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A pocos días de que se cumplan diez años de la histórica firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc, el país atraviesa escenarios de violencia, conflicto y deterioro de la implementación de lo que se pactó en La Habana. En medio de ese contexto, la Defensoría del Pueblo publicó un informe en el que recoge los principales avances en el tema, pero también las dificultades que persisten y amenazan con arraigarse.
El documento que fue presentado este miércoles, 11 de noviembre, por la defensora Iris Marín evalúa los procesos de reincorporación de excombatientes, así como la puesta en marcha de programas clave para la implementación del Acuerdo. Aunque estos puntos han sido reconocidos como fundamentales e importantes en la historia del conflicto del país, la entidad también examina los desafíos de seguridad y violencia armada contra los firmantes de paz, un asunto que ha sido el gran lunar de un proceso que inició en 2016.
Dentro de los avances más significativos está el fin del conflicto armado y la dejación de armas con las Farc. Ese proceso quedó condensado en lo que hoy conocemos como el punto 3 del Acuerdo de Paz. Tras meses de conversaciones, reuniones y debates se logró un consenso para que la guerrilla más antigua del continente dejara de existir como grupo armado y avanzara hacia la participación política.
De esta manera, en 2017, más de 14 mil firmantes entregaron sus fusiles y más de 37 toneladas de material de guerra que se convirtió en obras de arte. "El proceso no ha sido fácil: ha estado marcado por las diferencias políticas y 521 firmantes han sido asesinados, en medio de un contexto de persecución y violencia. Otros cientos desertaron del proceso de paz y volvieron a las armas. Aun así, alrededor de 11.000 personas siguen en su proceso de reincorporación", destacó el informe.
El documento también resalta como un logro que cerca del 76% de los firmantes continúen en sus procesos de reincorporación hacia la vida civil a través de 6.206 proyectos productivos.
Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha enfrentado críticas con respecto a su gestión en los últimos años, la Defensoría destacó su trabajo como un aspecto fundamental para la implementación del Acuerdo de Paz. "La JEP adelanta 11 macrocasos y ha emitido 5 condenas sobre crímenes sistemáticos de extrema gravedad como lo son los secuestros cometidos por las extintas FARC-EP y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública. En este marco, máximos responsables han reconocido responsabilidad y solicitado disculpas a las víctimas", dice el documento.
A pesar de los avances en los últimos diez años, la Defensoría también advierte sobre los retos y las dificultades para lograr una implementación integral del Acuerdo de Paz. Dentro de ese contexto, la entidad resalta los graves desafíos de seguridad y violencia armada que azotan a distintos territorios del país. Entre 2016 y junio de 2026, se registraron 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos y 521 asesinatos de firmantes de paz (con un aumento del 38,5 % en los homicidios de firmantes en 2025).
Asimismo, la respuesta estatal a las alertas tempranas en prevención y protección registra un cumplimiento de apenas el 51,57 %, lo que refuerza la declaración de Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración de derechos de los firmantes. Las dificultades para cumplirle a las víctimas también fue un punto que destacó el informe de la Defensoría. De 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, solo el 4,6 % ha culminado su plan, y en los municipios PDET apenas se ha ejecutado el 14,4 % de las acciones. Cerca de 8 de cada 10 víctimas no han tenido acceso a atención psicosocial debido a fluctuaciones y falta de financiación estable.
Para hacerle frente a las dificultades que se identificaron en el informe, la Defensoría lanzó una serie de recomendaciones como mantener la paz como una política de Estado, fortalecer la protección de líderes y firmantes, garantizar la reparación integral a las víctimas, acelerar la reforma agraria y la sustitución de cultivos.
"El Gobierno debe implementar el Acuerdo no solo porque le conviene, sino también porque es su obligación y porque es la palabra empeñada del Estado. Se ha venido insistiendo en que el nuevo Gobierno tiene en el Acuerdo una hoja de ruta para el desarrollo del país, con paz y seguridad. Su implementación puede ser, además, un punto de encuentro para el pueblo colombiano, tan polarizado por estos días", apuntó la defensora Iris Marín durante la presentación del documento.
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