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¿Qué propone el nuevo Congreso para los derechos de las mujeres? Estos son 12 proyectos

El Espectador recopiló doce proyectos de ley sobre derechos de las mujeres que se tramitan en el nuevo Congreso. ¿Qué proponen y cuánto les falta para convertirse en ley?

Luisa Lara
Congreso de la República
Estos son los proyectos de ley relacionados con los derechos de las mujeres que se abren paso en el legislativo.
Foto: Mauricio Alvarado / El… - Mauricio Alvarado

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Mientras el Congreso concentra buena parte de su atención en la reforma fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca ajustar las finanzas del Estado y que ya enfrenta resistencias entre distintas fuerzas políticas, otros debates también esperan su turno en el Legislativo. Desde ampliar la licencia de paternidad hasta reconocer los derechos menstruales, sancionar la violencia sexual digital o garantizar que las mujeres tengan mayor representación en las altas cortes, estas son algunas de las propuestas que han llegado al Capitolio.

Desde el pasado 20 de julio, cuando se instaló el Congreso para el periodo 2026-2030, congresistas de distintas bancadas han presentado iniciativas que buscan responder a problemas que afectan especialmente a las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+. Algunas pretenden llenar vacíos en la legislación colombiana; otras buscan fortalecer las respuestas del Estado frente a distintas formas de violencia.

El Espectador recopiló doce de estos proyectos que actualmente hacen parte de la agenda legislativa. Aquí le contamos qué proponen, por qué se consideran necesarios y que les falta para ser aprobados.

Ampliar la licencia de paternidad: redistribuir la responsabilidad de cuidado

En Colombia, los padres tienen derecho a dos semanas de licencia remunerada por el nacimiento de sus hijos o hijas. Un tiempo que podría extenderse si prospera el proyecto de ley presentado por María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico. La iniciativa propone ampliar progresivamente la licencia de paternidad hasta alcanzar las 12 semanas, tanto para padres biológicos como adoptivos.

El aumento se haría en tres etapas. En dado caso de aprobarse el proyecto, la licencia pasaría de dos a cinco semanas. Al cumplirse el primer año de vigencia, pasaría de cinco a ocho semanas y, durante el segundo año, pasaría de ocho a doce semanas. “Esta medida busca promover paternidades presentes y cuidadoras”, señala Carrascal en entrevista con El Espectador.

Y es que la maternidad, e incluso la posibilidad de ser madre, sigue impactando en las oportunidades laborales de las mujeres. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca del 15 % de las mujeres que desean trabajar no lo consiguen o solo acceden a empleos informales, mal remunerados y precarios. Una de las razones es la llamada “penalización de la maternidad”, que afecta especialmente a quienes están entre los 25 y los 40 años, pues los empleadores suelen percibirlas como “menos convenientes” o con “mayor riesgo de ausentismo” por las licencias de maternidad y las responsabilidades de cuidado que se les atribuyen.

La ampliación de la licencia de paternidad podría contribuir a reducir esta desventaja, al promover una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres.

El proyecto ya superó su primer debate el pasado 9 de septiembre en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ahora le quedan tres más, uno en la plenaria de la Cámara y dos en el Senado, que deberán completarse antes del 20 de julio de 2028.

Ley Integral de Derechos Menstruales

En 2018, Colombia eliminó el impuesto a los productos de higiene menstrual, lo que lo convirtió en el primer país de América Latina en adoptar esta medida. Sin embargo, el 11,4 % de las niñas, adolescentes y mujeres entre los 10 y los 55 años que menstrúan reportan dificultades económicas para adquirir los productos necesarios durante su periodo, según la Encuesta de Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2023. El acceso a estos productos es apenas una parte del problema que impide que las personas tengan una gestión menstrual digna.

El proyecto de Ley Integral de Derechos Menstruales, de autoría de la representante Carrascal, propone abordar la menstruación desde la salud, la educación y el trabajo, para garantizar los derechos de todas las personas que menstrúan en el país.

Entre sus principales propuestas está incorporar la educación en salud menstrual en todos los niveles educativos, con contenidos sobre el ciclo, el manejo del dolor y la eliminación de estigmas. También contempla una licencia menstrual de un día al mes para personas con una condición de salud diagnosticada y la modalidad de trabajo en casa de dos días al mes para las personas que menstrúan. A esto se suma la creación de lineamientos para garantizar una atención médica integral en salud menstrual.

La iniciativa ya superó su primer debate el pasado 30 de septiembre en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ahora le quedan tres debates que deberán completarse antes del 20 de julio de 2028.

Sistema Nacional de Cuidado: saldar la deuda histórica de las personas encargadas de las labores de cuidado

El proyecto plantea crear el Sistema Nacional de Cuidado para garantizar el derecho de todas las personas a cuidar, a ser cuidadas, a recibir apoyos o asistencia cuando lo requieran y al autocuidado, en condiciones de dignidad y corresponsabilidad. De aprobarse, el sistema estaría dirigido a personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas, organizaciones de cuidado comunitario, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y personas que, por enfermedad requieren cuidado, asistencia o apoyo.

La iniciativa busca saldar una deuda histórica con millones de personas, especialmente mujeres, que sostienen la vida mediante labores de cuidado, muchas veces sin remuneración, reconocimiento o protección social.

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“Nuestro proyecto busca constitucionalizar y garantizar el derecho fundamental al cuidado en Colombia”, le comenta a este diario la representante Laura Daniela Beltrán, del Pacto Histórico.

“Queremos que el Estado garantice este derecho, reconozca el trabajo de quienes cuidan y responda a las necesidades de 16,9 millones de personas que requieren cuidados. Especialmente las mujeres que en promedio le dedican al cuidado 8 horas, mientras los hombres tan solo 3 horas. Por eso, buscamos que el cuidado deje de recaer principalmente sobre las mujeres y se convierta en una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, la comunidad y el sector privado”, agrega Beltrán.

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Violencia sexual digital, una ley para castigar la difusión de contenido íntimo compartido sin consentimiento

Compartir una fotografía íntima con alguien no significa autorizar su publicación en redes sociales, grupos de WhatsApp o páginas web. Sin embargo, cuando eso pasa, las víctimas en Colombia no cuentan con un delito específico que sancione esta conducta.

Ese es el vacío que busca atender el proyecto de ley presentado por la senadora Alejandra Omaña, del Pacto Histórico. La iniciativa propone tipificar la difusión no consentida de contenido íntimo sexual como un delito autónomo dentro del Código Penal.

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De aprobarse, constituiría un delito “difundir, distribuir, intercambiar, publicar, ceder o poner a disposición de terceros, por medios físicos o digitales, imágenes, audios, archivos o vídeos de contenido íntimo sexual sin consentimiento de quien aparece en ellos”, se lee en documento del proyecto. También contempla el material real, manipulado o elaborado mediante inteligencia artificial.

Según datos del Banco Mundial, menos del 40 % de los países cuentan con leyes que protejan a las mujeres del ciberacoso, lo que deja a cerca de 1.800 millones de mujeres y niñas sin protección jurídica frente a estas violencias. Y para dimensionar que sí es un problema de género, basta con revisar que el 95 % de deepfakes, es decir, imágenes o videos manipulados mediante IA para simular contenido sexual no consentido representa a mujeres. Lo que refleja cómo el rápido auge de la inteligencia artificial agrava las violencias basadas en género contra ellas, según Naciones Unidas.

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Por ahora, el proyecto de ley en Colombia está pendiente de la discusión de su ponencia para primer debate. Para evitar que sea archivada, deberá superar al menos esa primera discusión antes del 19 de junio de 2027.

Ley Olimpia Colombia, una segunda oportunidad para combatir la violencia sexual digital

La historia de la Ley Olimpia comenzó en México, después de que un video íntimo de Olimpia Coral Melo fuera difundido sin su consentimiento por quien entonces era su pareja. Las imágenes se viralizaron y las consecuencias de esa exposición llevaron a la joven a enfrentar una depresión. La experiencia de la ahora activista se convirtió en una bandera de la lucha para que la difusión no consentida de contenido sexual fuera sancionada como una forma de violencia.

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La Ley Olimpia ha inspirado iniciativas en otros países de América Latina y sirvió como referente para la Ley Modelo Interamericana contra la violencia digital, aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Incluso llegó a Estados Unidos con The Believe Me Community, una de las organizaciones que promovió la ley norteamericana Take It Down Act, aprobada en 2025.

En Colombia, la propuesta pretende modificar la Ley 1257 de 2008 para reconocer la violencia digital sexual como una forma de violencia de género y crear el delito de violación a la intimidad sexual. A diferencia de una respuesta exclusivamente penal, también plantea medidas de prevención, atención y protección, con responsabilidades compartidas entre ministerios y entidades del Estado.

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Pero no es la primera vez que la Ley Olimpia Colombia llega al legislativo. En el anterior periodo alcanzó a superar dos debates en la Cámara de Representantes, aunque no consiguió avanzar más. Por eso, en agosto de 2026 fue radicada nuevamente.

Sin consentimiento es delito: combatir la violencia sexual digital contra mujeres y menores de edad

La violencia sexual también ocurre detrás de las pantallas de niñas, niños y adolescentes. Un informe publicado por UNICEF en septiembre de 2026 estimó que 20 millones de menores entre los 12 y los 17 años sufrieron alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología, en 21 países analizados. De ese total, cuatro millones fueron víctimas de la difusión de imágenes sexuales. A esto se suma que menos del 1 % de los casos de abuso en internet se comunicaron a las autoridades.

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En medio de este panorama, Ana Paola García Soto, senadora del partido de La U, y el senador José Macea, de ASI, impulsan el proyecto de ley Sin consentimiento es delito, para proteger a niñas, niños, adolescentes y mujeres frente a la violencia, la revictimización y el abuso digital. La propuesta plantea crear un delito autónomo en el Código Penal, con penas de 16 a 54 meses de prisión y multas de hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También contempla asistencia jurídica gratuita, atención prioritaria en salud mental y la posibilidad de que un juez ordene ocultar el contenido en redes sociales y buscadores desde el momento de la denuncia.

“La Corte Constitucional (Sentencia T-184 de 2026) reconoció un vacío de punibilidad frente a la difusión no consentida de contenidos íntimos y exhortó al Congreso a legislar”, señala la congresista en el documento del proyecto.

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Por ahora, el proyecto se encuentra en preparación de la ponencia para su primer debate. El plazo que tiene para debatirse y no ser archivado es de una legislatura, es decir hasta junio de 2027 para sacarlo adelante.

Paridad en las altas cortes: las mujeres siguen lejos de los cargos de mayor poder judicial

Aunque las mujeres son mayoría entre quienes trabajan en la base de la Rama Judicial, su presencia disminuye a medida que se asciende hacia los cargos de mayor poder. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, representan el 56,71 % del personal de la Rama Judicial, pero apenas el 34,52 % de las magistraturas de las altas cortes.

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Para cerrar esa brecha, la Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo de Iris Marín, radicó el Proyecto de Ley 428, que busca garantizar la paridad entre mujeres y hombres en las altas cortes, entre ellas la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La propuesta pretende modificar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia para aumentar la participación de las mujeres en los procesos de selección y elección de magistraturas.

“Aún no representan la composición poblacional entre hombres y mujeres. Esto sin mencionar las injusticias de representación de mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans o de las mujeres sin recursos económicos o falta de oportunidades. Solo la JEP es paritaria y representa la diversidad étnica y regional de nuestro país, gracias al Acuerdo Final de Paz”, advierte la defensora del Pueblo.

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Por ahora, el proyecto que fue radicado en octubre apenas comienza su recorrido legislativo en la Cámara de Representantes, donde está pendiente el inicio de sus debates.

Inadmisión de agresores sexuales extranjeros: una medida contra la explotación sexual

Hasta agosto de 2026, Migración Colombia había inadmitido a 150 extranjeros, 107 de ellos en Antioquia, uno de los departamentos donde se concentran las alertas por el turismo con fines de explotación sexual. Parte de estos controles se apoyan en la colaboración con organismos de seguridad o de inteligencia, nacionales o internacionales. Un ejemplo de ello es Angel Watch, una plataforma que permite identificar a ciudadanos estadounidenses con antecedentes por delitos sexuales contra menores de edad y alertar sobre su posible llegada al país.

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Pero la discusión también llegó al Congreso. El Proyecto de Ley 245 de 2026, liderado por la senadora Omaña, propone establecer una causal de inadmisión de personas extranjeras que tengan condenas judiciales en firme por delitos sexuales, trata de personas o conductas relacionadas con la explotación sexual. La propuesta pretende reforzar la protección de niñas, niños, adolescentes y otras personas frente a estas formas de violencia.

Por ahora, la iniciativa está pendiente de la discusión de su ponencia para primer debate y tendrá plazo hasta el 19 de junio de 2027.

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Voces con Determinación, una ley para evitar la revictimización en la justicia

La senadora Ana Paola García Soto presentó el proyecto de ley Voces con Determinación, que busca mejorar el acceso a la justicia de víctimas de violencia sexual, intrafamiliar, trata con fines de explotación sexual y feminicidio, incluido en grado de tentativa. Entre sus medidas propone crear una Defensoría Pública Especializada para ofrecer representación jurídica gratuita y evitar que los testimonios sean descalificados por el historial sexual de las víctimas, su orientación sexual, identidad de género, demora en denunciar o ausencia de lesiones físicas.

Además, propone que las personas trabajadoras que sean víctimas de alguno de estos delitos puedan acceder a una licencia remunerada de hasta 30 días hábiles para recibir atención médica y psicológica o asistir a diligencias judiciales, sin perder sus ingresos.

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Según la Secretaría de la Mujer de Bogotá, los trámites complejos, las demoras, la necesidad de acudir a varias entidades y la revictimización pueden alejar a las mujeres de buscar justicia. Esto sumado a quienes ya enfrentan otros obstáculos como la dependencia económica con su agresor, la sobrecarga de las labores de cuidado, el desconocimiento de las rutas de atención, el miedo a denunciar o el temor a represalias.

Ley Estephany Solórzano: una apuesta por prevenir el abuso sexual desde las aulas

En Colombia, cerca de 16.000 niñas, niños y adolescentes fueron registrados como víctimas de delitos sexuales durante 2025, según cifras de Medicina Legal. De estos casos, el 80 % correspondió a niñas y adolescentes mujeres.

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Con el propósito de atacar esta problemática desde los colegios y las familias, la senadora Ana Paola García Soto presentó la Ley Estephany Solórzano, que propone crear una Cátedra Nacional de Prevención del Abuso Sexual en instituciones educativas públicas y privadas. La iniciativa implicaría enseñar a niñas, niños y adolescentes a reconocer situaciones de riesgo, incluso en entornos digitales, conocer sus derechos y saber a dónde acudir para recibir protección. También contempla un programa de formación para madres, padres y personas cuidadoras, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación y las entidades territoriales.

Por ahora, el proyecto está en preparación de la ponencia para su primer debate, que deberá aprobarse antes de junio de 2027 para evitar que sea archivado.

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Sancionar el acoso sexual callejero en el Código Penal

Colombia cuenta desde 2008 con el delito de acoso sexual, pero ¿qué ocurre cuando el agresor es un desconocido en un bus o en la calle? Ese es uno de los escenarios que busca abordar el Proyecto de Ley 190 de 2026, presentado por la senadora María Angélica Guerra López, del Centro Democrático, que propone crear un delito autónomo para sancionar el acoso sexual en espacios y transportes públicos.

La iniciativa fue radicada en agosto y se encuentra pendiente de ponencia para su primer debate en la Comisión Primera del Senado.

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Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres

Mientras en el Senado se discute la posibilidad de convertir el acoso sexual callejero en un delito autónomo, otro proyecto propone sancionarlo mediante multas y actividades pedagógicas. Se trata de la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, presentada por un grupo de congresistas de Cambio Radical, entre ellos Carlos Alberto Cuenca Chaux, José Luis Abdala, Jorge Méndez Hernández y John Edgar Pérez Rojas.

Pero su alcance va más allá del acoso callejero. La iniciativa busca fortalecer la respuesta del Estado frente a las violencias contra las mujeres, desde la prevención y la atención hasta la investigación, sanción y reparación. Entre sus propuestas está mejorar la coordinación entre las instituciones y la especialización de quienes atienden estos casos. También contempla una multa general de tipo 2 y la participación obligatoria en actividades pedagógicas para determinadas conductas de acoso sexual en espacios públicos.

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El proyecto fue radicado el 26 de agosto de 2026 y está en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde todavía debe superar su primer debate.

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✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.

Luisa Lara

Por Luisa Lara

Comunicadora social con énfasis en periodismo. Tiene estudios de género y diversidad en el Knight Center for Journalism. Interesada en contar historias con una perspectiva interseccional y feminista.
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Comentarios
  • DIANA MARCELA(jykgs)•15 de noviembre de 2026 – 12:02
    Gracias por este importante inventario de las iniciativas en curso. Y vamos entonces a hacerle seguimiento.
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