Al igual que la Procuraduría, la Defensoría pide medidas urgentes para proteger Santurbán

La entidad solicitó al Tribunal Administrativo de Santander ordenar al Ministerio de Ambiente que evalúe, en un plazo máximo de 60 días, la suficiencia de las medidas de protección del páramo. La reserva temporal vence el 4 de marzo de 2027 y todavía están pendientes estudios técnicos para definir el ordenamiento ambiental del territorio.

El páramo de Santurbán es clave para garantizar el agua de Bucaramanga y alrededores.
El páramo de Santurbán es clave para garantizar el agua de Bucaramanga y alrededores.
Foto: Gabriel Aponte

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Al igual que lo hizo la Procuraduría hace unas semanas, la Defensoría del Pueblo solicitó en las últimas horas al Tribunal Administrativo de Santander que adopte medidas cautelares para evitar que el páramo de Santurbán pierda parte de su protección ambiental. La entidad presentó una coadyuvancia (una figura procesal en la que se interviene en un proceso para apoyar las pretensiones de una de las partes principales) a la acción popular que busca proteger el agua y los ecosistemas de este territorio, ante la preocupación por el vencimiento de la reserva temporal, previsto para el 4 de marzo de 2027.

Todo esto hace parte de un proceso de acción popular que busca la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el agua y el ambiente en Santurbán, en medio de la controversia por el proyecto de explotación minera Soto Norte, de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán.

El 2 de septiembre de 2026, un grupo de demandantes solicitó al Tribunal una serie de medidas cautelares para prevenir posibles afectaciones ambientales asociadas al proyecto. Entre ellas, pidieron que las autoridades ambientales se abstuvieran de otorgar licencias, permisos o modificaciones relacionados con Soto Norte mientras se resuelve el proceso. La solicitud se presentó después de que, en junio de 2025, el Tribunal negara medidas cautelares anteriores.

Según los demandantes, desde entonces cambió el panorama jurídico y técnico que había sustentado esa decisión, tanto por los avances que la empresa habría anunciado para el proyecto como por nuevos estudios del Servicio Geológico Colombiano sobre las conexiones entre las aguas del páramo y las zonas donde existen labores mineras. Paralelamente a eso, hay que recordar que la reserva temporal es una figura de protección ambiental que el Ministerio de Ambiente estableció en 2025 para proteger determinadas áreas de Santurbán mientras se adelantaban los estudios técnicos necesarios para definir su ordenamiento ambiental. En agosto de 2026, el Ministerio prorrogó su vigencia hasta marzo de 2029, pero esa decisión fue revocada el 28 de septiembre.

Con esa revocatoria, la reserva temporal no desapareció, pero su fecha de vencimiento volvió a ser el 4 de marzo de 2027.

La Defensoría advirtió entonces que existe el riesgo de que el macizo pierda parte de sus garantías de protección mientras siguen pendientes estudios "fundamentales" sobre sus fuentes hídricas. Por eso, pidió al Tribunal que ordene al Ministerio de Ambiente adoptar medidas para evitar que se reduzca el nivel de conservación del territorio. La preocupación también está relacionada con el tiempo que tomarían los estudios técnicos necesarios para definir el ordenamiento ambiental de Santurbán. Según la información que el propio Ministerio presentó ante el Tribunal, estos trabajos requieren dos fases de un año cada una y, a septiembre de 2026, todavía no habían sido contratados. Por esa razón, no estarían terminados antes del vencimiento de la reserva.

Otro de los argumentos expuestos por la Defensoría tiene que ver con los resultados del estudio del Servicio Geológico Colombiano que una de las partes en el proceso cita, realizado en abril de 2026. La investigación, basada en muestreos entre los 2.000 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar, encontró que el agua de las zonas altas y el agua subterránea asociada a algunas labores mineras presentan una composición química similar.

Este resultado sugiere que ambas podrían tener un mismo origen. Sin embargo, la entidad advierte que los hallazgos no permiten establecer cómo fluye el agua subterránea ni determinar el grado de afectación de fuentes hídricas específicas. Para la Defensoría, precisamente esa incertidumbre hace necesario aplicar el principio de precaución y avanzar en estudios complementarios que permitan prevenir posibles daños ambientales graves o irreversibles.

¿Qué le pide la Defensoría al Tribunal?

Entre las medidas solicitadas por la Defensoría está ordenar al Ministerio de Ambiente que no revoque, modifique en sentido regresivo ni permita que expire la reserva temporal sin que exista una decisión definitiva sobre la protección del territorio. Además, pidió que, en un plazo máximo de 60 días y antes del 4 de marzo de 2027, el Ministerio evalúe si los instrumentos de protección ambiental vigentes son suficientes, con especial atención a las áreas que quedaron por fuera de la reserva después de la revocatoria de la Resolución 0970 de 2026.

En caso de que se requieran medidas adicionales, la entidad solicita que estas sean adoptadas con justificación técnica y jurídica, sin reducir el nivel de protección existente.

La Defensoría también pidió que Minambiente informe sobre el estado de los estudios técnicos pendientes y presente un cronograma de las actuaciones necesarias para completarlos. Otro de los puntos de la solicitud es garantizar la participación previa, informada y efectiva de las comunidades en las decisiones que se adopten sobre el territorio. La entidad pidió al Tribunal resolver con celeridad las solicitudes y considerar la adopción de una medida de urgencia para evitar que los tiempos administrativos terminen comprometiendo las fuentes hídricas de la región.

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