Apenas comenzaba el viernes la audiencia pública de acusación en contra de David Murcia Guzmán, cuando el juez cuarto especializado de Bogotá, José Reyes Rodríguez, anunció que los dos ex socios en DMG de Murcia, Margarita Pabón y Daniel Ángel, aceptaron un preacuerdo con la Fiscalía, a través del cual reconocen su culpabilidad por el delito de lavado de activos.
Es decir, que Murcia se quedaba solo en la defensa de su causa y que Ángel y Pabón recibirán rebajas por cerca de las tres quintas partes de la pena que les sea impuesta. Y aunque en la diligencia, que fue suspendida en una oportunidad, finalmente quedó aplazada para el próximo 13 de enero, la Fiscalía dio a conocer los fundamentos con base en los cuales sustentará los cargos de lavado de activos y la captación ilegal y masiva de dineros del público en contra de Murcia.
En primer termino, el ente acusador, a través de su representante en el juicio, la fiscal Luz Ángela Bahamón, afirmó que con base en las labores investigativas que se han efectuado hasta el momento, se determinó que las operaciones de lavado de activos lideradas y controladas por David Murcia podrían haber llegado a los $245.836’588.378. Sin embargo, fue más allá y sostuvo que con base en los registros realizados por entidades como la Dirección Nacional de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian) a Transval Ltda. y a DMG Grupo Holding se determinó que recibieron dineros en el año 2008 por mas de un billón de pesos.
Y para la Fiscalía esos movimientos de capital son inexplicables con tan sólo tres años de funcionamiento de la empresa, que nació en 2005 con un capital de $100’.000.000. Sus principales socios, que eran Murcia, su esposa Joanne Ivette León y su madre Amparo Guzmán de Murcia, no tenían la capacidad económica para hacer ese aporte inicial y las millonarias inyecciones de capital que continuaron efectuando en los meses siguientes. Para diciembre del año siguiente la firma ya había captado $13.482 millones aproximadamente de parte de 8.400 personas.
El ente acusador recalcó que de la reconstrucción patrimonial efectuada al Grupo DMG S. A. se infiere que en sus inicios recibió aportes de capital ilícito, “porque no de otra forma pueden explicarse las inconsistencias contables detectadas”, y la ausencia de relación de sus socios con los lugares de donde provenían los recursos, que para la Fiscalía son zonas de marcada influencia de organizaciones narcotraficantes como Puerto Asís, Mocoa, Orito y La Hormiga, en Putumayo, o Montelíbano y Montería, en Córdoba. Agrega que aunque DMG comercializaba bienes y servicios a través de la expedición de tarjetas prepago, su función principal era la de captar dineros. Por eso lo que se buscaba era una justificación jurídica y un encubrimiento de la actividad financiera principal. “Para el año 2006, de un total de ingresos por ventas de tarjetas prepago por $15.603 millones solamente se entregaron bienes como contraprestación por $2.121 millones equivalentes al 13,6% del total de dineros recibidos por ventas de tarjetas prepago”, señaló la Fiscalía.
En el primer trimestre del año siguiente la tendencia se mantuvo, porque sumados los ingresos por ventas de tarjetas prepago de ese período más lo que había ingresado en 2006, la cifra llegó a $21.744 millones y la entrega de mercancías ascendió a $3.139 millones, lo que representa únicamente el 14,7% del total de dineros recibidos.
Estos hechos sumados a que la empresa desde la fecha de su creación hasta diciembre de 2005 no generaba ingresos operacionales, mientras recibió un capital de $2.696’230.029 de préstamos de David Murcia, su esposa y su madre; que la Dian y la Superintendencia Financiera encontraron dobles contabilidades que Murcia trató de ocultar como quedó en evidencia en varias interceptaciones telefónicas que obtuvieron las autoridades; que el ingreso de dineros para capitalización que eran retirados en sumas similares el mismo día o que la creación de empresas en Colombia, Panamá, Estados Unidos o México dan cuenta de una compleja y bien estructurada operación de lavado de activos.
Entre tanto, Dagoberto Charry, abogado de David Murcia, pidió que el escrito de acusación contra su cliente sea declarado nulo, debido a que se introdujeron elementos nuevos que no aparecieron en la acusación inicial y aseguró que se está vulnerando el derecho de las víctimas debido a que los bienes incautados no han sido allegados al proceso, sino que fueron entregados a la interventora María Mercerdes Perry para que se realice su devolución.
Nuevo comunicado
En medio del apoyo de centenares de personas que se agolparon al frente de los juzgados especializados de Bogotá, David Murcia emitió un nuevo comunicado en el que insistió a los tarjetahabientes que invirtieron en su empresa que los bienes y los dineros incautados a DMG deben ser entregados a una sociedad en la que los inversionistas, proveedores y empleados sean los accionistas dependiendo del dinero que hayan invertido. Aseguró que las empresas deben ser reabiertas para que vuelvan a producir.