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Los congresistas están confundiendo el derecho a exigir respeto con la pretensión de controlar quién informa sobre su trabajo. Las conductas de algunos creadores de contenido merecen reproches, pero no justifican restricciones para todos los demás. Los ciudadanos tenemos derecho a documentar y cuestionar sus actuaciones. Que una pregunta les moleste o una publicación los deje mal parados no es motivo para restringir nuestro trabajo.
Según informó Noticias RCN, congresistas de distintos partidos se han quejado de creadores que, a su juicio, los abordan agresivamente o publican declaraciones fuera de contexto. Según ese reporte, las mesas directivas de Cámara y Senado estudian un borrador que regularía el ingreso, las interacciones e incluso el lenguaje de las publicaciones. Contemplaría el retiro del Capitolio y la prohibición de ingreso hasta por un mes. Para integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), se evaluarían posibles responsabilidades disciplinarias y eventuales remisiones a la Procuraduría.
Sí hay personas que publican contenido irrespetuoso dentro del Congreso. Eso no está en duda. Los congresistas tienen derecho a exigir respeto y a negarse a participar en una grabación. No comparto la manera de actuar de algunos creadores ni voy a defenderla porque nos dediquemos a la misma actividad. Si exigimos que respondan por su comportamiento, tenemos que responder por el nuestro.
Ahora bien, quienes explicamos proyectos, seguimos debates y preguntamos por decisiones que afectan a los ciudadanos no tenemos por qué pagar por la conducta de unos pocos. Si alguien insulta, amenaza o descontextualiza declaraciones, debe responder por lo que hace. Los congresistas tienen que explicar por qué esas conductas exigirían limitar también el trabajo de quienes no hemos incurrido en ellas.
También hay que precisar qué entienden por una falta de respeto. Insultar o amenazar no es lo mismo que hacer una pregunta que preferirían no responder. Esa diferencia debe quedar clara. De lo contrario, la molestia de un congresista podría bastar para solicitar que alguien sea retirado del Capitolio. Las medidas deben responder a comportamientos concretos y garantizar que las personas señaladas puedan defenderse. Su permanencia no debería quedar a criterio del congresista que se sienta incómodo.
Más preocupante aún es la referencia a la Procuraduría. Las UTL tienen personas encargadas de comunicaciones que graban y publican lo ocurrido en plenarias y comisiones. ¿Con qué criterio distinguirán ese trabajo del que realiza un creador de contenido? ¿Bastará con sacar una cámara para quedar sometido a estas restricciones? Trabajar allí supone responsabilidades, pero divulgar la actividad legislativa también puede ser parte de sus funciones. Una definición amplia de «creador de contenido» podría limitar ese trabajo.
A esta discusión se suma el letrero de «Ingreso exclusivo para congresistas y altos funcionarios», cuestionado por el senador Alex Flórez. Pareciera que quieren el Congreso solo para ellos: un acceso reservado para unos pocos y restricciones para quienes contamos lo que ocurre adentro. Vale la pena recordarles que el Capitolio no es de su propiedad. Los ciudadanos los eligieron para representarlos y deben rendirles cuentas.
No estamos hablando de la institución más querida por los colombianos. En el Panel de Opinión 2026 de Cifras & Conceptos, realizado entre líderes de opinión, el Congreso obtuvo 48 puntos sobre 100 en confianza y quedó penúltimo entre 15 instituciones. Ese resultado debería preocuparles más que una cámara en un pasillo. ¿Cómo esperan recuperar la confianza poniendo más obstáculos para conocer su trabajo?
Las transmisiones oficiales y la cobertura de los medios no reemplazan el derecho ciudadano a preguntarle a un congresista cómo votó o por qué abandonó una sesión, y a publicar sus respuestas. No necesitamos pertenecer a un medio para hacerlo.
Los congresistas suelen referirse al Congreso como la casa de la democracia. Esa afirmación los compromete también cuando reciben críticas. Pretender que pueden escoger quién informa sobre su trabajo es una actitud antidemocrática. Deberían tenerlo claro antes de promover restricciones en nombre de una institución que representa a todos los ciudadanos.