
España está en pleno crecimiento. Los migrantes están impulsando la población a un máximo histórico de casi 50 millones. El turismo se ha disparado y se espera que atraiga a casi 100 millones de personas, 25 millones más que en 2016. Con una de las economías de más rápido crecimiento de Europa, España ha invertido decenas de millardos de euros en digitalización y energía renovable.
Pero un terrible choque de trenes que causó la muerte de 69 personas el mes pasado, solo nueve meses después de que una colisión en la misma línea de alta velocidad se cobrara la vida de muchas otras personas, ha suscitado inquietudes sobre el estado de la infraestructura civil española. También ha llevado a los españoles a preguntarse si su país ha crecido demasiado rápido para su propio bien.
Con las elecciones nacionales programadas para este mes, el tema de la infraestructura ha pasado de ser un compendio esotérico de documentos normativos a formar parte de la campaña electoral.
Los políticos de la oposición afirman que el gobierno de izquierda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado que el país se deteriore. Algunos expertos sostienen que su gobierno se centró excesivamente en nuevas inversiones en lugar de mantener las existentes, como carreteras, sistemas de agua y la red ferroviaria de alta velocidad, la segunda más grande del mundo, solo superada por la de China. Un centro de estudios descubrió que el gasto por pasajero en el tren de alta velocidad se redujo en más de una cuarta parte en la década previa a 2024.
Pere Navarro, el director general de la Dirección General de Tráfico, afirmó que el sistema está bajo presión. Las infraestructuras y los servicios públicos de España, señaló, fueron diseñados para “40 millones de personas, cuando ahora somos casi 50 y recibimos a cerca de 100 millones de turistas”.
El gobierno de Sánchez afirmó que, si bien España necesitaba aumentar la inversión en sus ferrocarriles, fue el anterior gobierno de centro-derecha —que dirigió el país hasta hace ocho años— el que había deteriorado la infraestructura, y especialmente la ferroviaria, con años de políticas de austeridad.
Tras ser presionado sobre la falta de mantenimiento en una entrevista televisiva el miércoles, Sánchez argumentó que su gobierno había trabajado para revertir los recortes al sistema ferroviario realizados por su predecesor conservador. También prometió el equivalente a 21.000 millones de dólares adicionales en gastos de mantenimiento y seguridad hasta el 2030.
Gran parte de la infraestructura de España data de una época de auge anterior, poco después de que el país se uniera a una organización precursora de la Unión Europea en 1986. De repente, inundado por los fondos del bloque, pasó la década de 1990 renovando sus capitales industriales, como Barcelona y Bilbao, y construyendo una extensa red ferroviaria de alta velocidad y autopistas más amplias.
A principios de la década de 2000, mientras España seguía invirtiendo miles de millones en infraestructura de transporte, se ganó renombre mundial por sus vías férreas y carreteras de alta capacidad. Pero una serie de reveses afectó duramente al país. La inversión en infraestructura se redujo tras la crisis financiera de 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria en España.
A medida que España se enriquecía y las prioridades de la UE se desplazaban hacia el este, los fondos europeos se agotaron. Luego, tras la crisis financiera de 2008, la crisis de deuda soberana en Europa redujo casi a la mitad la inversión pública en España, que en algún momento había sido superior al promedio europeo. El gasto no se recuperó ni bajo gobiernos de derecha ni de izquierda. Actualmente, España está gastando, en términos reales, alrededor de un 25 por ciento menos en infraestructura que en el año 2000, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
En 2018, Sánchez, del Partido Socialista, asumió el cargo. Tras gestionar la crisis del coronavirus en España, utilizó una ronda de enormes fondos de recuperación de la UE para enfocarse en el crecimiento.
En una feria de turismo el año pasado, Sánchez afirmó que España estaba de moda.
Como muestra de su confianza en la infraestructura ferroviaria española, su gobierno propuso prohibir los vuelos cortos para reducir las emisiones de carbono. Aprovechó el aumento de los ingresos fiscales derivado de la llegada de trabajadores migrantes para llenar las arcas del gobierno y ofrecer subsidios y prestaciones sociales populares.
A medida que el producto interno bruto del país se disparaba, la inversión en infraestructura no siguió el ritmo. El año pasado, un apagón nacional puso de manifiesto las debilidades de la saturada red eléctrica del país. Esta depende cada vez más de las fuentes renovables que el gobierno de Sánchez ha priorizado, un factor que, según expertos, podría haberla vuelto menos estable. Los analistas, así como las empresas de energía , también señalan que las limitaciones de la red dificultan el suministro de electricidad a los nuevos proyectos de construcción, lo que frena los proyectos de edificación y contribuye a la escasez de viviendas. Las protestas de este año por la vivienda y los altos alquileres llevaron a Sánchez a convocar elecciones anticipadas.
El apagón inspiró un libro del centro de estudios económicos Funcas, en el que se argumentaba que las consideraciones políticas que influyen en las decisiones contribuyeron a la obsolescencia y a las fallas de la infraestructura de transporte, las redes de agua y los activos energéticos de España. Los autores señalaron que el gobierno debería, por el contrario, “priorizar el mantenimiento de infraestructuras existentes frente a nuevas inversiones”.
No eran los únicos.
“En España, muchas de las cosas que un día fueron bien hoy van mal” escribió Ramón González Férriz, analista político, en un artículo muy comentado publicado en El Confidencial, un medio de comunicación de centro-derecha, tras el reciente choque de trenes. Culpó al gobierno de priorizar los beneficios y los subsidios por encima del mantenimiento de las obras públicas que, según escribió, tardan mucho tiempo en dar frutos y pueden pasar desapercibidas para los votantes.
La respuesta inicial del gobierno al choque no fue centrarse en las fallas de mantenimiento, sino culpar al error humano —revelado en un audio filtrado de un centro de control de tráfico ferroviario— en el que un controlador dirigió a un tren de alta velocidad hacia un tren detenido en la misma vía. Pero el segundo accidente mortal en un año provocó preguntas inevitables sobre la infraestructura y la seguridad ferroviarias.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, quien posteriormente renunció, lamentó que, debido a que el gobierno no contaba con la mayoría de los legisladores en el Congreso, no pudo aprobar un presupuesto que invirtiera más en el mantenimiento ferroviario. Desde entonces, Sánchez ha respondido a las críticas con una mezcla de culpas a sus predecesores conservadores, defensa del nivel de gasto de su gobierno y promesas de aumentarlo.
Los opositores conservadores, entre ellos los del Partido Popular, que lidera las encuestas electorales, afirman que Sánchez tiene toda la responsabilidad por cualquier deficiencia en la infraestructura tras ocho años en el poder.
España sufre una “negligencia continuada” bajo el mandato de Sánchez que ha puesto en riesgo a los españoles, afirmó este mes Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
El uso del tren en España ha aumentado drásticamente desde 2021, cuando el gobierno de Sánchez abrió el mercado nacional de trenes de pasajeros de alta velocidad a la competencia. Los precios de los boletos bajaron más del 40 por ciento y se inauguraron cientos de kilómetros de nuevas rutas ferroviarias de alta velocidad. El año pasado, 44,5 millones de pasajeros utilizaron el tren de alta velocidad, el doble que en 2019.
Sin embargo, según el Instituto de Estudios Económicos, un centro de estudios de Madrid vinculado a la mayor asociación patronal de España, el gasto en mantenimiento por pasajero de tren de alta velocidad se redujo un 27,5 por ciento entre 2015 y 2024. Al momento del accidente, España se encontraba entre los países europeos que menos gastaban en el mantenimiento de su red ferroviaria.
Los pasajeros españoles habían comenzado a notar retrasos, y la puntualidad de las llegadas se redujo en casi 10 puntos, hasta situarse en aproximadamente el 86 por ciento en 2024, según el regulador de la competencia de España.
Los maquinistas advirtieron el año pasado sobre el deterioro de las vías en la ruta de alta velocidad hacia Sevilla, la línea donde ocurrieron los accidentes.
Más allá del tema del mantenimiento del tren de alta velocidad, los expertos en transporte han señalado que toda la estrategia de España de priorizar el tren de alta velocidad tiene poco sentido, ya que más del 80 por ciento de los viajes ferroviarios de pasajeros en España el año pasado se realizaron en líneas de corta distancia usadas para el desplazamiento de la casa al trabajo, que han sufrido años de descuido.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España, un organismo autónomo designado por el Estado, informó que entre 1990 y 2018, España invirtió 15 veces más en trenes de alta velocidad que en trenes para rutas cortas laborales, una tendencia que continuó bajo el mandato de Sánchez.
Pero el enfoque de Sánchez en el tren de alta velocidad no fue solo una prioridad del gobierno. Puente, el exministro de Transportes, señaló en ese momento que los políticos regionales de todo el país habían exigido el tren de alta velocidad, independientemente de su afiliación política.
“Analicen la historia de este país, los últimos 20, 30 años”, dijo. Sin trenes de alta velocidad, afirmó, “no eres nadie”.
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