El rituximab es un fármaco que se obtiene a través de ingeniería genética y que sirve para el tratamiento de tumores como el linfoma no-Hodgkin y en algunos casos para el control de la artritis reumatoidea. El precio promedio en el mercado por dosis ronda los $5 millones; sin embargo, algunas EPS han pasado cuentas de recobro al Fosyga por más de $12 millones.
Entre las muchas razones que llevaron al Gobierno a declarar la Emergencia Social y a expedir una serie de decretos para equilibrar las finanzas del sistema de salud estuvo el descubrir los abusos que se vienen produciendo por recobro de medicamentos y dispositivos médicos. El viceministro técnico, Carlos Jorge Rodríguez Restrepo, reconoce que el Estado está perdiendo unos $400 mil millones por posibles fraudes en los recobros.
No es un asunto de poca monta. Como lo explicaban el miércoles en las páginas de este periódico Fernando Ruiz y Enrique Peñaloza Quintero, “una situación de esta naturaleza amenaza de manera evidente las finanzas del sistema”. Según los expertos, con el paso de los años se impuso un modelo “donde todos buscan ganancias a partir del dinero del sistema”. El caso de los medicamentos es apenas uno de tantos ejemplos.
En las auditorías realizadas por el Gobierno se han detectado precios inflados desde 40 a 700% con respecto al valor comercial promedio. Casos como el del medicamento kaletra, para el tratamiento del sida, también demuestran la falta de control. Mientras en los países vecinos, como Venezuela y Ecuador, la casa farmacéutica lo comercializa a US$1.500, aquí el precio se duplicó alcanzando los US$3.500. Uno de los 10 decretos expedidos por el Gobierno, el 126, le da facultades a la Superintendencia Nacional de Salud para vigilar los abusos y, además, modifica la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. La información comercial de las empresas de ahora en adelante podrá ser conocida por el Ministerio de Comercio con el fin de mantener el control de los precios.
Aunque hoy ya existían multas para castigar a los que abusan en el recobro de medicamentos, según el viceministro esa multa era tan baja que las empresas las incluían como parte de sus gastos. Con las nuevas medidas se pretende elevar la multa de 300 a 5.000 salarios mínimos.
De acuerdo con el viceministro Rodríguez, uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema son las cadenas de intermediarios que van inflando los precios. Un medicamento que sale de la casa farmacéutica, por lo general, pasa por manos de un mayorista, un distribuidor, farmacias y una EPS antes de llegar a las manos de los usuarios. Lo insólito en muchos casos es que toda la cadena pertenece a una misma empresa y la cuenta finalmente la paga el Estado.
El Ministerio de la Protección Social confía en que las medidas tomadas le permitan un ahorro cercano a los $400 mil millones.