Colombia es un país fiscalmente desafiante. En nuestra jurisdicción se han gestado varios factores que dificultan el recaudo, la gestión efectiva de los recursos, la relación de los ciudadanos con la administración tributaria y la vigilancia, control y fiscalización sobre el destino de dichas contribuciones. A estas circunstancias se suma un aspecto especialmente inquietante: la abundante y confusa batería de gravámenes y tributos que pagamos.
Recientemente, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, indicó que la raíz de los males fiscales de Colombia son los 18 impuestos nacionales. Se tienen muchos impuestos y pocos recaudos. Esta apreciación no es descabellada, sino tímida frente a la gravedad del asunto. Quizá por el contexto de la pregunta, el ministro dejó de considerar el universo de tributos territoriales y otro tipo de gravámenes que pagamos los colombianos, por lo que el escenario es aún más desafortunado. A continuación, explicaremos qué tantos impuestos existen en el país y qué tan eficientes son en términos de recaudo.
En Colombia existen dos formas de poder tributario: la del Congreso de la República y la de las entidades territoriales (departamentos y municipios), aclarando que sólo el primero puede crear tributos, mientras que los territorios pueden adoptar los gravámenes autorizados por el Congreso. Así las cosas, existen tributos nacionales y territoriales. Ahora bien, los tributos a su vez pueden ser impuestos, tasas y contribuciones especiales (junto con otros gravámenes de difícil clasificación), pero en esta oportunidad solo hablaremos de los impuestos.
A nivel nacional, la DIAN administra más de 18 impuestos, por lo que la cifra del ministro se queda corta. Gómez seguramente consideró el impuesto sobre la renta, incluidas las ganancias ocasionales, el IVA, el impuesto al patrimonio, el impuesto SIMPLE, el GMF y el impuesto nacional al consumo.
Sin embargo, la DIAN realmente administra otro tipo de impuestos que incrementarían el conteo inicial, como la estampilla pro-Universidad Nacional y la Contribución Especial de Obra Pública. Cada uno de estos cuenta con reglas diferentes de causación, base impositiva, tarifas y sujeción pasiva. Un verdadero reto para los contribuyentes que quieran evitar sanciones.
Adicionalmente, existen otras obligaciones fiscales nacionales y parafiscales que son administradas por otras entidades, como el impuesto de salida, que quién sabe por qué es administrado por el ICBF, la contribución especial al turismo, contribuciones a superintendencias, entre otros, y que deben ser pagadas por los colombianos dependiendo de su actividad económica.
Ahora bien, a nivel territorial, existen muchísimos más impuestos, y cada uno de estos, multiplicado por el número de municipios y departamentos en el que desarrolla actividades el respectivo contribuyente. Por ende, en Colombia, así como hay 1.103 municipios y 32 departamentos, hay un estatuto tributario para cada jurisdicción territorial. En cada municipio y departamento existen aproximadamente entre 15 y 10 impuestos adicionales respectivamente: por ejemplo predial, vehículos, alumbrado público, industria y comercio y avisos y tableros, publicidad exterior, registro, entre otros.
Por otra parte, cada contribuyente debe cumplir más de una decena de obligaciones formales a nivel nacional, junto con lo propio a nivel departamental y municipal, es decir registros tributarios, presentación de declaraciones por cada tributo, reporte de información tributaria, entre otros.
En suma, el infierno fiscal de obligaciones tanto impositivas como formales no sólo incumple el objetivo de recaudar lo suficiente —como ya lo veremos— sino que complejiza a tal nivel el sistema tributario que las empresas y personas naturales necesitan de expertos para evitar sanciones (que por lo demás muchas ni siquiera tienen un tope), se incentivan la informalidad y la evasión fiscal.
Ahora, ¿este sistema tan complejo realmente es eficiente? En absoluto. Sufrimos de un recaudo comparativamente menor a otros países de la región. De acuerdo con la OCDE, para 2024 Colombia recaudó el equivalente al 19,9 % del PIB, frente al 21,7 % de América Latina y al 22,9 % de América del Sur; por su parte, el promedio de la OCDE fue el 34,1 % del PIB. Esto significa que los instrumentos fiscales de nuestro país son ineficientes, y que, correlativamente, el número de personas que tributan y su aporte son menores.
Sobre esto último, a pesar de que la OCDE ha recomendado que gravámenes como el impuesto sobre la renta se dirijan particularmente a las personas naturales, nuestro país recauda en cabeza de las sociedades mucho más, aproximadamente el 5,4 % del PIB, frente al 3,8 % de otros países de la OCDE.
A nivel de personas naturales, nuestro panorama es bastante precario. En Colombia hay 54 millones de personas. No obstante, según el DANE, entre enero y octubre de 2025 solo cerca de 23 millones de ocupados reportaron ingresos laborales en Colombia. De ellos, 19,9 millones recibían hasta dos salarios mínimos mensuales en su actividad principal. Una cifra preocupante considerando la capacidad contributiva de la población. A su vez, en ese mismo año, la DIAN estimó que alrededor de 7 millones de personas naturales estaban obligadas a declarar renta, lo cual no significa que necesariamente deban pagar el impuesto, pues se consideran otros factores como los movimientos bancarios y el patrimonio. Según cifras del DANE, para la gran mayoría de los ocupados, el ingreso mensual de su actividad principal quedaba lejos del umbral para declarar.
Por otra parte, ¿cómo es la gestión de fiscalización y cobro de la DIAN? En la actualidad, se estima que la cartera de la administración tributaria supera los COP 70 billones. Sí, COP 70 billones. No en vano, en las últimas reformas tributarias se han introducido alivios y reducciones para facilitar el recaudo. Entonces, ¿de qué sirven tantas sanciones si no hay quién realmente las pague?
El panorama explicado demuestra que somos un país de poca capacidad contributiva y de un Estado con evidentes limitaciones para fiscalizar y recaudar. En síntesis, sí, la estructura impositiva que tenemos es inoperante y profundamente costosa para los contribuyentes (ya sea por su costo administrativo o por las sanciones e intereses en los que muchas veces éstos tienen que incurrir) y para el Estado, que ni siquiera cumple el objetivo de recaudar lo necesario y cobrar lo debido.
Ante esto, poco se escucha de propuestas claras sobre la simplificación del sistema. Por el contrario, seguimos complicando nuestro entorno normativo con nuevos regímenes, nuevas tarifas diferenciadas, nuevos impuestos, un procedimiento tributario anticuado, un régimen sancionatorio confiscatorio y entidades territoriales que abusan de su poder de fiscalización.
De igual manera, algunos persisten en la intención de crear beneficios tributarios, o mantener los existentes, a pesar de que estos representan un hueco para las finanzas públicas y poco se sabe sobre el cumplimiento de sus objetivos.
Superada la crisis que atravesamos, el Gobierno debería considerar la expedición de un nuevo estatuto tributario y la reforma tributaria territorial tan aplazada; ambos con una visión a largo plazo que otorgue seguridad jurídica e incentive el desarrollo económico y la equidad.
*Profesor de la Universidad del Rosario y miembro de la Red de Trabajo Fiscal.