
“Colombia tiene tierra para todo el mundo. Aquí no vamos a quitarle la tierra a nadie. Lo haremos contra quienes se la quitaron a los campesinos de forma ilegal y a través de la violencia”. Quien pronunció estas palabras fue Juan Manuel Santos Calderón durante una rueda de prensa en mayo de 2012, mientras corría su segundo año como presidente de la República. En medio de un sol abrazador en María La Baja (Bolivar), el primer mandatario anunció el inicio del programa de restitución de tierras desde un megapredio que es emblemático en los intentos de reforma agraria en Colombia: El Cucal, un terreno de 920 hectáreas que el Estado colombiano ha intentado adjudicar a campesinos sin tierra desde el gobierno de Carlos Lleras Retrepo durante los años 60.
Catorce años después de ese anuncio de Juan Manuel Santos, algunas de estas familias campesinas empezarán a recuperar las tierras que les fueron despojadas por los paramilitares de alias Juancho Dique, uno de los jefes del autodenominado Frente Héroes de los Montes de María. Un reciente fallo judicial del Tribunal Superior de Cartagena, conocido por El Espectador, ordenó devolver 14 hectáreas de El Cucal a una familia de tres campesinos que fueron desplazados forzadamente en 1997. Además de ser una decisión histórica para el movimiento campesino de la región, el documento de 82 páginas menciona a empresarios que se asentaron en la zona en los años siguientes a la violencia que perpetró el paramilitarismo contra la población civil.
En octubre de 2026, las tres magistradas de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal le ordenaron al empresario palmicultor Carlos Mario Peláez Dangond, quien fue directivo de Fedepalma, el gremio fundado en los años sesenta que representa, apoya y defiende a los productores de palma de aceite en Colombia, a entregar 14 hectáreas de ese lote. El fallo judicial señala que en el predio que estaba en disputa judicial, adquirido en 2008 por Peláez Dangond, opera un proyecto de ese cultivo relacionado con la empresa Oleoflores, una de las empresas de un exministro de Agricultura: Carlos Alberto Murgas Guerrero, quien es denominado el Zar Palmicultor, ya que controla cerca de 50.000 hectáreas de ese cultivo en Colombia.

Peláez Dangond actualmente es uno de los directivos de la Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica (Coolechera), la principal transformadora láctea de la región Caribe. Intentamos contactarnos con él a través de Fedepalma, quienes, desde el pasado 11 de noviembre, nos indicaron que él se iba a comunicar con El Espectador para entregar su posición sobre el fallo. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta suya. El fallo judicial deja constancia que Dangond no tuvo vínculos con los paramilitares, pero señala que no indagó sobre el pasado violento de esas 14 hectáreas. Sobre todo porque cuatro años antes de comprarlas, en 2004, Peláez Dangond ya había adquirido 31 hectáreas en ese mismo municipio, azotado por el paramilitarismo.
“De tal suerte que para esa época ya contaba con arraigo en ese municipio, hecho que bien puedo incidir en su conocimiento sobre las dinámicas del conflicto armado para la época. Es importante también para la Sala poner de presente que cuando se adquieren bienes en zonas afectadas por el conflicto armado, la prudencia y diligencia implican tomar precauciones adicionales, en la medida que esos bienes pudieron ser objeto de despojo o abandono, o su transferencia estuvo motivada por el desplazamiento forzado (…) Esta averiguación se tornaba necesaria en atención a que resulta ser un hecho notorio que la zona de los Montes de María, donde se encuentra ubicado el municipio de María La Baja, tuvo fuerte presencia de grupos armados”, señala el fallo judicial.
La historia de El Cucal

De acuerdo con el fallo judicial, El Cucal ha sido un predio que desde hace 60 años ha sido escenario de uno de los intentos de reforma agraria más notorios en los Montes de María. Desde entonces, con el apoyo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), 110 familias llegaron a la zona para cultivar alimentos y solicitar al Incora la adjudicación de tierras. El 30 de diciembre de 1991, el Instituto compró siete lotes que sumaban las 920 hectáreas de El Cucal a Rafael Vergara Támara, exsenador y exgobernador de Bolívar. Después de dos años de ocupación campesina para presionar la titulación, en 1993 fueron adjudicadas 62 parcelas de entre 14 y 16 hectáreas.
Una de esas tierras fue la parcela que hoy aparece en el fallo judicial del Tribunal Superior de Cartagena, la cual fue adjudicada a María* y a su esposo Joaquín*, quienes comenzaron a explotarla y recibieron créditos agropecuarios para desarrollar sus actividades. Pero cuatro años después, en agosto de 1997, la violencia paramilitar golpeó la zona: Joaquín fue asesinado junto con otras tres personas. Después de su muerte, su esposa e hijos recibieron amenazas para abandonar el terreno y terminaron desplazándose al casco urbano de María La Baja. La violencia también afectó a otras familias de la antigua hacienda. El Tribunal Superior de Cartagena documentó asesinatos de líderes campesinos y desplazamientos en El Cucal a raíz de la violencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Años después, en medio de las dificultades económicas y la imposibilidad de explotar la tierra con seguridad, María terminó negociando el predio. En 2004, firmó una promesa de compraventa por COP 35 millones con Jaime Orozco, quien es identificado por uno de los campesinos desplazados como un trabajador de Carlos Murgas. Posteriormente, en 2013, el terreno pasó a manos de Carlos Mario Peláez Dangond. El fallo judicial también recoge el contexto de violencia que sufrió en los años noventa y 2000 la subregión de los Montes de María, ubicada entre los entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Este amplio territorio es un corredor que comunica a buena parte del país con la región Caribe y algunos de sus principales puertos.
“Estas características, sumadas a la importante historia de lucha por la tierra adelantada por los movimientos campesinos, dieron como resultado un escenario de disputa donde diversos actores, legales e ilegales, que estas tierras proporcionaban. Más de medio centenar de masacres, miles de personas desaparecidas y desplazadas, pueblos arrasados, entre otros factores, hicieron de los Montes de María uno de los puntos de la geografía nacional con mayores impactos en el marco del conflicto armado”, concluye el fallo. Uno de los hechos más emblemáticos de la violencia en los Montes de María fue la masacre paramilitar de Mampuján y Las Brisas, en la que fueron asesinadas 12 personas entre 10 y el 11 de marzo de 2000 en esos dos corregimientos de María la Baja.
La defensa de Peláez Dangond
Carlos Mario Peláez Dangond sostuvo que adquirió el predio de buena fe, mediante una negociación libre de fraude, amenazas o coacción. Afirmó que llegó a El Cucal alrededor de 2008 por intermedio de Jaime Orozco, a quien describió como un amigo cercano, y que este le explicó que había negociado previamente con la familia de María. Dijo que visitó el terreno, revisó los cultivos de palma, la infraestructura y los documentos del proyecto productivo antes de concretar el negocio. Aseguró que no conoció personalmente a María sino hasta 2019 y que nunca indagó por las circunstancias de la muerte de su esposo. Aunque reconoció que sabía que María La Baja había atravesado años muy difíciles por la violencia, afirmó que no tuvo inconvenientes en la zona.
Los argumentos del Tribunal Superior de Cartagena
El Tribunal Superior de Cartagena concluyó que, aunque no encontró pruebas de que tuviera vínculos directos o indirectos con grupos armados ilegales o que hubiera participado en el desplazamiento de la familia de María, Peláez sí omitió realizar averiguaciones básicas sobre el pasado del predio. Para la Sala, Peláez debió indagar sobre la violencia que había golpeado a María La Baja, preguntar a Jaime Orozco por los antecedentes de la negociación y esclarecer las circunstancias del asesinato de Joaquín. El Tribunal también cuestionó que la revisión jurídica de la compraventa se hubiera limitado a verificar la legalidad formal de los documentos, sin examinar las condiciones en que los anteriores propietarios se desprendieron de su tierra.
Así las cosas, el tribunal amparó el derecho a la restitución a María y sus hijos sobre el predio, pero no ordenó la devolución física del terreno a la familia. En su lugar, ordenó que el Fondo de Restitución de Tierras les pague una compensación equivalente al avalúo comercial del inmueble, que deberá realizarse en un plazo de 30 días y cuyo pago tendrá que efectuarse en un máximo de tres meses. Además, el proyecto productivo de palma africana que funciona en el predio quedará en manos de la Unidad de Restitución de Tierras, que podrá explotarlo y destinar sus ganancias a programas de reparación colectiva para las víctimas vecinas del terreno.
La historia de El Cucal resume una de las grandes paradojas de la restitución de tierras en Colombia: parcelas que nacieron de una apuesta por la reforma agraria terminaron atravesadas por la violencia que expulsó a sus primeros propietarios y abrió el camino el camino a la siembra de cultivos a gran escala. Ahora, casi tres décadas después del asesinato de Joaquín y del desplazamiento de su familia, la justicia reconoció que la pérdida de esas 14 hectáreas estuvo ligada a la ola criminal que ejecutaron los paramilitares de alias Juancho Dique en los Montes de María.
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