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Cada día, los árboles de la Amazonía devuelven a la atmósfera cerca de 20.000 millones de toneladas de agua. Es más de lo que el propio río Amazonas vierte al Atlántico, según el científico brasileño Antonio Donato Nobre. Esa humedad viaja como un río invisible hasta chocar con los Andes y cae como lluvia sobre Colombia, Ecuador y Perú; luego sigue hacia el sur, hasta la cuenca del Río de la Plata. De ese río volador depende buena parte de los embalses, acueductos y cultivos del continente.
En Colombia solemos pensar el agua desde el grifo y el embalse, casi nunca desde el bosque que produce la lluvia. Ese olvido empieza a salir caro. El Ideam confirmó la llegada de El Niño y calcula en 83 % la probabilidad de que se mantenga entre fuerte y muy fuerte hasta marzo de 2027. El Niño es un fenómeno natural. La deforestación, en cambio, la decidimos nosotros.
La selva produce buena parte de su propia lluvia, y eso tiene un límite. Carlos Nobre y otros científicos sitúan el punto de no retorno entre el 20 % y el 25 % de bosque perdido; más allá, la selva empezaría a volverse sabana y llovería menos en todo el continente. En 2025, el 18 % de la Panamazonía ya había perdido sus ecosistemas naturales para dar paso a actividades humanas, mientras que en la Amazonía colombiana este porcentaje era del 10,3 %, según los datos preliminares de MapBiomas Amazonía. Y el daño ya se mide: un estudio publicado este año en Nature Communications encontró que las lluvias en el sur de la Amazonía cayeron entre 8 % y 11 % entre 1980 y 2019, y que más de la mitad de esa caída se explica por la tala.
Pocos países dependen tanto del agua como el nuestro. Cerca del 70 % de la electricidad que consumimos sale de hidroeléctricas, el campo vive de la lluvia y el Banco Mundial estima que los choques hídricos podrían costarnos hasta el 3 % del PIB. Aun así, en las cuentas nacionales la Amazonía vale cero. Solo le reconocemos valor cuando le sacamos algo: madera, oro, pasto para el ganado. Si midiéramos el agua que nos da, la veríamos como lo que es, la infraestructura natural sobre la que se sostiene la otra, la de represas, vías y ciudades. Y conservarla dejaría de parecer un gasto.
Esa infraestructura tiene quien la cuide. Más de la mitad de la Amazonía colombiana, unos 27 millones de hectáreas, son resguardos indígenas, y allí la cobertura de bosque supera el 97 %. Desde diciembre de 2025 se han formalizado nueve Entidades Territoriales Indígenas en Amazonas, Guainía y Vaupés: gobiernos indígenas que ya hacen parte del Estado, al lado de departamentos y municipios. En Gaia Amazonas acompañamos ese proceso hace más de treinta años, y lo digo sin rodeos: fortalecer esos gobiernos es un asunto de seguridad nacional.
Mientras escribo, la COP31 sesiona en Antalya. El Fondo Bosques Tropicales para Siempre sigue sumando aportes: Países Bajos comprometió hasta 500 millones de dólares y un grupo de fundaciones, 88 millones más. Son avances importantes. También son lentos. El fondo todavía no llega a los 10.000 millones que necesita reunir este año, y sus primeros pagos tardarían unos tres. Lo más grave, sin embargo, es la escala. Solo en biodiversidad, al mundo le faltan cada año unos 800.000 millones de dólares para cubrir lo que necesita, según el PNUD. Y por cada dólar que se invierte en proteger la naturaleza se gastan 30 en destruirla, según el PNUMA.
Ninguna ronda de promesas va a cerrar esa brecha ni a corregir esa asimetría. Hacen falta otras reglas de juego, marcos nuevos que cambien hacia dónde fluye el dinero. Y no podemos sentarnos a esperar que lleguen de lejos. En un mundo de realpolitik, donde cada Estado mira primero su propio interés y la seguridad manda en la agenda, el argumento más fuerte para proteger la Amazonía es también el más cercano: no hay seguridad nacional sin agua, ni agua sin Amazonía.
Colombia puede dar un paso que ningún país ha dado: construir, desde el Estado, un sistema financiero basado en la naturaleza, que ponga las finanzas al servicio de la vida y no al revés. Empezaría por medir el aporte de la Amazonía al PIB y a cada sector productivo, e incluirlo en las cuentas nacionales, en el análisis de riesgo fiscal y en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Seguiría por hacerle a cada decisión pública una sola pregunta: ¿esto protege o debilita el ciclo del agua? Vale para un crédito agropecuario, una carretera, una hidroeléctrica o un acueducto. Y tendría que construirse con los pueblos indígenas como socios con voz y voto, no como simples beneficiarios.
El agua, además, no conoce fronteras. En octubre, en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, los países de la cuenca acordaron una hoja de ruta común, y Colombia puso sobre la mesa los ríos voladores, la seguridad hídrica y la valoración económica de la Amazonía. Ahí hay una oportunidad de liderazgo regional: llegar a las próximas COP con algo que la región ya haya construido en casa.
Lo que se acuerde en Antalya ayudará, pero no alcanzará hasta que los países vean en la naturaleza su verdadera riqueza; en su agua, su aire y sus bosques, aunque no aparezcan en ningún balance. Los beneficiarios de cuidarlos somos todos: cualquiera que abra la llave, prenda la luz o compre comida en la plaza.
Conservar la Amazonía es quizá la mejor inversión que Colombia puede hacer en su seguridad hídrica, económica y social, y esa decisión es urgente y está en nuestras manos.
*Presidente de la Fundación Gaia Amazonas.
**Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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