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El desmonte del Estado y sus funciones reguladoras, privilegiando, en cambio, el libre juego de las fuerzas del mercado y los recortes de impuestos a los superricos, han tenido consecuencias desastrosas que ya se sienten en muchas partes de nuestro atormentado globo. Las han vivido en carne propia paraguayos, argentinos, estadounidenses y chilenos.
Tiene igualmente consecuencias el ascenso al poder de militantes de las múltiples variedades posibles de oscurantismo que está asociado al triunfo de la extrema derecha en el mundo. Tomen el caso de Estados Unidos y de una noticia de esta semana que tiene todo el potencial de pasar por debajo de nuestro radar: acaba de perder su estatus de país libre de sarampión.
Nosotros aún lo conservamos. Ahora pregúntense por qué un país con un ingreso per cápita unas nueve veces mayor que el nuestro, el más rico en la historia de la humanidad, retrocede décadas en un criterio básico de provisión de salud para sus infantes.
Es claro que, como siempre ocurre con los fenómenos sociales, incide toda una variedad de factores. Otros países (Gran Bretaña, España, México) también perdieron ese estatus. Pero en ellos, los gobiernos respectivos han luchado por ampliar el cubrimiento de la vacunación y devolver una enfermedad que para todos los efectos prácticos estaba controlada (no creo que muchos médicos jóvenes sepan siquiera cómo se trata el sarampión) al proverbial basurero de la historia.
No así en los Estados Unidos. Allí, Trump nombró como secretario de Salud a un grotesco personaje, Robert Kennedy Jr., activo defensor de teorías conspiracionistas y escéptico de las vacunas. Las consecuencias han sido tremendas. Kennedy ha sugerido que la vacuna múltiple, que incluye la del sarampión, genera autismo. Esto fue respaldado por Trump, quien, de hecho, impulsó la creación de un comité contra el autismo, dirigido contra la vacunación; hace un par de meses afirmó que la vacuna podría ser “bastante letal”. Todo lo cual se ha complementado con un abrupto desmonte de la burocracia y la tecnocracia dedicadas a la provisión de servicios de salud y con recortes a gran escala en la financiación de programas e investigación científica en salud. No hablemos ya del deterioro en la infraestructura. Sin expertos, con la dirección estatal de sistemas críticos en manos de personajes que más bien parecen liquidadores, el triste espectáculo que dan ahora los Estados Unidos es el de una mezcla extraordinaria de extravagancia e incompetencia.
Esa es la cara real de su guerra cultural, señores. Esa guerra cultural que trajeron aquí fue importada servilmente de los Estados Unidos (¿cuántas personas saben en Colombia lo que significa woke?). La copia adaptativa de resultados exitosos a menudo se justifica. El servilismo, nunca. El servilismo tiene muchos problemas: enferma, envilece y agüeva. De manera menos obvia, la suerte del imitador sumiso depende de la del modelo original; si este hace agua, aquel queda en evidencia. Esa es una de las razones por las que hoy resulta fundamental entender lo que ocurre en los Estados Unidos.
Y la respuesta que nos devuelve este espejo distorsionado es alarmante, pero contiene una moraleja simple y, creo, inequívoca. Si tienes a guerreros culturales dirigiendo políticas públicas claves los costos serán enormes. Primero, van a dar un espectáculo desmoralizante de idiotez autosatisfecha (cuyo rango global va desde los sermones llorones del niño poeta hasta la recomendación trumpista de tomar lejía para prevenir el COVID). Esto no es menor: la degradación del debate público puede ser un objetivo deliberado (“debemos inundarlos de mierda”, como dice el destacado estratega extremista Steve Bannon), pero sus efectos malsanos duran años. Segundo, van a operar desde la ignorancia absoluta. Tercero, en parte por eso, van a promover orientaciones que se traducen en vidas perdidas y trayectorias rotas. Cuarto, van a minar significativamente los derechos de sectores amplios de la población.
En este caso, también, hay que decirle no a la guerra.