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Han pasado 41 años desde la tragedia de Armero provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz y en el país el desplazamiento y la reubicación de las víctimas todavía están marcados por la fragmentación familiar y comunitaria, el desarraigo y las dificultades para acceder a vivienda digna, servicios básicos y seguridad jurídica. Así lo documentó la Defensoría del Pueblo.
El 13 de noviembre de 1985, la erupción del volcán provocó una avalancha que arrasó el municipio de Armero. El evento dejó entre 21.000 y 28.000 personas fallecidas; entre 3.000 y 4.000 desaparecidas y desaparecidos, incluidos más de 400 niños y niñas, y entre 4.000 y 12.000 sobrevivientes. A raíz de la destrucción de todo el casco urbano obligó que las familias se trasladaran a Lérida, Ibagué, Bogotá y Medellín. En ese tránsito, las personas perdieron sus hogares, bienes y medios de subsistencia.
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"Las deficiencias en la planificación de estos procesos y la falta de soluciones integrales prolongaron las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades afectadas", señaló la Defensoría del Pueblo para indicar que la tragedia no es un hecho del pasado, pues sus consecuencias persisten hasta hoy.
El año pasado, la entidad presentó una investigación sobre la tragedia y formuló 23 recomendaciones. Del total, solo una se ha cumplido completamente, 15 presentan avances parciales y siete continúan incumplidas. "A un año de su presentación, el seguimiento muestra avances limitados y varios compromisos pendientes, especialmente en materia de restitución material, vivienda, salud mental y búsqueda de personas desaparecidas", señaló la Defensoría.
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Dentro de las recomendaciones con un cumplimiento parcial están las relacionadas con el censo y la caracterización de sobrevivientes, acciones afirmativas, declaratoria de bienes de interés cultural, creación del Centro de Memoria Histórica, reglamentación y financiación de las leyes 1632 de 2013 y 2505 de 2025, y actuaciones de saneamiento predial.
Entre las medidas incumplidas están el reconocimiento oficial de la población sobreviviente, su priorización en programas de vivienda y acceso a tierras, la atención psicosocial integral, las rutas turísticas de memoria y la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas en desastres.
Para darle cumplimiento a las recomendaciones, la Defensoría hizo un llamado al Estado para reconocer los daños prolongados de la tragedia, caracterizar a la población afectada, garantizar vivienda y acceso a tierras, fortalecer la atención en salud, impulsar la búsqueda familiar, así como garantizar recursos y seguimiento institucional.
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Melmalo(21794)•14 de noviembre de 2026 – 11:46Muy buenas intenciones que desafortunadamente se han quedado solo en teoría.