

Pero el vacío más grande que deja la metodología no está en la resolución que se publicó en julio, asevera Mateus, sino en los documentos que deberían actualizarse a la par de esta. La metodología “es un marco general, una sombrilla que se complementa con otros documentos”, advierte la abogada del Cajar, que hasta ahora no se han actualizado.

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Se refiere a los términos de referencia que debe seguir cada sector para evaluar los impactos ambientales, dependiendo de si es un proyecto de extracción de petróleo, uno de explotación minera o uno de generación de energía renovable. “Hay 54 términos de referencia sectoriales vigentes”, según Mejía, y la actualización de cada uno podría tomar hasta dos años. Hasta ahora, apenas se han publicado dos términos de referencia que mencionan directamente las exigencias de la Sentencia C-280 de 2024, que son los de pequeña minería y los de proyectos geotérmicos.

Al preguntarle al Minambiente sobre estos puntos, asegura que está trabajando en la actualización de estos documentos, pero que no tiene claridad sobre cuánto podría tardar ese proceso. Los tiempos, explican, “dependerán del alcance y la complejidad de los ajustes requeridos para cada instrumento, así como de las etapas técnicas y normativas correspondientes”.

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Mientras eso sucede, el tiempo apremia: en febrero de 2027 se cumplen los dos años que le dio el alto tribunal al Minambiente para tomar todas las medidas necesarias para incluir el cambio climático en el proceso de licenciamiento ambiental. Es decir, si todos los documentos no están actualizados y las entidades listas para empezar a aplicarlos, “ya podríamos hablar de un incumplimiento de la sentencia”, señala Mejía.

Un panorama incierto para la participación comunitaria

Como contamos en El Espectador, el gobierno de Abelardo de la Espriella llegó con la intención de hacer una “transformación” a los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental. Ya publicó un borrador de decreto para comentarios, en el que plantea que la consulta previa y la licencia ambiental sean procesos paralelos y no que el primero sea requisito para radicar el segundo.

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Además, se publicó una directiva presidencial en la que se hacen varios cambios al proceso de consulta previa, como el hecho de que el Ministerio del Interior ahora podrá determinar el cierre administrativo de uno de estos procesos en los casos en los que no se logre un acuerdo entre las empresas y las comunidades.

Paulo Ilch Bacca, investigador de Dejusticia, sostiene que las medidas que plantea el Gobierno para modificar la consulta previa “están yendo en contra de los estándares que ha planteado la Corte Constitucional sobre este derecho”. Lo correcto para él es hacerlo por medio de una ley estatutaria a través del Congreso, que tendría que superar ocho debates. Además, “la directiva presidencial no tiene ningún peso respecto a la jurisprudencia de la Corte”.

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Pero, más allá de la discusión sobre si las decisiones del Gobierno pasarían una revisión de constitucionalidad, Villalba y Bacca, de Dejusticia; Mejía, de Ilex, y Mateus, del Cajar, tienen una preocupación adicional: que las medidas entorpezcan la implementación de la sentencia que pide incluir el cambio climático en el licenciamiento ambiental. “Se está planteando un debilitamiento del mecanismo de la consulta previa, permitiendo que vaya en paralelo a la solicitud de licencia ambiental y sin dejar claro en qué punto se articulan”, advierte Mejía.

El Ministerio de Ambiente ve de otra forma las propuestas de modificación a la consulta previa que ha hecho el Gobierno. La entidad asegura que no quiere modificar la esencia del derecho a la consulta previa y que “no busca sustituir, limitar ni flexibilizar las garantías de la consulta previa, sino armonizar los tiempos de la evaluación ambiental con el ejercicio efectivo de este derecho fundamental, bajo criterios de eficiencia administrativa, seguridad jurídica, participación efectiva y respeto de los estándares constitucionales e internacionales de protección de los derechos humanos”.

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La Defensoría del Pueblo es otra de las entidades que tiene reparos a la vía que está tratando de sacar adelante el Minambiente. En un documento de comentarios enviados a esa cartera sobre el proyecto de decreto, advierte que “en su versión actual”, el documento “presenta objeciones de relevancia constitucional. Aunque los considerandos afirman que la regulación no modifica el contenido sustantivo del derecho fundamental, algunas de sus disposiciones establecen cargas de comparecencia, términos preclusivos y consecuencias jurídicas que pueden limitar la posibilidad de que determinadas comunidades sean identificadas, escuchadas y consideradas en la decisión sobre procedencia”. Además, la Defensoría le indica al Minambiente que el decreto debería someterse a un proceso de consulta previa antes de su publicación definitiva.

A pesar de esto, Piñeros, director de la ANLA, dijo que ya estaba listo el decreto para poner en marcha esta medida y que se publicaría en los próximos días. Tanto la metodología como la consulta previa, en palabras de Mateus, son parte de “la base” que ha creado la Corte para garantizar el cumplimiento de la evaluación de los impactos ambientales en Colombia, que ahora debe incluir el cambio climático. Sin embargo, Mateus y Bacca, del Cajar y Dejusticia, coinciden en que el actual Gobierno “quiere revocar parte de los avances claves” que se han logrado en este tema.

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*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador y Dejusticia.

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Andrés Mauricio Díaz Páez

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación. diazporlanoche amdiaz@elespectador.com
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Comentarios
  • UnaVezMás(22193)•10 de noviembre de 2026 – 21:38
    Todo para entregarle en bandeja de plata los minerales al mono pecueco y dejar al país vuelto mierda. No pasarán!
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