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La reputación de un país, más aún cuando no dispone de poder material ni coercitivo como es el caso de Colombia, es un tesoro que se cuida. El estatus positivo está asociado con la confianza, el respeto y la admiración, todos de alto valor para las interacciones con otros Estados, organismos multilaterales, sector privado y organizaciones de sociedad civil. En cambio, el negativo puede generar costos considerables para los intereses nacionales al ser un desincentivo para el intercambio, la cooperación y la generación de alianzas. Aunque son muchos los elementos que ayudan a construirlas, las buenas reputaciones se fundamentan en la consistencia y confiabilidad de las posiciones adoptadas en los espacios bilaterales y multilaterales, la capacidad de diálogo con diversas contrapartes y la autoridad con la que se abordan distintas temáticas.
Históricamente, el pilar central sobre el que el Estado colombiano ha forjado su lugar en el mundo ha sido la defensa del derecho internacional y el multilateralismo. Desde su rol después de la Primera Guerra Mundial en la Liga de las Naciones y el protagonismo ejercido en la Conferencia de San Francisco que dio lugar a las Naciones Unidas y en la creación de la Organización de Estados Americanos, Colombia ha sido promotora sistemática de principios como la soberanía, la no intervención, la igualdad jurídica, el respeto por los DD. HH. y el DIH, la resolución pacífica de los conflictos, así como de la importancia de las normas y reglas de juego como escudo de los países más débiles.
En épocas más recientes, las apuestas reputacionales han abarcado otros asuntos sobre las que Colombia tiene experiencia directa, sin nunca abandonar dicha columna vertebral. En el caso de Uribe, el contexto mundial posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 generó un clima propicio para el discurso antiterrorista que monopolizó su agenda externa. Si bien hubo algunos réditos, incluyendo la asistencia estadounidense y el reconocimiento de Colombia como cooperante en seguridad, pasaron factura la excesiva alineación con Estados Unidos en el marco del rol colombiano como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, el apoyo a la guerra ilegal en Irak y los “falsos positivos”.
La búsqueda de estatus del gobierno Santos fue más ambiciosa. Protagonizó la adopción de los ODS y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en la ONU, ingresó a la OTAN como socio global y a la OCDE como miembro pleno para elevar el perfil de Colombia en seguridad, después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, y para acreditarla como socio democrático confiable, y movió el debate sobre los fracasos de la política mundial de drogas, aprovechando el impulso previo de Barco y Gaviria mediante el desarrollo del principio de la responsabilidad compartida. Si bien la administración Duque abandonó buena parte del trabajo diplomático adelantado en paz y drogas —no sin críticas y costos para el país— acogió la agenda ambiental y de desarrollo sostenible, incluyendo la firma del Acuerdo de Escazú, y adoptó una política migratoria de puertas abiertas bastante celebrada.
Petro profundizó en varias de prioridades heredadas de Santos, incluyendo paz, drogas ilícitas y asuntos ambientales y de Duque (migración), y amplió la diplomacia sur-sur más allá de la seguridad que había sido el foco único de Uribe. Aunque su defensa enfática pero selectiva de los DD. HH. y el derecho internacional en Gaza generó reconocimiento positivo en muchos círculos mundiales, la no condena del ataque terrorista de Hamás en Israel también le restó legitimidad al liderazgo de Colombia.
A diferencia de todos sus antecesores —y más allá de excentricidades de difícil comprensión mundial, como la decisión de Abelardo de la Espriella de no salir del país y sus referencias religiosas constantes— en tan solo 100 días el nuevo Gobierno ha echado al traste el cimiento centenario del goodwill colombiano. En medio de la larga lista de anuncios y decisiones que han sido objeto de crítica en estos días de balances, el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán, el traslado de la embajada de Colombia a Jerusalén, el voto negativo sobre el levantamiento del embargo de Estados Unidos contra Cuba y la posible salida del Estatuto de Roma y de la CPI son de especial preocupación, dado que comunican un distanciamiento de principios, reglas, normas y espacios multilaterales fundamentales que Colombia siempre ha defendido.
Adicionalmente, la disociación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de conceptos como salud y derechos sexuales y reproductivos, violencia sexual y de género, y racismo estructural, el probable divorcio de los ODS, la Agenda 2030 y todo el lenguaje relacionado con cambio climático y transición energética, las críticas inoportunas del Acuerdo de Paz de 2016 en el mismo Consejo de Seguridad y la criminalización de los migrantes irregulares de Venezuela, se perciben como giros improvisados y abruptos frente a posturas internacionales sostenidas repetidamente —aún con énfasis distintos— por nuestro Estado. Aunque el discurso narcoterrorista ha sido resucitado, lo que antes dio resultados (parciales) a Uribe como estrategia reputacional, hoy resulta anacrónico y de limitada aceptación por fuera del hemisferio occidental.
La decisión de traicionar a las tradiciones propias en política exterior para atar los destinos reputacionales de Colombia al proyecto global de la extrema derecha y a Trump y Netanyahu —dos de los gobernantes más cuestionados del mundo, rechazados además por sus electores— resulta no solo torpe sino ruinosa en términos de los intereses nacionales y el estatus internacional. En lugar de un milagro, estamos al frente de una tragedia profunda que corre riesgo de volverse irreversible.
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