23 Feb 2009 - 4:27 a. m.

¿Acabarlo o reformarlo?

Oposición insiste en que el presidente Álvaro Uribe es quien debe asumir la responsabilidad política de los hechos.

Redacción Política

Mientras en la Casa de Nariño, según fuentes consultadas por El Espectador, se plantea enviar un mensaje “contundente” al país que desligue cualquier vínculo de las irregularidades en el DAS con la Presidencia de la República, en el escenario político nacional comenzaba a crecer la polémica por las responsabilidades en torno a las nuevas ‘chuzadas’ a dirigentes de oposición, periodistas y magistrados de la Corte Suprema y se ponía sobre la mesa el debate sobre acabar o no con la entidad.

Ya en mayo de 2007, ante un escándalo parecido al de hoy de interceptaciones telefónicas ilegales, el mismo presidente Uribe había advertido que se tenía que “acabar con ese vicio de creer que la libertad es para que el funcionario abuse y constriña la libertad del ciudadano”, e incluso había insinuado la posibilidad de cerrar el DAS.

Para el ex director de dicho organismo, columnista de este diario y uno de los ‘chuzados’, Ramiro Bejarano, esa sería una salida “barata” para el Gobierno, teniendo en cuenta que él mismo ayudó a “prostituirlo”. “Si el Gobierno cierra el DAS, queda como un héroe. El DAS no se puede acabar porque es la única inteligencia civil y para una democracia no sería bueno que solo los militares hagan inteligencia”, aclaró Bejarano.

En lo que tiene que ver con la dirigencia política, las opiniones están divididas. Mientras para el senador del Polo Democrático Jaime Dussán, se debe acabar con la entidad porque “se volvió la policía política del Presidente”, para la senadora liberal Cecilia López, antes que cerrarla hay es que reformarla. Eso sí, el criterio general en los movimientos de oposición es que el presidente Uribe debe asumir la responsabilidad política de este nuevo escándalo, ya que se trata de un departamento administrativo que depende directamente de él.

“El Gobierno tiene que explicarle al país por qué está persiguiendo a la prensa, a la justicia y a la oposición. Y el Presidente tiene que salir a dar la cara porque el DAS se convirtió en un organismo corrupto funcional a un gobierno policivo y sus problemas comenzaron desde el primer día de su mandato, cuando nombró a Jorge Noguera en la dirección, una persona que tenía vínculos con grupos paramilitares”, señaló la senadora López.

El actual precandidato liberal a la Presidencia y ex ministro de Defensa, Rafael Pardo, quien también aparece en la lista de interceptados, piensa que el DAS no es una rueda suelta y es claro que toda la responsabilidad recae en el alto Gobierno, “que es al que le interesa saber lo que hace la oposición”. A su vez, el presidente del Polo, Carlos Gaviria –otros de los afectados–, cree que el organismo no se debe acabar, pero sí hay que implantar unos criterios de selección confiables para incorporar el personal.

Gaviria pone el dedo en la llaga sobre lo que tiene que ver con las responsabilidades, y aunque no señala directamente al jefe del Estado, sí habla de “instancias superiores”: “Esas personas, cuya investigación le va a competer a la Fiscalía, no están obrando por su cuenta. Es imposible que obren sin órdenes superiores y lo que puede pasar es que se estén evadiendo responsabilidades políticas desde la cúpula. No es razonable que agentes esporádicos decidan semejantes cosas”, indicó.

A la ofensiva política de la oposición no se hizo esperar la respuesta del Gobierno. El ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio habló de una “mafia” en el interior del DAS que “no sólo busca atentar contra la seguridad del Estado sino que se dedicó a interceptar teléfonos hasta del propio Presidente”. Pero el ministro de Defensa Juan Manuel Santos enfatizó que decir que ya que lo de las ‘chuzadas’ es una política del Gobierno, es “querer aprovecharse de la situación con fines oportunistas y claramente políticos”.

Por su parte, la también ex mindefensa, precandidata y senadora del Partido de la U, Marta Lucía Ramírez, conceptuó que los actos reiterados de interceptaciones ilegales muestran que el DAS está “fuera de control”, por lo que se debe dar apoyo al Presidente para que tome decisiones drásticas. “Si hay que acabarlo, que se acabe”, subrayó, advirtiendo que más allá de esa grave situación, en el fondo lo que ello implica es una pérdida de credibilidad en las instituciones y en la política de seguridad democrática.

Queda claro que en un escenario político como el que vive hoy Colombia —con la antesala de una campaña electoral que se avizora candente—, este nuevo escándalo alrededor del DAS buscará ser capitalizado a su favor por la oposición y que el Gobierno deberá pensar más allá de dichos efectos políticos porque lo que está en juego es su credibilidad y transparencia.

Comparte: