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Mostrar solo con cifras los resultados que alcanzó el proyecto ¡Libres! sería injusto. Claro, en los informes técnicos o de gestión aparecen estadísticas esperanzadoras de mujeres que pasaron de una vida de miedo y derechos violentados a un panorama de autonomía. Hay también instituciones, como las Comisarías de Familia o las alcaldías, que hoy están varios pasos más cerca de garantizar una vida libre de violencias a las mujeres de lo que estaban hace tres años. O centros educativos que ahora saben que el mejor antídoto contra la endemia de agresiones contra las mujeres empieza con la prevención y cuidado desde edades tempranas.
Durante los últimos tres años funcionó en Cauca y Valle del Cauca el proyecto ¡Libres!, una iniciativa que acompañó al Estado, sus funcionarios y 48 diferentes instituciones para evitar más violencias de género en los dos departamentos. La iniciativa comprometió recursos, personal, estrategias de prevención e ideas novedosas para hacer justicia cuando una violencia ya se hubiera consumado.
En el papel, la acción de ¡Libres! aterrizó en siete municipios, destinó 5,5 millones de euros y vinculó a 1.233 mujeres. El proyecto es financiado por la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la ejecución del Gobierno de Colombia y Expertise France, más el apoyo técnico de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ). Cada uno de los actores ofreció conocimientos y experiencias probadas anteriormente en sus países y que han mostrado resultados en estrategias contra la violencia de género.
rancia, por ejemplo, participó a través de una agencia de cooperación técnica y fue responsable de crear líneas de acción para prevenir las agresiones antes de que sucedieran y, en el caso de que ya hubieran ocurrido, proteger a las víctimas.
“Busca crear respuestas sistémicas que fortalezcan la institucionalidad, las rutas de la justicia y que haya una mayor autonomía de las mujeres. Es un proyecto que también busca transformación social: antes de hablar de desigualdad de género creamos líneas nacionales para atender la violencia contra las mujeres”, dice Murielle Gurtner, directora regional de Expertise France.
Pero detrás de las cifras hay varios aprendizajes que quedan instalados en Colombia para seguir combatiendo la violencia contra las mujeres y que, incluso, pueden replicarse en otras latitudes del país. Así lo explica Miguel González Gullón, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
“Es un espacio privilegiado porque pone en conexión a las principales instituciones que tienen competencias en la lucha contra la violencia de género, que necesita de la máxima coordinación. Coloca en el escaparate público esta lucha y muestra que nos conmina a todos. España apoya este proyecto porque consideramos que la cooperación feminista puede aportar valor añadido y ha ayudado a la articulación entre lo local y lo nacional: no hay otra manera, todos deben trabajar juntos o el resultado será muy magro”, precisa González.
Reconocer es prevenir
Uno de los pilares del proyecto consistió en enseñar a las autoridades colombianas y a las mujeres de los hogares de Cauca y Valle del Cauca cuáles son esas violencias que, aunque normalizadas, afectan sus derechos y proyectos de vida. Este propósito tuvo cimientos fuertes desde el comienzo. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2025 reveló que 2.168.675 mujeres, equivalentes al 17,7 % de aquellas entre los 13 y 49 años que han estado casadas o han convivido en pareja, experimentaron violencia psicológica por parte de su compañero sentimental alguna vez en la vida. De ellas, 914.122 reportaron haberla vivido durante los 12 meses anteriores a la encuesta.
La dimensión del problema también se refleja en las violencias por prejuicio. Durante 2025, la Defensoría del Pueblo atendió 646 casos de este tipo en sus 42 regionales, un promedio de casi dos diarios. Son cifras que ayudan a entender por qué la prevención debía ocupar un lugar central en ¡Libres! y por qué sus acciones no podían limitarse a responder cuando una agresión ya había ocurrido.
La campaña #ReconozcoYActuo recogió ese propósito y lo llevó a escenarios cotidianos. Su apuesta fue cuestionar comportamientos que suelen justificarse como muestras de amor, cuidado o humor: revisar el celular de la pareja, restringir sus amistades, utilizar el dinero para controlar sus decisiones, insistir después de una negativa o humillar a alguien por su orientación sexual o identidad de género. La campaña planteó que reconocer estas conductas es una responsabilidad compartida entre familias, colegios, empresas y comunidades.
Este trabajo de transformación cultural también buscó involucrar a quienes presencian las agresiones. Cuestionar una burla discriminatoria, no difundir contenidos íntimos sin consentimiento y acompañar a quien pide ayuda sin juzgarla son acciones que contribuyen a prevenir nuevas violencias. El mensaje de fondo es que la responsabilidad de detener una agresión recae en quien la ejerce, mientras que las personas afectadas no tienen la obligación de tolerarla ni de acompañar el proceso de cambio de su agresor.
Tito Contreras, oficial de alianzas internacionales de la delegación de la Unión Europea en Colombia, destaca que ¡Libres!, más que realizar una confrontación directa, crea vías para evitar las violencias antes que vulneren derechos y proyectos de vida.
“Cuestionar estereotipos y crear condiciones de autonomía también influye en esta conversación, igual que proteger y enseñar cuáles son las rutas. El proyecto enseña que una mujer víctima no debe recorrer instituciones para denunciar, que el Estado hable entre sí y que es muy importante entender que este proceso debe continuar en el tiempo”, señala Contreras.
Instituciones, las aliadas que responden
La prevención, sin embargo, necesita instituciones capaces de actuar cuando una mujer decide denunciar o buscar protección. Detrás de estos resultados está uno de los retos más complejos para las víctimas: encontrar una entidad que conozca sus responsabilidades, active las rutas correspondientes y evite que tengan que recorrer varias oficinas contando una y otra vez lo que les ocurrió.
Las Comisarías de Familia, las administraciones municipales y las dependencias encargadas de los asuntos de género fueron parte de ese fortalecimiento. También se establecieron espacios de articulación con entidades nacionales como los ministerios de Educación y Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. La intención fue conectar las capacidades de los territorios con las instituciones que tienen competencias para garantizar la atención, la protección y el acceso a la justicia.
La dimensión comunitaria tuvo resultados propios. Un total de 823 personas pertenecientes a 76 organizaciones de la sociedad civil y otros actores locales participaron en procesos de fortalecimiento y articulación.
Autonomía económica que protege
Otro de los frentes de trabajo fue la independencia económica. Para muchas mujeres, abandonar una relación violenta implica enfrentarse a una dificultad adicional: no contar con ingresos propios, empleo o recursos para sostenerse y garantizar el bienestar de sus familias. Por eso, ¡Libres! incorporó el emprendimiento y la empleabilidad como herramientas para ampliar las posibilidades de construir proyectos de vida por fuera de los entornos de violencia.
La participación empresarial tuvo otro resultado concreto: la elaboración de 13 protocolos de buenas prácticas para incorporar el enfoque de género en las políticas de recursos humanos. La idea es que las empresas también revisen sus propios entornos laborales, identifiquen posibles escenarios de discriminación y adopten medidas para garantizar condiciones de trabajo más equitativas.
Tarea por continuar
El reto ahora consiste en evitar que ese conocimiento desaparezca cuando termine el acompañamiento internacional. Las 48 instituciones fortalecidas, los funcionarios capacitados, las alianzas empresariales y las organizaciones sociales vinculadas representan una base para que las estrategias continúen funcionando. Su permanencia dependerá de que las administraciones locales y nacionales mantengan los recursos, el personal y la voluntad política necesarios para sostenerlas.
Ana Margarita Araújo, viceministra de Promoción a la Justicia del Ministerio de Justicia, considera que en los pasillos del Estado ya hay iniciativas que se acercan a un país más seguro para las mujeres. Por ejemplo, se está adelantando un sistema que unifica las diferentes cifras que registran las entidades del Estado y se conozca a ciencia cierta cuáles son los números rojos que deja la violencia de género en Colombia. “Tenemos que correlacionar esas cifras. No puede ser que cuando ocurre un feminicidio es cuando el Estado se da cuenta que la mujer asistió, levantó la mano, pasó por hospitales y comisarías, denunció y aún así se dio el hecho”, dice Araújo.
También subraya que se está buscando facilitar las denuncias, y lograr que incluso en los territorios más alejados o con menos denuncias las mujeres sientan seguridad de pedir auxilio y el Estado, además de escucharlas, les ofrezca alternativas. “Buscamos un sistema que no solo tenga información de comisarías, sino con Salvia (Línea de denuncia gratuita a nivel nacional), Fiscalía o el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría. Con información y datos podremos tener una visión desde todas las instituciones”, comenta la viceministra.
Los resultados tampoco pueden desconocer las dificultades de trabajar en territorios atravesados por el conflicto armado. En algunas zonas del Cauca, los enfrentamientos entre grupos armados y la Fuerza Pública han provocado desplazamientos y confinamientos, condiciones que aumentan los riesgos para las mujeres y dificultan la presencia institucional.
Adriana Mera, coordinadora de la medida de apoyo para la prevención de violencias de género de la Cooperaión Alemana para el Desarrollo (GIZ), destaca que el proyecto pudo adaptarse a varios “contextos cambiantes” que durante décadas dificultaron la garantía de los derechos de las mujeres. El principal, por supuesto, son los linderos invisibles que impone el conflicto armado y que restringe la presencia institucional para que ellas denuncien. Pero también aplaude que ¡Libres! aterrizó en municipios con barreras geográficas, alejados de las principales urbes y donde la oferta institucional, aunque existente, no suple toda la demanda.
“Lo más importante fue el apoyo a procesos comunitarios, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y trabajar con rutas de atención diferencial. La estrategia buscó unos territorios capaces de hacerle frente y transformar la violencia de género, y avanzó varios pasos”, comenta.
Al cabo de estos tres años, ¡Libres! deja una experiencia que demuestra la importancia de conectar la prevención, la atención, la justicia y la autonomía económica. Su principal aporte está en haber puesto a trabajar a instituciones públicas, empresas, organizaciones sociales y cooperantes internacionales alrededor de un mismo propósito. Porque garantizar una vida libre de violencias exige que una mujer encuentre protección cuando la necesita, que tenga oportunidades para decidir sobre su futuro y que las comunidades dejen de justificar las agresiones que vulneran sus derechos. Esa es la tarea que debe continuarse en Colombia.