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Myanmar, primer Estado condenado por genocidio: lo que cambia para el derecho internacional

Este jueves 19 de noviembre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás.

Fabián Cárdenas
Cox's Bazar (Bangaldesh), 19/11/2026.- Rohingya refugees watch a live broadcast of the International Court of Justice (ICJ) ruling in the Myanmar genocide case at a refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh, 19 November 2026. The International Court of Justice (ICJ) in The Hague on 19 November delivered its verdict in the genocide case brought by The Gambia against Myanmar over the 2017 military crackdown on the Rohingya Muslim minority. (Birmania, La Haya) EFE/EPA/YASSIN ABDUMONAB
Refugiados rohingya observan la transmisión en directo del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso del genocidio de Myanmar en un campamento de refugiados en Cox’s Bazar, Bangladesh.
Foto: EFE - YASSIN ABDUMONAB

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  • Es un hecho sin precedentes. En sus ochenta años, la CIJ nunca había declarado a un Estado autor directo de genocidio. En 2007 había condenado a Serbia solo por no prevenir ni castigar el de Srebrenica.
  • Es un fallo dividido. La decisión fue de nueve votos contra seis, una fractura poco usual que se leerá con lupa en el caso de Sudáfrica contra Israel.
  • Las víctimas son las beneficiarias. A petición de un Estado que no sufrió daño propio, la Corte ordena reparar directamente al grupo y a cada víctima.
  • Las órdenes son concretas. Myanmar deberá permitir y facilitar el retorno de los refugiados, restituir sus bienes, buscar a los desaparecidos, rehabilitar a los sobrevivientes y presentar en dos años un informe para fijar la indemnización.

En los campamentos de Cox’s Bazar, en Bangladesh, cientos de refugiados siguieron la lectura y muchos lloraron. Mohammed Osman, cuyos padres y cuatro hermanos fueron asesinados, dijo que el fallo prueba que "no estábamos mintiendo". Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que la sentencia deja claro que Myanmar es responsable; Amnistía Internacional habló de un reconocimiento histórico y Human Rights Watch exigió cumplimiento rápido. Al otro lado está un régimen que calificó las acusaciones de "infundadas en los hechos y en el derecho". Lo preside Min Aung Hlaing, el general que comandaba el ejército en 2017 y que ha tachado de "imaginaria" la identidad rohinyá. Nadie espera que cumpla de buena gana.

Un país lejano, una tragedia cercana

Myanmar —la antigua Birmania— está en el sudeste asiático, entre India, Bangladesh, China, Laos y Tailandia. Tiene unos 55 millones de habitantes y casi 677.000 kilómetros cuadrados, algo más de la mitad del territorio colombiano. Fue colonia británica hasta 1948 y ha vivido buena parte de su independencia bajo dictaduras militares. La más reciente nació del golpe de 2021 y hoy la encabeza, como presidente, el propio general golpista. Su población es mayoritariamente budista.

Los rohinyás son una minoría musulmana que vive desde hace generaciones en el estado de Rakáin, sobre la costa occidental, junto a la frontera con Bangladesh. La ley de ciudadanía de 1982 los dejó sin nacionalidad. La propaganda oficial los llama "bengalíes", como si fueran inmigrantes ilegales. Durante décadas se les restringieron la circulación y el matrimonio; en el municipio de Maungdaw, una orden regional les limitó incluso el número de hijos.

El 25 de agosto de 2017, un grupo armado rohinyá, el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), atacó puestos policiales. El ejército respondió con las llamadas "operaciones de limpieza": aldeas incendiadas, hombres separados y ejecutados, niños asesinados, violaciones masivas, disparos contra quienes huían y minas sembradas en la frontera. La Corte dio por probados al menos 10.000 muertos y 1.834 violaciones. El blanco fueron los cerca de 815.000 rohinyás del norte de Rakáin; más de 730.000 escaparon a Bangladesh, que hoy alberga a cerca de 1,2 millones de rohinyás, la mayoría en Cox’s Bazar, el mayor asentamiento de refugiados del planeta.

¿Por qué demandó Gambia, un pequeño país de África occidental sin relación directa con el conflicto? Porque las obligaciones de la Convención contra el Genocidio de 1948 son erga omnes partes: a todos los Estados parte les interesa que se cumplan, como reconoció la CIJ en 2022.

Las posiciones de las partes

Gambia, sin prueba directa de un plan general de exterminio, sostuvo que la intención de destruir al grupo se deducía de las circunstancias y del patrón de conducta. Myanmar respondió que se trató de operaciones antiterroristas contra el ARSA y que su conducta se explicaba por otras intenciones, como expulsar o castigar, no por la de destruir al grupo.

Lo que decidió la Corte y lo que trae de nuevo

El corazón del fallo es la intención. La Corte mantuvo el exigente estándar de Bosnia (2007) y Croacia (2015): cuando la intención se deduce de los hechos, debe ser la única inferencia razonable. Pero lo precisó así: "Cuando algunos elementos de la prueba permiten inferir intenciones adicionales, pero la totalidad de la prueba solo puede explicarse por la intención genocida del perpetrador, el estándar de la única inferencia razonable se cumple" (párr. 443). Así descartó las alternativas. No hubo contrainsurgencia, porque el ejército no distinguió entre civiles y combatientes. Tampoco fue un simple desplazamiento: quien quiere que una población se vaya no le dispara mientras huye ni siembra minas en la frontera. Y el castigo colectivo no excluye la destrucción: pueden ir de la mano.

Las demás novedades:

  1. Impedir nacimientos. Por primera vez la CIJ declara probado el literal (d) del artículo II, las medidas destinadas a impedir nacimientos. Lo hizo con base en tres hechos: la orden regional que limitaba los matrimonios y el número de hijos de los rohinyás, la negación del registro legal a sus niños y al menos 1.834 violaciones, cuyos efectos sobre la capacidad de procrear no podían ignorar los perpetradores.
  2. Qué significa "destruir". Sin abandonar la idea de una destrucción física o biológica, la Corte sostuvo que destruir un grupo no se reduce a la muerte de sus miembros (párrs. 289-293).
  3. El deber de prevenir. Myanmar violó la obligación de prevenir respecto de civiles no rohinyás que actuaron junto a sus fuerzas de seguridad sin que su conducta le fuera atribuible. La Corte advirtió que esta obligación no le permite a un Estado "quedarse quieto y apostar a que el riesgo no se materialice" (párr. 487), y que la responsabilidad por violarla no está condicionada a que se constate que hubo genocidio.
  4. La destrucción de pruebas. Quemar cuerpos, arrasar los lugares de las operaciones y levantar nueva infraestructura sobre ellos viola el deber de castigar, con o sin intención de borrar las pruebas (párr. 552).
  5. Reparaciones para las víctimas. La Corte llevó a un caso contencioso lo que había dicho en su opinión consultiva sobre cambio climático de 2025 y en el artículo 48 de los Artículos sobre responsabilidad del Estado de la CDI. Un Estado no lesionado puede exigir reparación en interés de las víctimas, porque "permitir que el daño infligido a un grupo protegido por actos de genocidio quede sin respuesta socavaría la razón de ser de la Convención" (párr. 589).

Lo que aprende el derecho internacional

La primera lección es que la Convención de 1948 sí funciona: un Estado pequeño y sin interés propio logró la condena de otro. La segunda es metodológica: ante un Estado que niega el acceso a su territorio y destruye evidencia, la Corte se apoyó en los informes de la ONU y se permitió inferir hechos con mayor libertad. La tercera es incómoda: la CIJ no tiene policía. Su cumplimiento depende del artículo 94 de la Carta de la ONU y de un Consejo de Seguridad donde China y Rusia han respaldado al régimen.

Para el sistema interamericano el fallo es una convergencia. Desde Velásquez Rodríguez (1988), la Corte Interamericana ha dicho que un Estado que controla las pruebas no puede ampararse en la imposibilidad de la víctima para obtenerlas. Del mismo caso viene el deber de debida diligencia frente a particulares, que en Mapiripán (2005) y Pueblo Bello (2006) aplicó a los paramilitares en Colombia. Y en casos como Plan de Sánchez (2004) la Corte de San José ha ordenado reparaciones colectivas y simbólicas. La diferencia está en la competencia: la Corte Interamericana aplica la Convención Americana, no la de 1948, y por eso, cuando ha calificado grandes atrocidades, lo ha hecho como crímenes de lesa humanidad, como en Almonacid Arellano (2006), y no como genocidios.

¿Y la Unión Patriótica?

En su sentencia de julio de 2022, notificada en enero de 2023, la Corte Interamericana condenó a Colombia por más de 6.000 víctimas de la Unión Patriótica, describió los hechos como un "exterminio sistemático" y concluyó que configuraban un crimen de lesa humanidad, sin calificarlos como genocidio. El fallo de Myanmar no cambia eso: la Convención de 1948 no protege a los grupos políticos, y la CIJ no la amplió.

Pero el artículo 101 de nuestro Código Penal, vigente desde 2000, sí incluye al grupo político, y allí la sentencia ofrece herramientas valiosas para la Fiscalía y la JEP. Primero, que la intención puede deducirse de la totalidad del contexto, incluida la estigmatización oficial. Segundo, que un relato contrainsurgente no excluye la intención de destruir. Tercero, que el Estado responde por no prevenir los crímenes de actores que actúan junto a sus fuerzas. Y cuarto, que la impunidad y la pérdida de la prueba son violaciones autónomas. No convierte a la UP en un genocidio internacional, pero enriquece su lectura nacional.

La Haya les ha dado a los rohinyás lo que se les negó durante décadas: el reconocimiento de que existen como grupo y de que se quiso destruirlos. A la comunidad internacional, y también a América Latina, le corresponde que esa verdad no se quede en el papel.

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Fabián Cárdenas

Por Fabián Cárdenas

Profesor de planta de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en Derecho Internacional, académico, analista y consultor.
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