La Troncal de los Andes lleva nueve años tratando de salir adelante entre los anuncios, los trámites y las controversias ambientales. El proyecto, concebido para conectar la Autopista Norte con el occidente de Chía y aliviar la consabida congestión, recibió un nuevo impulso judicial el 30 de octubre, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclaró el alcance de las medidas que pesaban sobre la obra y habían impedido su avance.
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La decisión fue notificada el 9 de noviembre y, según anunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, desde el día siguiente la concesionaria podía reanudar los trabajos autorizados. La noticia despeja una parte del panorama, pero no resuelve toda la discusión. El Tribunal precisó que la suspensión de actividades se mantiene sobre el cuerpo de agua ubicado en el predio San Jacinto (del que se discute si es o no un humedal) y no sobre la totalidad del terreno ni sobre las demás áreas del proyecto.
También aclaró que pueden ejecutarse las obras amparadas en diciembre de 2025 por la modificación de la licencia ambiental expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Al mismo tiempo, ordenó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizar una nueva caracterización ambiental del cuerpo de agua y dejó abierta una posibilidad: si se confirma que es un humedal, el proyecto debe estudiar un trazado alternativo. Es decir: la Troncal puede avanzar por el trazado modificado, pero no tiene vía libre para intervenir el ecosistema cuya protección originó el litigio.
Una conexión para que el trancón deje de ser la norma
La Troncal de los Andes hace parte de la primera fase del proyecto de ampliación de los corredores de acceso del norte de Bogotá. Su desarrollo está a cargo de la concesionaria Accesos Norte S.A.S. y contempla una vía de doble calzada de 3,4 kilómetros que conectará el sector del peaje de Los Andes, sobre la Autopista Norte, y el occidente de Chía. El proyecto incluye dos puentes sobre el río Bogotá.
Uno de los puntos que busca aliviar es la avenida Pradilla, corredor que concentra buena parte de los desplazamientos entre Bogotá, Chía y otros municipios de la Sabana. El proyecto también busca facilitar la movilidad hacia la vía Devisab, que recorre buena parte de Cundinamarca. La iniciativa comenzó a tomar forma en 2017 y obtuvo su licencia ambiental en 2018, iniciado así un camino de discusiones y debates técnicos y ambientales que casi diez años después siguen sin solucionarse del todo. La discusión sobre el impacto de su trazado terminó trasladándose a los tribunales y a las autoridades ambientales.
El cuerpo de agua que llevó el proyecto a los tribunales
El conflicto se concentra en un cuerpo de agua ubicado en el predio San Jacinto, en Chía. En el área hay canales, meandros y zonas inundables que han sido objeto de distintas interpretaciones técnicas. Para quienes han advertido sobre los riesgos ambientales de la obra, el sistema cumple funciones de regulación hídrica y alberga fauna y flora que sufrirían un riesgo inminente ante las intervenciones planteadas. La discusión principal ha sido si debe reconocerse formalmente como un humedal.
El Tribunal precisó que el cuerpo de agua de San Jacinto es de carácter artificial, hecho que no le resta valor ambiental. Por eso, consideró acreditada una amenaza a derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, el equilibrio ecológico y la conservación de especies. La providencia no lo reconoce definitivamente como humedal: esa clasificación deberá establecerla la CAR, a partir de una nueva caracterización del lugar.
La controversia llegó a la jurisdicción administrativa mediante una acción popular promovida por la Personería Municipal de Chía. En marzo de 2021, el Tribunal adoptó medidas cautelares que restringieron intervenciones en el cuerpo de agua. En enero de 2022 se levantó parcialmente la suspensión de los efectos jurídicos de la licencia, pero se mantuvieron las restricciones sobre las obras y actividades relacionadas con el cuerpo de agua.
En diciembre de 2025, la ANLA modificó la licencia. La decisión, confirmada en marzo de 2026 incorporó un trazado modificado para evitar la intervención directa del cuerpo de agua. La concesionaria y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solicitaron que se levantara la medida cautelar, pero en marzo de este año el Tribunal negó esa petición.
Qué aclaró el Tribunal y qué puede avanzar
La providencia del 30 de octubre respondió a varias solicitudes de aclaración presentadas por las partes. Uno de sus puntos centrales fue precisar el alcance geográfico de la suspensión: la medida se mantiene sobre el cuerpo de agua localizado en San Jacinto, identificado con una cédula catastral específica. No se extiende automáticamente a todo el predio, sus alrededores o las demás unidades funcionales de la obra.
Eso no equivale a que el Tribunal haya declarado que todos los asuntos ambientales están resueltos ni que haya revisado de fondo la legalidad de esas resoluciones. La decisión se refiere al alcance de la medida cautelar y a las condiciones para cumplir la sentencia. Por eso, mientras se desarrollan las obras licenciadas, siguen vigentes las restricciones específicas sobre el cuerpo de agua y las obligaciones de protección ordenadas a las autoridades.

Los estudios que pueden cambiar el rumbo
La CAR tiene un plazo máximo de seis meses, contado desde la ejecutoria de la providencia, para realizar una nueva caracterización del cuerpo de agua. No se trata únicamente de una visita de inspección. El Tribunal estableció tres componentes que deberán integrar el análisis: una revisión multitemporal de imágenes satelitales para reconstruir la evolución del lugar desde 1939 hasta la actualidad; un estudio hidrodinámico que compare las condiciones con y sin el Jarillón que actualmente tiene y un inventario biótico detallado, con especial atención a especies endémicas y amenazadas.
Dos caminos
Si la CAR concluye que el cuerpo de agua no debe ser reconocido como humedal, la medida cautelar sobre las obras podrá levantarse. Sin embargo, esa posibilidad no es automática: las intervenciones solo podrán ejecutarse cuando Chía y la CAR hayan adoptado las medidas de protección ordenadas y se hayan implementado las medidas del Plan de Manejo Ambiental.
Por otra parte, si la caracterización confirma que debe catalogarse como humedal, el proyecto tendrá que priorizar la integridad del ecosistema sobre el diseño original. En ese escenario, Accesos Norte deberá presentar ante la ANLA un Diagnóstico Ambiental de Alternativas que contemple un nuevo trazado para evitar el cuerpo de agua y respetar así la Zona de Protección Hídrica definida en el Plan de Ordenamiento Territorial de Chía y en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Bogotá.
La protección no depende solo de la clasificación
Hay otra obligación que seguirá vigente incluso si la CAR concluye que San Jacinto no es un humedal. El Tribunal ordenó a la Alcaldía de Chía mantener la afectación del cuerpo de agua como Zona de Protección Hídrica en la modificación del POT. La instrucción se apoya en un concepto técnico de la CAR de marzo de 2021, que ubicó el terreno dentro de la ronda del río Bogotá y advirtió la presencia de tingua moteada, una especie cuyo estado de conservación requiere seguimiento.
La Alcaldía y la CAR también deberán adoptar medidas de protección y conservación, adelantar las actuaciones administrativas necesarias y desarrollar actividades pedagógicas con la comunidad del entorno. Para vigilar el cumplimiento, el Tribunal incluyó a Accesos Norte en un comité liderado por la Procuraduría e integrado por la Personería de Chía, la Alcaldía, la CAR, la ANLA y la ANI. El grupo tendrá que presentar informes cada tres meses.
La Troncal de los Andes fue concebida para aliviar una conexión vial en la que los trancones hacen parte de la rutina de miles de conductores. Nueve años después, la obra sigue sin resolver esa necesidad y enfrenta una definición que va más allá de los tiempos de ejecución: si el cuerpo de agua de San Jacinto debe ser reconocido como humedal, el proyecto tendrá que estudiar un trazado que lo evite. La salida a la congestión no puede resolverse sin considerar lo que se perdería si la vía compromete ese entorno.
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Rafael(12320)•12 de noviembre de 2026 – 09:53Esto es de no creer.